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¿Para qué Sirve la justicia Constitucional Federal?

En la Opinión de

Qué todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el acto del arbitrario”’; es la célebre frase acuñada por José María Morelos y Pavón, que se encuentra cincelada en placas de hierro colocadas en todos y cada uno de los recintos del Poder Judicial de la Federación.

Detengámonos un momento para reflexionar en el significado de dicha frase, para a partir de ella entender quiénes son los juzgadores constitucionales y para qué sirven. Para comenzar, preguntémonos: qué pasaría si un día cualquier persona se encontrara herida, sin asistencia médica, sin posibilidad de tener agua en su casa o de estudiar, sin poder ver a sus hijos o que éstos no reciban alimentos. O que alguien (cualquier autoridad pública o un particular en el ejercicio de facultades públicas) decida quitarle su patrimonio, sus ahorros de toda una vida; o más extremo, decida privarla de su libertad o incluso esté desaparecida, y que ninguna autoridad del Estado lo auxilie y quede sola a su suerte.

“Los juzgadores federales son los vigilantes de guardar el orden jurídico nacional, lo que significa que todas las autoridades del país en el ámbito de sus respectivas competencias deben respetar los derechos aludidos en todos sus espectros.”

Quizás esa persona no sabe distinguir el ámbito de competencia de cada autoridad del Estado; quizás, en los lugares más recónditos de nuestro país se puede confundir la naturaleza de las autoridades que ejercen facultades de facto; quizás también dicha persona desconoce que cuando la detienen o la separan de sus familiares sea por decisión de un juez civil, penal o incluso un juez administrativo; quizás también imaginemos que por voluntad de un solo partido político no se dé oportunidad a otros iguales de expresarse y se legisla una norma tributaria contraria a los parámetros constitucionales; o solo quizás pensemos que esa persona acude ante la autoridad ministerial como encargada de investigar los delitos a denunciar un hecho ilícito cometido en su agravio o de un tercero, y lejos de recibir ayuda, simplemente queda en silencio.

En todos esos escenarios y muchos más que suceden en la vida jurídica nacional, esa persona igual y no sabrá de leyes, ni de denominaciones de autoridades, ni de órdenes de gobierno, ni de ámbitos de competencia; lo importante, lo que sí sabrá es una cosa: que hay un juzgador constitucional a quien puede pedir el amparo y protección de la justicia federal.

Es ahí donde se develan los juzgadores federales, no sólo por ser los depositarios de la más alta encomienda conferida que es materializar y dar contenido a los derechos humanos previstos en la Carta Magna y tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, sino sobre todo, porque en ese ejercicio son los vigilantes de guardar el orden jurídico nacional, lo que significa que todas las autoridades del país en el ámbito de sus respectivas competencias deben respetar los derechos aludidos en todos sus espectros.

Luego, tales juzgadores, los de amparo, se convierten en garantes de la Constitución, no sólo comenzando por el alto tribunal del país que lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación como prístino ente de defensa, sino terminando con el resto de los que conforman la justicia federal, en donde el desempeño de tales actividades jurisdiccionales diarias trae consigo la dura tarea de constituirse en un contrapeso de los otros dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), ya que precisamente la encomienda de la función constitucional exige hacer guardar la carta fundamental al entenderse ésta en su forma más básica como la expresión más pura de la voluntad del pueblo para gobernarse de acuerdo a su contenido.

De donde se sigue que no es, como se ha sugerido, un poder estadual detractor ni opositor de los restantes, por el contrario, es, como la propia doctrina constitucional lo delinea  dentro de la teoría de los checks and balances como aquél que busca guardar el equilibrio o la colaboración con los otros dos Poderes existentes sin que ninguno sostenga una “excesiva primacía” sobre los otros, a través de la defensa de la Constitución y sus postulados, pues al contener ésta la forma de Estado y de gobierno del país, el diseño de competencias de las autoridades que lo conforman, así como el reconocimiento  de los más elementales derechos humanos de sus destinatarios, es que corresponde a dicho Poder del Estado el velar porque el actuar de cada uno de sus pares se ciña a lo permitido en aquélla sin intromisiones entre sí.

“El Poder Judicial busca guardar el equilibrio o la colaboración con los otros dos Poderes existentes sin que ninguno sostenga una ‘excesiva primacía’ sobre los otros, a través de la defensa de la Constitución y sus postulados.”

Para lograrlo, al Poder Judicial Federal, le fue conferido por la propia Constitución Federal —y no así como una ocurrencia de un puñado de juzgadores—, en los artículos 41, 49 y 94, los cuales en su interpretación conjunta contemplan lo que se conoce con el principio denominado de “independencia judicial”, cuyo contenido al derivar del dicho documento político concentrador de la voz única del pueblo, no es otra cosa más que una de las tantas cláusulas pétreas que edifican lo que suele identificarse a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, como reputa ser el mexicano. 

En donde la independencia judicial federal, sin ahondar en lecciones teórico-jurídicas, se erige como una de las más altas garantías de los Estados  modernos, como el derecho humano de contar con un tribunal constitucional federal capaz de ser ajeno a toda influencia interna y externa donde los ciudadanos —los gobernados de este país—, puedan alzar la voz e inconformarse contra la actuación positiva o negativa de todas las autoridades públicas y las potenciadas que ejerzan facultades como tales, capaz para deliberar si las mismas se han ceñido o no al orden constitucional, es decir, si su actuación ha sido o no transgresora de los derechos humanos en todas sus vertientes.

Dicha garantía constitucional no puede entenderse materializada —como suele tildarse— de ninguna manera en la existencia de un órgano de élite clasista sin profesionalización alguna, por el contrario, se concretiza en un ente del Estado conformado por juzgadores federales y demás servidores públicos especializados en derecho constitucional que defienden la prevalencia de la carta primaria en todo el país, imparciales, ajenos a toda influencia interna y externa, que les preceden años de preparación, estudio, capacitación y experiencia en la carrera judicial.

En esa medida, la existencia de los juzgadores constitucionales federales, así como de la función constitucional que desempeñan, obtiene su origen como forma de legitimación para el ejercicio de dicha encomienda del propio texto de la ley primaria del país, de tomar en cuenta que es la propia Constitución Federal la que prevé su existencia y el sistema de su selección en el encargo no sólo desde quienes conforman el alto tribunal de justicia de la nación, sino también de los restantes juzgadores constitucionales federales depositarios de la noble encomienda de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los gobernados previstos en aquélla y en los convenios internacionales sancionados por el Estado mexicano. Por lo que, si se considera a ésta como producto de la voluntad del pueblo mexicano quien para su propia gobernanza previó la existencia de los juzgadores constitucionales como sus primigenios guardianes, es inconcuso que su función legitimadora deviene de su propio diseño establecido a rango constitucional, y no así de procesos de selección en ella no previstos como lo sería mediante elección popular, pues recordando las palabras del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán: “el día que la actual Constitución cambie y diga otras cosas haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están”.

“El día que la actual Constitución cambie y diga otras cosas haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están”: Mgdo.Alberto Pérez Dayán.

Así pues, sin la existencia de un Poder Judicial Federal del calibre explicado, independiente y autónomo en sus decisiones, que no son otras más que las de hacer cumplir la Constitución, no podemos pensar que en México nos encontraremos viviendo dentro de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que brinde certeza a los ciudadanos, pues habrá desaparecido el último reducto en la defensa de los derechos fundamentales, donde la única afectada resultará ser la sociedad en su conjunto tan lejana de contar con seguridad jurídica y tan cercana a vivir en una dictadura.

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