El pasado 13 de diciembre de 2022, fue presentada ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la iniciativa del Ejecutivo Federal respecto de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Dicha iniciativa es el producto de aproximadamente cuatro años de trabajo conjunto de diversos representantes de la comunidad académica y científica, coordinados por el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), organismo rector de la política pública en la materia.
“La iniciativa confronta posiciones o visiones sobre el quehacer del Estado en materia de fomento a la producción científica en nuestro país. Ese es claramente su objetivo.”
La referida iniciativa busca, entre otras cosas, cumplir con el mandato constitucional de “normativizar” (crear leyes secundarias) el derecho humano a la ciencia, introducido en 2019 al artículo 3º constitucional. Sin duda alguna, la iniciativa confronta posiciones o visiones sobre el quehacer del Estado en materia de fomento a la producción científica en nuestro país. Ese es claramente su objetivo.
Más allá de ideologizar el quehacer científico, se trata de dos visiones sobre el papel del Estado, en una más de sus tareas esenciales. A lo largo de siglos, se han confrontado la visión del Estado liberal moderno con la del Estado social. Si bien, los Estados no son puramente liberales o sociales, van construyendo su devenir histórico montados sobre una u otra visión, adoptando instituciones propias de uno u otro modelo de organización.
Respecto del contenido de la iniciativa en cuestión, hay muchas cosas que pudieran resaltarse, pero podríamos enfocarnos en las siguientes:
1. ¿La iniciativa mantiene características autoritarias, centralistas y regresivas, como se ha dicho por algunos de sus detractores? Se habla de tres aspectos sobre el particular:
- Centralización de la toma de decisiones en una sola persona.
- Falta de mecanismos de financiamiento transparentes y equitativos.
- Falta de reconocimiento a los estados como soberanos de su desarrollo científico y tecnológico.
Sobre el primer punto, de la lectura del texto, no aparece con claridad este tema, pues en realidad se propone que la política pública en la materia siga coordinada como hasta ahora, por una institución pública, es decir, no se aprecia un cambio en este sentido que pudiera dar pie a esta conclusión.
“Tampoco habrá intermediarios (asociaciones privadas o burocracias de las instituciones de educación superior, por ejemplo) que regenteen o manipulen los apoyos (becas de posgrado o recursos para proyectos).”
Sobre los mecanismos de financiamiento público, tampoco hay algún movimiento que reduzca los márgenes de transparencia que hasta ahora tienen los mecanismos de financiamiento. Lo que es nuevo (además de que ya no hay fideicomisos, como se señala más adelante) es que tampoco habrá intermediarios (asociaciones privadas o burocracias de las instituciones de educación superior, por ejemplo) que regenteen o manipulen los apoyos (becas de posgrado o recursos para proyectos).
Sobre el tercer punto, es necesario identificar que la iniciativa crea un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. En dicho sistema intervienen la Federación y las Entidades federativas, como parte de sus atribuciones autónomas (no soberanas.)
- ¿Desaparece el Conacyt?
La iniciativa propone la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que sustituirá, con nuevas competencias y atribuciones, al actual Conacyt, es decir, no “desaparece,” sino que se rediseña.
- ¿El nuevo consejo va a alinear las condiciones y políticas de las áreas de interés para la investigación? Sobre el particular, se ha llegado a afirmar que:
- Es centralista. No entiende que es una política de Estado. Considero que es importante confrontar propuestas, no posiciones. En este y en muchos otros temas de interés nacional, el observar fallas y deficiencias siempre podría ayudar a mejorar el contenido de las decisiones de los actores políticos tomadores de decisiones, sin embargo, esta afirmación solo parece ser una interpretación, que no explica o justifica las razones de su contenido. ¿Acaso hay una sola manera de entender lo que es una política de Estado?
- La iniciativa es inconstitucional (violenta la libertad de cátedra) ya que el gobierno quiere marcar agenda desde el Estado de los temas de investigación, al hacer que los investigadores alineen sus proyectos de investigación al Consejo Nacional. Eso hará que todos “de alguna manera” homologuen criterios, y llevar la ideología al terreno de la ciencia. La ciencia no tiene ideología y no tiene por qué alinearse a los criterios o la forma de pensar de una sola persona.
La clave de esta afirmación es la creación de la Agenda Nacional en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que pretende establecer temas prioritarios de investigación a los que se dirigirán recursos públicos. Se trata de temas de interés general, buscando evitar la “mercantilización” del conocimiento científico, proceso del que se acusa a administraciones anteriores (destinar recursos públicos a investigación privada, que solo beneficia a los particulares). Sin duda es un nuevo enfoque, aunque no deja de generar polémica.
- Pretende quitarles dinero a los investigadores. Esta afirmación es consecuencia también de la intención de redireccionar el uso de recursos públicos para apoyar la producción científica.
- Es un error estigmatizar la inversión privada. En el texto de la iniciativa, no se aprecia una proscripción al uso de recursos privados en la producción científica, solo el cambio de orientación del uso de recursos públicos para esos fines.
- Se prohíbe la evaluación de los integrantes del SNI por expertos externos y evaluaciones por sus pares del SNI. Eso tampoco se aprecia como una prohibición contenida en la iniciativa.
- Por un lado, se dice que no hubo “parlamento abierto”. Otros afirman que después de tantos foros y discusiones, las opiniones de la comunidad prácticamente no fueron integradas en la propuesta presentada. Finalmente hay quien afirma que se tomaron poco en cuenta las opiniones vertidas por la comunidad científica.
Evidentemente hay contradicciones en esas afirmaciones. Lo que a mí me consta es que fuimos convocados diversos representantes de la comunidad académica y científica, se integraron mesas de trabajo, foros de consulta y se elaboraron varias versiones de la iniciativa, que se fueron enriqueciendo hasta llegar al texto final que el Conacyt sometió a las instancias revisoras del texto y la técnica legislativa, para llegar a someterla a consideración del Ejecutivo Federal para su presentación ante el Poder Legislativo.
- Se critica el uso del término “ciencia neoliberal” y se señala que la iniciativa pretende el desmantelamiento del sistema anterior, con el fin de perpetuar la actual visión de la 4T sobre el desarrollo y conocimiento científico y de innovación del país.
“La iniciativa es inconstitucional ya que el gobierno quiere marcar agenda desde el Estado de los temas de investigación, al hacer que los investigadores alineen sus proyectos de investigación al Consejo Nacional.”
Al parecer, de la propia exposición de motivos de la iniciativa, se desprende esta intención. Yo no creo que el “nuevo” sistema se pretenda “perpetuar” (no lo creo posible) pero la pregunta aquí es si eso es válido, legal, ético, o correcto. Una revolución implica el cambio de un sistema y su sustitución por otro.
- Las dependencias se abstendrán de crear fidecomisos, (pese a que no se han demostrado actos de corrupción en el funcionamiento de los anteriormente existentes). ¿Será acaso necesario demostrar actos de corrupción, para cambiar el enfoque de administración de los recursos públicos?
“Se critica el uso del término ‘ciencia neoliberal’ y se señala que la iniciativa pretende el desmantelamiento del sistema anterior, con el fin de perpetuar la actual visión de la 4T sobre el desarrollo y conocimiento científico y de innovación del país.”
Flor de Loto: La expresión en el sentido de que la mencionada propuesta no es una “buena” iniciativa refleja el carácter subjetivo de la evaluación que se hace a la misma. Calificación que parece más bien descalificación. Ojalá sea posible a quienes toman las decisiones, estudiar su contenido y analizar sus propuestas. Que se aprueben o se hagan los ajustes necesarios, por el avance y desarrollo de la ciencia en nuestro país.
