“La libertad bajo caución o fianza penal libera provisionalmente al acusado si entrega dinero, bienes o fianza bancaria por un monto fijado judicialmente, garantizando así su comparecencia futura.”
La garantía económica, también conocida como caución penal, es una medida cautelar procesal que permite al imputado gozar de libertad provisional mientras se asegura su comparecencia ante la autoridad judicial. Con ella se busca armonizar el interés social de sancionar el delito con el derecho del acusado a no permanecer en prisión preventiva innecesariamente. Sin embargo, ¿qué sucede si quien obtuvo libertad bajo caución es internado posteriormente por otra causa distinta? En ese caso el riesgo de fuga queda eliminado (pues el imputado está físicamente en reclusión) y la finalidad de la caución pareciera satisfecha. Pero la ley actual no prevé expresamente este supuesto, generando una laguna jurídica que complica la devolución de la fianza.
La Garantía Económica en el Sistema Penal Mexicano
El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) contempla expresamente la garantía económica como tipo de medida cautelar personal. En su artículo 155 el legislador incluye la “exhibición de una garantía económica” entre las medidas que el juez de control puede imponer a petición del Ministerio Público o de la víctima[1]. Dicho mecanismo –comúnmente llamado libertad bajo caución o fianza penal– libera provisionalmente al acusado si entrega dinero, bienes o fianza bancaria por un monto fijado judicialmente, garantizando así su comparecencia futura. Esta figura busca “asegurar que [el acusado] quede sujeto a la acción de los tribunales” sin que se le prive innecesariamente de la liberta[2].
A diferencia de la caución, el CNPP también prevé explícitamente la prisión preventiva como una medida cautelar (art. 155, fr. XIV), la cual implica reclusión del imputado desde el arraigo inicial o después del auto de vinculación. Así, dentro de un mismo proceso penal el juez puede imponer alternadamente una garantía o prisión preventiva según las necesidades del caso. Por ejemplo, si las condiciones del acusado empeoran (peligrosidad, riesgo de fuga, reincidencia, etc.), el Ministerio Público puede solicitar sustituir la caución por prisión preventiva. Sin embargo, la situación que aquí interesa es la inversa: el acusado estaba libre bajo caución por un delito, pero luego fue ingresado a prisión por una causa ajena.
Cancelación de la Garantía Según la Ley Actual
El CNPP regula de manera muy precisa cuándo procede cancelar la caución y devolver lo depositado. El artículo 175 dispone que “la garantía se cancelará y se devolverán los bienes afectados por ella” solamente en tres hipótesis[3]:
- Se revoque la resolución que impuso la caución (por ejemplo, por excesiva).
- Se dicte el sobreseimiento o la sentencia absolutoria contra el imputado, liberándolo del proceso.
- Que el imputado “se someta a la ejecución de la pena” o, en suma, que la garantía no deba ejecutarse.
En la práctica esto significa que la caución solamente desaparece cuando la causa penal concluye sin condena (sobreseimiento/absolución) o cuando se dicta sentencia condenatoria firme y el condenado inicia el cumplimiento de la pena. En particular, la fracción III deja claro que tras la sentencia condenatoria la garantía se devuelve apenas el procesado se presenta a servir su pena. Fuera de estas tres circunstancias no cabe la devolución automática de la fianza.
El Encarcelamiento por Otra Causa y la “Laguna Jurídica”
En el caso planteado, el imputado hizo caución por encubrimiento por receptación y luego fue recluido por otro delito distinto. Una vez privado de libertad, resulta obvio que no puede sustraerse de la acción de la justicia: está interno y bajo custodia, de manera que el fin de la caución (garantizar su presencia) ya no requiere supervisión económica. Sin embargo, en términos formales ninguna de las causales legales de cancelación de garantía se cumple.
“Ni el CNPP ni los códigos locales contemplan explícitamente la devolución de la caución cuando el imputado queda encarcelado en un proceso ajeno. Por ello, la caución sigue vigente a todos los efectos legales, aunque en la práctica su objeto preventivo se haya agotado.”
En el marco jurídico actual, esta situación no está prevista. Ni el CNPP ni los códigos locales contemplan explícitamente la devolución de la caución cuando el imputado queda encarcelado en un proceso ajeno. Por ello, la caución sigue vigente a todos los efectos legales, aunque en la práctica su objeto preventivo se haya agotado. Como analiza la Guía de Procedimientos del Poder Judicial de Tabasco, el juez solo cancelará la caución cuando desaparezcan las razones de su imposición. En ninguno de estos supuestos se contempla al preso por otro delito.
Interpretaciones y Debates Doctrinales
Ante esta omisión, los defensores han planteado argumentos de interpretación conforme a derechos fundamentales. Puede invocarse el principio del mínimo de intervención (artículo 19 constitucional): una vez privado de libertad, no tiene sentido mantener una caución onerosa[4]. En derecho comparado, si la caución pierde su objeto se autoriza devolverla. En derecho nacional, algunas tesis –aunque referidas a procedimientos de amparo– sugieren que, al cesar la materia del acto impugnado, procede la cancelación de la caución incorporada a una suspensión[5].
“En la práctica procesal, la respuesta administrativa ha sido rígida: se niega la devolución hasta que el Ministerio Público o el juez resuelvan el fondo de la causa original. Esto puede obligar a insistir en vías judiciales.”
Hasta la fecha no existen precedentes vinculantes del Poder Judicial de la Federación sobre este punto concreto. En la práctica procesal, la respuesta administrativa ha sido rígida: se niega la devolución hasta que el Ministerio Público o el juez resuelvan el fondo de la causa original. Esto puede obligar a insistir en vías judiciales alternas (por ejemplo, incidente de nulidad o amparo). La doctrina penal ha subrayado la necesidad de llenar este vacío y se sugiere que el CNPP debería reformarse para autorizar la cancelación cuando el imputado ya esté recluido.
Conclusiones
En definitiva, la normativa penal mexicana vigente no contempla directamente el supuesto de liberar la caución cuando el imputado queda preso por otro delito. El artículo 175 del CNPP limita la devolución de la garantía a la absolución, sobreseimiento o al cumplimiento de pena tras condena. Ninguna de estas cláusulas cubre el caso descrito, por lo que se percibe una laguna legal. Para litigantes, ello implica que hoy resulta indispensable plantear el tema como un asunto de interpretación sistemática de las medidas cautelares. También se recomienda impulsar criterios jurisprudenciales o incluso reformas legales que aclaren este vacío normativo.
[1] Código Nacional de Procedimientos Penales. Diario Oficial de la Federación. 2024. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf
[2] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 846/2016.
[3] Código Nacional de Procedimientos Penales. Diario Oficial de la Federación. 2024. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf
[4] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 846/2016.
[5] JUFED. Tesis Aisladas del Poder Judicial de la Federación.2023. Disponible en: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/OrgJur/FedJur.aspx
