La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes

El problema que perturba a millones de menores de edad en todo el mundo es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, toda vez que los expone a una situación cruel, inhumana y degradante, esta terrible situación ha existido desde las más antiguas civilizaciones debido a que los han utilizado como objetos de compraventa con fines sexuales, llevando a cabo intercambios por bienes o servicios.

En la actualidad los gobiernos de la mayoría de los países han volteado a ver este escenario y por ello decidieron suscribir acuerdos internacionales con la finalidad de penalizar esa mala práctica como un acto en contra de los derechos humanos.

México ha sido parte de diversos Congresos Mundiales contra la explotación sexual comercial de los niños, entre otros documentos, ha firmado la Declaración de los Derechos del Niño y, hace algunos años, creó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la cual se establece que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, es una conducta punible, que debe ser atendida por los tres niveles de gobierno y tomar las medidas para prevenir, atender y sancionar este delito.

Para que estas medidas gubernamentales puedan ser eficaces, es necesario ampliar la visión y explorar todos los espacios en los que se puede llevar a cabo el delito, con la finalidad de crear acciones preventivas que sean pertinentes y eficaces para cada escenario en particular. Uno de los terrenos principales que se ha detectado para la comisión del delito de explotación sexual, desafortunadamente, es el sector turístico.

Al respecto, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, tiene como objetivo establecer los tipos penales en materia de trata de personas, por ejemplo, en su artículo 10, fracción III, el cual a la letra dice:

“…Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

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III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley”.

De esta fracción III podemos observar que establece la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual como conducta antisocial y penada, sin embargo, no hace referencia a que, para entrar en la tipificación, la conducta se deba realizar con menores de edad, por lo que deja abierto a que se configure el delito cuando se realice en contra de cualquier persona y de cualquier edad.

Así mismo, el artículo 13 de la Ley antes referida establece la pena de “15 a 30 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa”, para la persona que se beneficie de la explotación sexual de una o más personas a través de la prostitución, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada.

También se hace énfasis en que tratándose de personas menores de edad no se requerirá de comprobación de los medios a los que se hace referencia (por ejemplo, los medios digitales).

Es claro que esta Ley no define el delito de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, se puede relacionar con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2014, la cual establece en su artículo 47 que:

“… Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

1. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;
2. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;
3. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables;
4. El tráfico de menores;
5. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;
6. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, así como el trabajo forzoso y la esclavitud, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables;
7. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral, y
8. El castigo corporal y humillante. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso del castigo corporal ni el castigo humillante. Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia.

Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores.

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con discapacidad”.

Es importante hacer conciencia que en la participación ciudadana para la prevención del delito de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, se debe implementar un programa de prevención general y especial en contra de este delito, así como todas y cada una de las acciones que, basadas en el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes se dirijan a evitar o terminar una situación de explotación sexual a niñas, niños y adolescentes en el sector turístico.

El alcance de la participación ciudadana en este tema enfrenta la delimitación del sector turístico específicamente en los establecimientos hoteleros, ya que esta acción colectiva puede lograr la prevención o detención de un caso de explotación sexual y con ello, evitar una posible repetición de dichas conductas ilícitas.

Con la participación de los trabajadores del sector turístico, especialmente los de los hoteles, se logrará implementar medidas de prevención de un delito que afecta a todo el país. Por ello, es importante que se responsabilice a los involucrados por su toma de decisiones al momento de observar un posible caso de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en dichos establecimientos y lograr su erradicación.

Es por lo antes manifestado que los legisladores se tienen que poner a trabajar en una reforma jurídica a la legislación turística para que el delito de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes sea combatido en cualquier lugar del mundo, principalmente en los casos que se detectan en los hoteles. Para ello, los trabajadores de este sector tienen que ser debidamente capacitados y sensibilizados en el tema, deben tomar la decisión de actuar en cuanto se encuentran con una situación de riesgo en su entorno y con ello, lograr que estas prácticas se erradiquen en su totalidad en México, en cualquier país del mundo y evitar que este crimen contra miles de niñas, niños y adolescentes siga incrementándose.