El pasado 11 de marzo se llevó a cabo, en la sede del Poder Judicial de la Federación, el foro “Visión global al delito de trata de personas”, organizado por la Asociación de Jueces y Magistrados Federales y por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho (ANDD).
La mesa de discusión fue moderada por el magistrado Fernando Rangel y estuvo integrada por el Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales (Vaticano), Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo; Grégoire Théry, director de la fundación francesa Coalición Internacional para la Abolición de la Prostitución (CAP); la presidenta de la Comisión Unidos vs la Trata, Rosi Orozco; el magistrado Humberto Román; y el presidente de la ANDD, Dr. Elías Huerta Psihas.
Para iniciar la mesa de discusión, Huerta Psihas aseguró que la trata de personas es un flagelo que debe ser combatido y erradicado, con una política prioritaria en la materia del Estado mexicano.
También reconoció la voluntad del Papa Francisco para reunir a jueces y juezas de todo el mundo para sensibilizarlos en el tema y avanzar en políticas que favorezcan en la prevención y combate de este delito que representa la forma moderna de esclavitud; así como las buenas prácticas a nivel mundial que se pueden reproducir en otros países y garantizar justicia y atención para las víctimas en su reincorporación a la vida social y seguridad a la población.
“La trata de personas es un flagelo que debe ser combatido y erradicado, con una política prioritaria en la materia del Estado mexicano:” Elías Huerta Psihas.
Durante la Cumbre de Jueces sobre Trata de Personas y Crimen Organizado, organizada por el Vaticano en 2016, a la que asistieron más de 200 especialistas de 50 países para establecer un compromiso de colaboración global para prevenir y combatir este delito, encabezado por el Papa Francisco, se firmó La Declaración de la Cumbre, con los siguientes diez compromisos:
- Promover en cada estado el incremento de los recursos y de la colaboración judicial y policial nacional e internacional con el fin de aumentar las bajas tasas actuales de procesos y de condenas para los crímenes con el fortalecimiento de los organismos supranacionales de la lucha contra los traficantes y de la tutela de los Derechos Humanos.
- Habiendo sido aprobados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y ratificado el Protocolo de Palermo del año 2000 contra la trata de personas, todas las naciones tienen que reconocer la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzoso y la prostitución como crímenes de la humanidad con penas proporcionadas.
- Los bienes incautados a traficantes y criminales ya condenados deben ser utilizados para la rehabilitación y compensación de las víctimas, y para la reparación de la sociedad. El delito de lavado de dinero debe ser intensamente perseguido, porque consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales.
- Abogar para proporcionar un apoyo adecuado a las víctimas que incluya la asistencia civil y legal, una protección segura de los testigos, la asistencia médica y el sostén a las personas por parte de las agencias de servicios sociales, especialmente en el caso de las víctimas indocumentadas. Favorecer la colaboración con la justicia de las víctimas como testigos, también a través de la protección segura y profesional de los mismos con programas de protección organizados a nivel internacional.
- En el caso de víctimas indocumentadas, emanar autorizaciones de residencia temporal en el país de destino para los que deseen permanecer en éste, independientemente de su situación legal. Garantizar el acceso efectivo a los tribunales pertinentes, a la asistencia jurídica gratuita, y el acompañamiento hasta la reinserción laboral efectiva.
- Alentar esfuerzos concertados para reducir las prórrogas al acceso a la asistencia legal por parte de las víctimas reconocidas de esclavitud moderna.
- El tráfico de órganos, definido y condenado por la Declaración de Estambul (2008), debe ser reconocido como delito en todos los países y perseguido eficazmente por la justicia en los ámbitos nacionales e internacionales. Asimismo, junto con ser ilegal tal actividad, debe ser también reconocida como típica de las organizaciones criminales internacionales.
- La sanción de los clientes de servicios sexuales debe constituir parte integral de la legislación para una eficaz lucha contra la esclavitud y la trata, al igual que quien emplea a sabiendas trabajo forzado.
- Las víctimas de trata no deben confundirse con los inmigrantes irregulares, ni con las personas objeto de tráfico.
- La repatriación de los extranjeros no documentados nunca debe ser una respuesta sin el acuerdo de las víctimas a fin de evitar el riesgo de las recaídas y de las actividades ilegales y deshumanas.
No debemos olvidar, enfatizó el Dr. Huerta, que después del narcotráfico y el tráfico de armas, la trata de personas es el ilícito que más ganancias deja, según el departamento de Estado de EE. UU., de aproximadamente 150 mil millones de dólares al año y que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo.
Durante su intervención, el Obispo Marcelo Sánchez Sorondo afirmó que la prostitución es un acto violento y afecta a las poblaciones más vulnerables en el mundo, la penalización a los consumidores es clave para terminar con las redes de trata de personas, consideran el Vaticano y asociaciones civiles. Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo enfatizó que la trata de personas es la nueva forma de esclavitud y son crímenes de lesa humanidad, por lo que se debe combatir con políticas enfocadas al consumo y a la atención a las víctimas.
“Mientras se sigan viendo a las mujeres como objeto y su cuerpo se comercialice, se normaliza esta violencia a nivel mundial. Se trata de poner ene l centro a la víctima y eso debe favorecer a una nueva ley que por primera vez penalice a los consumidores para acabar con la esclavitud de estas personas”, puntualizó Monseñor Sánchez Sorondo.
“Me parece importante que México, que se ha significado en Latinoamérica por ser un país de avanzada en los temas de prevención y combate a la trata de personas y que tiene una ley modelo en la región, debería promulgar una ley que sancione a consumidores de prostitución, siguiendo el ejemplo de Francia y de los países del norte de Europa que ya la tienen y que ha sido fundamental para combatir este flagelo y disminuir visiblemente los índices de violencia en esta materia”, expresó Sánchez Sorondo.
“La trata de personas es la nueva forma de esclavitud y son crímenes de lesa humanidad, por lo que se debe combatir con políticas enfocadas al consumo y a la atención a las víctimas”: Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo.
En el mismo sentido se pronunció Grégoire Théry, cuya fundación provee asistencia a víctimas de prostitución en 28 países, es promotor de la Ley de Abolición de la Prostitución, en la que se reconoce a ese acto como un obstáculo a la igualdad y sanciona la comercialización del cuerpo humano.
“Castigando al consumidor se acaba la compra de sexo y así se acaba con la trata de seres humanos”. Théry enfatiza que la prostitución es un acto de violencia y afecta a las poblaciones más vulnerables, entre ellos indígenas, mujeres, niños y niñas. El asesor en materia de equidad explicó que las personas que se prostituyen sufren de violencia verbal, física y psicológica que afecta gravemente su desarrollo humano, incluso una vez que deja de prostituirse.
Esa violencia provoca que el 12% de personas víctimas de ese delito se suiciden. Las personas que logran salir de esa situación sufren discriminación. Théry diferenció la prohibición de la abolición, pues la segunda no criminaliza a las personas que ejercen la prostitución sino al consumidor y a los que comercializan el cuerpo de mujeres, niños, niñas, hombres e incluso personas de la tercera edad.
Por su parte, Rosi Orozco detalló que en México sólo siete estados de la República tienen refugios para víctimas de este delito, aunque la ley para combatir la trata establece que cada entidad debe tener uno. Informó que los estados que cuentan con refugios son los que más sentencias a favor de las víctimas logran y destacó que las víctimas deben tener acompañamiento psicológico y legal para poder reintegrarse a la sociedad, obtener justicia y reparación del daño.
“La prostitución es un acto de violencia y afecta a las poblaciones más vulnerables, entre ellos indígenas, mujeres, niños y niñas”: Grégoire Théry.
Para ahondar un poco en el tema legal, el magistrado Humberto Román reconoció que sí hay fallas en el proceso de judicialización en los casos de trata de personas. “Si no se llega a un buen resultado es porque el ministerio público no hace una investigación eficaz que permita a un juez emitir una sentencia a favor de la víctima”, otro factor que afecta las resoluciones, lamentó, son las creencias personales. En el caso de México citó el ejemplo en el que se quiso prohibir la prostitución y aumentaron los delitos sexuales, por lo que se debe crear una política integral, señaló.
