Entrevista con el Dr. Ramón Cabrera León, Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.
De cara a la revisión y negociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es necesario profundizar en las complejidades del panorama comercial y legal que enfrenta México. En ese contexto, contamos con la perspectiva experta del Dr. Ramón Cabrera León, Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y socio director de la firma Spetsen, en una entrevista conducida por Jackie Huerta y Julio Guillén Bonifaz para Foro Jurídico.
El diálogo aborda la intersección crítica entre los acuerdos arancelarios, la seguridad nacional y la lucha contra la corrupción. Cabrera León desmenuza cómo el lavado de dinero y las nuevas designaciones de «terrorismo» por parte de Estados Unidos no son temas aislados, sino factores que ya están sentando las bases para las mesas de negociación. Aborda las repercusiones críticas que el nuevo enfoque de seguridad nacional de los Estados Unidos —que cataloga a los cárteles como organizaciones terroristas— impone sobre la economía y el empresariado mexicano. Finalmente, el especialista argumenta cómo las actividades vulnerables, tales como los arrendamientos o notarías públicas, se encuentran bajo una lupa fiscal y de inteligencia que no admite improvisaciones por lo que enfatiza se requieren de profesionistas para crear esquemas de prevención bajo un enfoque basado en los riesgos para evitar sanciones internacionales y garantizar la viabilidad económica del país. A continuación, lo más relevante de la entrevista.
Foro Jurídico: Para comenzar y dar contexto a nuestros lectores, ¿podría explicarnos qué es exactamente el T-MEC y por qué estamos escuchando tanto sobre su renegociación en estos días?
RC: Para muchos, el T-MEC no es un término muy conocido por ser de reciente acuñación; lo que tenemos presente es aquel Tratado de Libre Comercio (TLC o TLCAN) vigente desde 1994 que facilita el comercio en la región de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos. Su objetivo es eliminar barreras arancelarias y no arancelarias para crear una zona económico-productiva competitiva frente al mundo.
En los últimos años hemos visto como, aun existiendo este tratado, el gobierno de los Estados Unidos, en particular, ha establecido una serie de aranceles a ciertos productos- aluminio, acero, vehículos- que de alguna manera rompen con la intencionalidad de la existencia de estos tratados.
Llegó un momento, durante el primer mandato del presidente Trump, en que se planteó la cancelación del tratado por presión política, lo que llevó a su renegociación y a esta nueva versión denominada T-MEC (Tratado México- Estados Unidos- Canadá) para distinguirla del viejo tratado. Es un tratado de «nueva generación» adaptado a condiciones geopolíticas y económicas actuales. Lo que hoy nos ocupa es que el tratado incluye una cláusula que establece que, llegado este año, debe reabrirse para evaluar su beneficio para los tres países y ratificar su continuidad.
Se llegó a la conclusión de que era necesario hacer una renegociación, reabrir algunos apartados del T-MEC habrá que ver las presiones y condiciones que se estarán gestando entre los tres países, incluso se ha planteado la posibilidad de que el modelo tripartita se convierta en tratados bilaterales: México-Canadá, México-Estados Unidos, Estados Unidos- Canadá. *Las mesas formales de negociación iniciaron el 25 de mayo.
FJ: Tradicionalmente vemos estos tratados como acuerdos meramente económicos. ¿De qué manera el lavado de dinero y la delincuencia entran en una negociación comercial de este tipo?
RC: En las versiones modernas de tratados como el T-MEC incluyen mucho más que aranceles; abordan propiedad intelectual, legislación laboral y, de forma muy particular, temas delictivos. El comercio no es solo intercambio de bienes, es también un intercambio de servicios financieros para pagar esas operaciones, y el T-MEC regula esas transacciones. Es fundamental cuidar que los sistemas financieros no sean vehículos de transferencia de recursos de la delincuencia, justamente parte de lo que la prevención de lavado de dinero se enfoca.
Los delincuentes difícilmente se presentan como tales; usan máscaras de empresarios exitosos para ocultar el origen ilegal de su riqueza e ingresarla al sistema financiero. Una vez dentro, el dinero está a un clic de distancia de cualquier parte del mundo y es casi imposible detener el contagio. Por ello, un esquema de libre comercio requiere controles que «vacunen» al sistema para que la libertad de flujo no se vuelva libertinaje.
Otro tema importante es el Capítulo 27 del T-MEC aborda los actos de corrupción. Si una de estados, en los tres niveles, tolera la corrupción, genera una distorsión en el mercado y rompe “la cancha pareja” de la competencia equitativa, rompiendo las reglas que deberían de estar establecidas y vigentes para a todos en un Estado de Derecho. También aborda la sanción a lo particulares que promueven la corrupción de las autoridades en otros países.
FJ: Mencionó el combate a la corrupción como un punto clave. ¿Qué relevancia tiene esto actualmente en la relación con Estados Unidos y las recientes acusaciones a funcionarios en Sinaloa?
Los casos de corrupción de funcionarios públicos locales echan sombra sobre la certidumbre comercial y amenazan con detonar aranceles mediante los paneles del T-MEC.
RC: Cobra una particular relevancia. Hace pocas semanas, el embajador de Estados Unidos en Sinaloa fue muy claro al señalar que no puede haber condiciones para la inversión extranjera en tanto exista corrupción. Poco después, vimos la acusación contra diversos servidores públicos de ese estado, incluyendo al gobernador, un senador y un presidente municipal.
Esto es relevante porque la existencia de autoridades señaladas como presuntamente criminales conlleva implícitamente la acusación de corrupción en ese estado. Esto puede detonar las consecuencias legales del Capítulo 27 del T-MEC y convertirse en un tema central en las negociaciones.
FJ: ¿De dónde provienen estas obligaciones en materia de lavado de dinero? ¿Es algo que nace exclusivamente del T-MEC o hay otros organismos involucrados?
RC: El modelo no viene directamente del T-MEC, sino del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual México es parte integrante con voz y voto. GAFI genera las recomendaciones que los países deben adoptar en sus legislaciones para evitar que se oculte el origen ilegal de los recursos. Para que un sistema financiero pueda estar interconectado internacionalmente, debe cumplir con estos estándares.
Esto se traduce en dos vertientes particularmente: primero, obligaciones para que las leyes financieras limiten el acceso de dinero ilícito a los bancos, casas de cambio, bolsa, Sofipos, Sofomes, cualquier institución de seguros, de finanzas, que a cualquier institución de corte financiero ingrese dinero ilícito. Segundo, se identificaron actividades y profesiones no financieras que recurrentemente se usan para lavar dinero, las cuales llamamos «actividades vulnerables». En México, esto dio pie a la Ley Antilavado de 2012, que obliga a notarios, desarrolladores inmobiliarios y quienes comercian con arte, oro o vehículos, a llevar controles de identificación y reportar operaciones a la autoridad. Es aquí donde convergen los sistemas: la actividad comercial internacional utiliza el sistema financiero y, por ende, debe estar regulada bajo estos compromisos internacionales.
FJ: ¿Cómo está calificado México ante estos organismos internacionales y ante nuestros socios comerciales en materia de seguridad y prevención?
RC: GAFI ve a México como un país con un sistema de prevención maduro y un marco legal robusto; en las leyes estamos «cumplidos». Sin embargo, el problema radica en el cumplimiento efectivo. Desde 2014, las observaciones se enfocan en que, aunque tenemos las leyes, falta aplicarlas: falta coordinación entre autoridades, falta contundencia en investigaciones y faltan resultados concretos.
Si no elevamos estos estándares, México corre el riesgo de caer en «listas grises» o «negras», lo que encarecería el dinero. Si el dinero legal mexicano tiene trabas para moverse porque otros países deben verificar lo que aquí no se hace, eso genera costos adicionales que terminan reflejándose en el precio de nuestros productos y en nuestros bolsillos.
FJ: Estados Unidos ha cambiado su narrativa recientemente, calificando al fentanilo y a los cárteles bajo una óptica de seguridad nacional. ¿Qué implicaciones tiene esto para las empresas mexicanas?
Al catalogar al fentanilo como arma de destrucción masiva, Estados Unidos desplaza el enfoque de la delincuencia común hacia el financiamiento al terrorismo, endureciendo las reglas de operación.
RC: El cambio fue radical desde enero del año pasado. Estados Unidos decidió que el fentanilo no es solo un tema criminal ordinario, sino una amenaza a su seguridad nacional que causa la muerte de 100,000 norteamericanos al año. Al designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, elevan el delito al máximo nivel de prioridad, permitiendo que entren en juego no solo instancias policiales, sino incluso potestades militares.
Esto detona el delito de financiamiento al terrorismo, que se define como aportar recursos, lícitos o ilícitos, de manera directa o indirecta, a estas organizaciones o sus miembros.
FJ: Estando en el marco del T-MEC, ¿cómo impactará este nuevo enfoque a la economía?, ¿podría el gobierno de EE. UU. implementar acciones directas contra particulares o sectores productivos mexicanos?
RC: Así es. Si en la cadena de suministro, operación o envío de mercancías —como el aguacate o el limón— participa dinero que, según ellos, proviene de estas organizaciones designadas como terroristas, se pueden tomar acciones.
Aquí hay un conflicto de visiones. Mientras EE. UU. los llama terroristas, México se resiste a esa categorización por las implicaciones económicas y los costos de operación que traería el tener que verificar que no se presta ningún recurso a estos grupos. En las solicitudes de extradición, EE. UU. mantiene el lenguaje de «narcotráfico» para que haya identidad delictiva entre ambos países. Pero, si hay encubrimiento o inactividad del Estado mexicano ante la corrupción vinculada a estos grupos, EE. UU. puede llevar a México a paneles del T-MEC, establecer represalias económicas e imponer aranceles como consecuencia de no cumplir con las obligaciones de combate a la corrupción.
FJ: ¿El lavado de dinero se materializa también en operaciones comunes entre particulares, como en los contratos de arrendamiento, la compraventa de inmuebles o empresas comerciales ordinarias?
Desde el arrendamiento inmobiliario ordinario hasta la fe pública del sector notarial, las operaciones cotidianas enfrentan una fiscalización obligatoria y la necesidad urgente de rediseñar los manuales de prevención.
RC: Sí, las actividades entre particulares pueden dar lugar a esquemas de lavado de dinero y este tipo de actividades, cuando se realizan por aquellos que están en el catálogo de actividades vulnerables, obligan a estas personas a establecer estos esquemas preventivos que consisten en la identificación de operaciones, identificación y conocimiento de personas (clientes o usuarios), la identificación de los medios de pago y, eventualmente, todas las demás obligaciones de presentar avisos mes a mes, tener en algunos casos oficiales de cumplimiento, tener manuales de prevención, llevar a cabo capacitaciones de personal anuales y auditorías anuales. Son una serie de obligaciones que se detonan para tener un modelo preventivo en términos de la ley antilavado.
El sector notarial es uno de los sectores más expuestos a los riesgos por la cantidad de operaciones que pasan por su fe, y es una de las actividades que justamente están previstas como una actividad vulnerable y en una de las áreas en las que nosotros tenemos un mayor grado de especialidad.
FJ: ¿Cuál sería el panorama para el comercio y la economía mexicana si formalmente se nos llega a señalar como un país de alto riesgo frente al financiamiento al narcotráfico y al terrorismo?
RC: Sería brutal, simple y sencillamente sería brutal. La dependencia de la economía mexicana de las operaciones comerciales con Estados Unidos, como parte de toda esa cadena productiva regional, es tal que el hecho de que tengas impedimentos y seas sancionado con aranceles, con costos que te restan productividad y competitividad en la región, te acaba. Y es muy fácil que entonces otros países lleguen a surtir lo que México dejaría de surtir. Sería brutal para nosotros.
FJ: Finalmente, ¿qué recomendación o último consejo le daría a los empresarios, particulares y autoridades?
Lo más importante es que aquellas personas que se dedican a una actividad vulnerable, contacten a asesores realmente profesionales. Porque, además, todos los modelos de prevención que tenían hasta el año pasado dejaron de ser útiles y tienen que rehacerlos a los nuevos estándares que derivaron de la nueva ley; bueno, de las reformas a la ley antilavado del 2025, y las reformas recientes al reglamento de la ley antilavado de marzo del 2026.
Es fundamental que nos contacten a gente que nos dedicamos a generarles estos esquemas preventivos. Las personas que se dedican a una actividad vulnerable necesitan rehacer sus modelos de prevención bajo un enfoque basado en los riesgos, que hoy por hoy están siendo cambiantes, retadores y con mayores consecuencias. No solamente en México, sino a nivel internacional, si no estamos debidamente asesorados y no tenemos esquemas que nos permitan documentar que estamos haciendo lo necesario para evitar ser parte de la cadena delictiva, tanto del lavado de dinero como del financiamiento al terrorismo, las implicaciones son graves.
Semblanza: Es abogado y doctor en Derecho por la UNAM. Catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. Se ha desarrollado en el sector público, en las áreas jurídicas contenciosas de la Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Presidencia de la República-Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Fue Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y Contralor Interno del Instituto Electoral del Estado de México. En la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ocupó los cargos de Director General de Delitos Financieros y Diversos; Director General de Control Procedimental y Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones. Se desempeñó como Magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Sala Especializada de Propiedad Intelectual. Ha participado en foros internacionales organizados por la ONU y GAFI, es conferencista, articulista y ha participado y participado en la redacción de diversos libros en materia de Delitos Fiscales y Financieros, PLD y temas de Propiedad Intelectual y otros relacionados con Derecho Administrativo.
