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Reforma a la Ley de Derecho de Autor causa zozobra, diputada Sauri Riancho

Los diputados del PRI Mariana Rodríguez Mier y Terán y René Juárez Cisneros presentaron una iniciativa para armonizar las reformas de la Ley Federal de Derechos de Autor con las del Código Penal Federal, para evitar mecanismos de censura, multas e incluso la cárcel a los usuarios que decidan reparar o modificar sus dispositivos, arreglen el software o hardware en celulares, tabletas, laptops o consolas de videojuegos de uso personal y en el intento rompan candados digitales. 

En la presentación de la iniciativa, la diputada Dulce María Sauri Riancho sostuvo que proteger el uso de datos personales en los dispositivos tecnológicos no debe ser pretexto para criminalizar a los usuarios. 

En un comunicado, subrayó que a una semana de entrada en vigor de las leyes reglamentarias del Tratado Comercial, México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es preciso corregir lo que se hizo mal y que criminaliza la elusión de dichos candados.

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Enfatizó que Morena no aceptó las reservas y se negó a unificar el Código Penal Federal con las excepciones que establece el ordenamiento de los derechos de autor y el resultado es la zozobra, pues romper candados digitales es un delito que se castiga con multas millonarias y varios años de prisión.

En contraparte, dijo, existe el derecho a la protección de datos personales y los usuarios tienen la opción de romper esos candados tecnológicos para interrumpir el flujo de cierta información que no se desea compartir con el proveedor o se suba a la red.

La priista explicó que la propuesta de sus compañeros adiciona un segundo párrafo y nueve fracciones al artículo 429 del Código Penal Federal, a fin de armonizar los tipos penales con las excepciones de la Ley Federal de Derechos de Autor, es decir, no considerar conducta ilícita las correcciones a los dispositivos móviles, así como tampoco, la incorporación de softwares libres que implican el uso o actualización de diferentes marcas. 

«Para lograr una mejor norma jurídica, que se adecúe a la realidad tecnológica y a la defensa de los derechos de las personas involucradas, es preciso que se convoque a un parlamento abierto, donde los expertos sean los que aporten elementos técnicos», concluyó. 

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