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La Sentencia del Caso Radilla Pacheco y el Principio Pro Persona

En la Opinión de

El principio pro persona es un concepto de gran relevancia en el ámbito de los derechos humanos. Se basa en la idea de que los derechos de las personas deben prevalecer sobre cualquier otra consideración, y su objetivo principal es garantizar la protección de los derechos humanos, maximizando la interpretación y aplicación de las normas cuyo contenido son estos derechos.

Origen y funcionamiento del principio pro persona

“El principio pro persona tiene como objetivo evitar interpretaciones restrictivas o limitativas de los derechos humanos, promoviendo una interpretación que favorezca en todo momento la protección más amplia de los derechos de las personas.”

El principio pro persona tiene sus raíces en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. Este principio establece que los derechos humanos deben interpretarse y aplicarse de manera amplia para brindar la máxima protección a las personas.

El principio pro persona funciona como una pauta hermenéutica o guía interpretativa, o bien, como un mecanismo para resolver antinomias o contradicciones normativas, ayudando a los jueces y tribunales al momento de aplicar las leyes y tomar decisiones judiciales. Su objetivo es evitar interpretaciones restrictivas o limitativas de los derechos humanos, promoviendo una interpretación que favorezca en todo momento la protección más amplia de los derechos de las personas. En ese sentido, se espera que los jueces adopten una postura proactiva en la defensa de los derechos humanos y busquen la forma más favorable para proteger los derechos en cada caso concreto.

El principio pro persona tiene como objetivo evitar interpretaciones restrictivas o limitativas de los derechos humanos, promoviendo una interpretación que favorezca en todo momento la protección más amplia de los derechos de las personas.

Aplicación del principio pro persona en México

En México, el principio pro persona está consagrado en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución, (a partir de la reforma constitucional de 2011), así como en tratados de derechos humanos ratificados por el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como máximo órgano judicial, tiene la responsabilidad de interpretar y aplicar este principio en sus decisiones, así como todos los demás jueces y autoridades en sus respectivos ámbitos de competencias. La aplicación del principio pro persona implica considerar los derechos humanos como un límite a la acción del Estado y como un criterio para resolver conflictos jurídicos.

La sentencia del caso Radilla Pacheco y su contexto

El caso Radilla Pacheco es un ejemplo destacado de la aplicación del principio pro persona en México. Rosendo Radilla Pacheco, un activista político y maestro rural, fue detenido y desaparecido en 1974 por elementos del Ejército mexicano en el estado de Guerrero. Durante años, su familia buscó justicia y verdad sobre su paradero, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la impunidad y las violaciones a los derechos humanos en México.

El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una histórica sentencia en el caso Radilla Pacheco. En esta sentencia, dicha Corte determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y estableció importantes precedentes en relación con la aplicación del principio pro persona. En primer lugar, la Corte señaló que los delitos de desaparición forzada y tortura son crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

“En 2009, la CoIDH emitió una histórica sentencia en el caso Radilla Pacheco en donde determinó la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y estableció importantes precedentes en relación con la aplicación del principio pro persona.”

Además, la sentencia reconoció el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación integral. Esto implicó la obligación del Estado de llevar a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y efectiva para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y proporcionar indemnizaciones adecuadas a las víctimas. La sentencia también estableció la obligación de implementar medidas de no repetición para prevenir futuras violaciones de esta naturaleza a los derechos humanos por parte del estado mexicano.

En su razonamiento, la CoIDH aplicó el principio pro persona al interpretar tratados de derechos humanos de manera amplia y favorable a las víctimas. Dicha instancia reconoció que el caso Radilla Pacheco se enmarcaba en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la llamada «guerra sucia» en México, y que era necesario adoptar una postura proactiva para garantizar la protección de los derechos de las víctimas y prevenir la impunidad.

La sentencia de la CoIDH en el caso Radilla Pacheco motivó a su vez la emisión de una nueva sentencia emitida por la instancia nacional, la SCJN, el 13 de julio de 2011, (apenas un mes después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el D.O.F. el 10 de junio de 2011), en el expediente varios 912/2010. A continuación, se presentan algunos datos y antecedentes relevantes del caso en relación con ambas instancias jurisdiccionales:

1. Instancia internacional: Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH):

  • El caso Radilla Pacheco fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001. La CIDH determinó en 2008 llevar el caso ante la CoIDH debido a la falta de avances en la investigación y la impunidad persistente en el ámbito nacional.
  • La CoIDH emitió una resolución de fondo en 2009, en el cual concluyó que el Estado mexicano era responsable de la desaparición forzada de Radilla Pacheco, así como de diversas violaciones a otros derechos humanos.
  • Posteriormente, la SCJN tomó en cuenta la sentencia de la CoIDH al emitir su propia sentencia en el caso.

2. Instancia nacional: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México:

  • El caso Radilla Pacheco fue llevado ante la SCJN como consecuencia de la Sentencia de la CoIDH que ordenaba el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y la responsabilidad del Estado mexicano en dichos actos.
    • La SCJN emitió una resolución, en la cual estableció importantes precedentes en relación con la interpretación y aplicación de los derechos humanos en México, y el uso del principio pro persona, siguiendo la línea de la resolución emitida por la CoIDH.
    • En su fallo, la SCJN determinó que los delitos de desaparición forzada y tortura son crímenes de lesa humanidad, y, por lo tanto, imprescriptibles.
    • La sentencia también estableció la obligación del Estado de investigar de manera efectiva, imparcial y exhaustiva los hechos, así como de proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas y sus familiares.

“Tomando en cuenta la sentencia de la CoIDH, la SCJN emitió una resolución donde determinó que los delitos de desaparición forzada y tortura son crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles.”

El caso Radilla Pacheco es un ejemplo destacado de la cooperación entre la SCJN y la CoIDH en la protección de los derechos humanos en México, y ha contribuido a fortalecer el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad en el país. Ambas instancias han reconocido la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco y han establecido precedentes relevantes en relación con la imprescriptibilidad de los delitos de desaparición forzada y tortura, así como los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Estos pronunciamientos judiciales han resaltado la importancia de aplicar el principio pro persona en la interpretación y aplicación de las leyes, con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las personas y prevenir futuras violaciones.

Aplicación del principio pro persona en la sentencia del caso Radilla Pacheco

La cuestión particular sobre la que versó la aplicación de este principio, tiene que ver con la excepción de incompetencia ratione temporis presentada por el Estado mexicano, debido a que la desaparición del Señor Rosendo Radilla Pacheco había ocurrido en 1974, es decir, con anterioridad a la fecha en que el Estado mexicano había firmado su instrumento de adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1981), razón por la cual no se podía instaurar un procedimiento contra el Estado mexicano por hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha.

La interpretación de las normas nacionales e internacionales, en forma amplia y más favorable a los intereses de los familiares del señor Radilla Pacheco, permitió considerar que el delito de desaparición forzada es un delito de carácter continuo y se sigue cometiendo durante todo el tiempo en que no se sepa nada de la persona desaparecida, razón por la cual el delito no prescribe, y no se agotó en 1974, sino que perdura a lo largo del tiempo, razón por la cual era posible seguir el procedimiento en contra del Estado mexicano.

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