Al filo del término del periodo ordinario, el pasado 15 de diciembre, en un proceso muy cuestionable, la Cámara de Diputados aprobó dos minutas que contienen cambios en materia electoral, mejor conocido como el “Plan B” del Ejecutivo Federal.
Mediante un acuerdo bicameral, solo la minuta que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue enviada al Ejecutivo, en la que se encuentran los cambios en el modelo de comunicación política, sanciones a partidos por violar el principio de imparcialidad y se reinterpreta el concepto de propaganda gubernamental para amparar que los servidores públicos emitan opiniones durante los procesos electorales.
Mientras que los cambios a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, fueron retornadas al Senado de la República para continuar el proceso legislativo en el siguiente periodo ordinario en febrero o en uno extraordinario en enero.
Lo aprobado por la Cámara de Diputados, todavía a discutirse en el Senado, compacta la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), elimina el servicio profesional electoral, limita facultades al INE para sancionar conductas de funcionarios públicos que vulneran la equidad de los comicios y para sancionar a los partidos políticos y candidatos por faltas graves, también se afecta la paridad de género; desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y elimina la Secretaría Ejecutiva del INE.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que restar capacidad operativa al instituto pone en riesgo la calidad de los procesos electorales, además de minar su autonomía e independencia. Por lo que Córdova aseguró vendrá “una dura y ardua batalla jurídica” para defender el sistema electoral que se ha construido en México a base de batallas ciudadanas y “a golpes de jurisprudencia, salvemos la democracia” y frenar la regresión. El Presidente del árbitro electoral reconoció que es un sistema perfectible y se debe seguir construyendo sobre lo bueno que se ha alcanzado en tres décadas.
Reiteró que no se niegan a una reforma, pero, por su magnitud, debe estar basada en un “diagnóstico serio, objetivo y basado en información real y verificable”, emanado de un amplio consenso que amplíe los derechos de la ciudadanía.
Tanto la oposición como el INE anunciaron que impugnarán los cambios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; incluso el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aunque asegura que no hay nada ilegal, a pesar de que el mismo Ricardo Monreal afirmara que existen bloques inconstitucionales en lo aprobado, sabe que la batalla apenas comienza y que será el Poder Judicial Federal el que decida el destino de su “Plan B”. El primer recurso contra la reforma interpuesto por un ciudadano ya llegó al Tribunal Electoral, no obstante, fue desechado al determinarse que el trámite legislativo no ha sido concluido. Una vez que sea publicado en Diario Oficial de la Federación y finalizado el tramo legislativo, iniciará la verdadera batalla por salvaguardar nuestro sistema electoral.
Cuando menos AMLO ordenó de último momento en su antidemocrático e ilegal “Plan B”, eliminar la “cláusula de vida eterna” que aseguraba a los partidos pequeños aliados (PVEM y PT) retener su registro con un mínimo de votos, en abierta violación al 3% que señala la Constitución.
