Introducción: La legalidad frente a la urgencia financiera
El sistema de pensiones en México atraviesa una crisis estructural que ha empujado a las autoridades a tomar decisiones extremas. El 21 de octubre de 2026, el Estado mexicano, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cruzó una peligrosa línea dogmática: sacrificó la legalidad constitucional en el altar de la urgencia presupuestal. Mediante la emisión de un simple acto administrativo, el Instituto desmanteló de facto el acceso irrestricto y las condiciones operativas de la Continuación Voluntaria para los asegurados en periodo de conservación de derechos, desatando uno de los conflictos jurídicos más severos del sexenio en materia de seguridad social.
- El Acuerdo del 21 de octubre de 2026: Un manotazo administrativo ante el boquete presupuestal
El epicentro de esta fractura jurídica es el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, emitido por el Consejo Técnico del IMSS y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Bajo la justificación de dictar una «medida temporal» de seis meses para evaluar el impacto financiero en el Instituto, la autoridad alteró unilateralmente las reglas de acceso a la Modalidad 40.
Las nuevas imposiciones son radicales: se obliga a que las inscripciones sean estrictamente digitales, se elimina de tajo la posibilidad de pagar cuotas de forma retroactiva (un derecho expresamente reconocido en el Artículo 66 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación) y lo más punitivo, se impone un tope arbitrario al salario de inscripción, limitándolo al último salario base de cotización registrado por el trabajador más el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con esta restricción procedimental, el IMSS cerró la puerta al derecho legítimo de los asegurados para elegir cotizar hasta el tope legal de 25 UMAs, una prerrogativa expresamente consagrada en el Artículo 218 de la Ley del Seguro Social (LSS). El Instituto no legisló para mejorar el sistema; dictó un manotazo administrativo para frenar un sangrado financiero, trasladando el costo a los derechos de la clase trabajadora.
B. El falso dilema entre combatir el fraude y restringir el derecho de opción
Para justificar esta transgresión, la Dirección General del IMSS ha argumentado públicamente que el Acuerdo busca erradicar las prácticas abusivas de despachos y «financieras». Según la autoridad, estos entes simulan relaciones laborales (creando empresas fantasma) para cumplir el requisito de las 52 semanas y otorgan créditos usureros para que los ciudadanos paguen retroactivos millonarios, inflando artificialmente las pensiones que terminarán siendo fondeadas con recursos públicos.
Desde una perspectiva de política pública, el combate a la simulación laboral es un objetivo legítimo e indeclinable del Estado. Sin embargo, jurídicamente nos encontramos ante un falso dilema. El IMSS pretende utilizar el combate al fraude como un cheque en blanco para restringir el derecho de opción nacido al momento de la baja laboral (Arts. 218 y 219 de la LSS) bajo una indebida aplicación retroactiva en perjuicio (Art. 14 Constitucional).
El Instituto ya cuenta con facultades plenas de comprobación, auditoría y sanción (incluso penales) para castigar a quienes simulan relaciones de trabajo. Pretender solucionar una deficiencia en sus propias áreas de fiscalización emitiendo un Acuerdo general que castiga por igual a los ciudadanos honestos que planeaban su retiro con estricto apego a la ley, constituye una flagrante violación al principio de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. En un Estado de Derecho, la ineficacia persecutoria de la autoridad jamás justifica la supresión administrativa de un derecho legislado, ya que la medida cautelar carece de necesidad y proporcionalidad estricta al castigar a una mayoría legítima en lugar de fiscalizar los esquemas atípicos de simulación.
II. Anatomía de la Modalidad 40: Semblanza, Mitos y Realidades
Para comprender la magnitud de la transgresión constitucional cometida por el Instituto, es indispensable desmitificar la figura jurídica en disputa. La Modalidad 40 no es un rescate estatal, un subsidio o un truco fiscal; es un esquema de continuación solidaria legislado para proteger la etapa de retiro de la clase trabajadora, donde el ciudadano asume las cuotas obrero-patronales para maximizar el cálculo de su beneficio definido.
- Semblanza jurídica: ¿Qué es la Continuación Voluntaria y cuál es su fundamento?
En términos dogmáticos, la Modalidad 40 se denomina formalmente Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio. Su fundamento toral emana del Artículo 218 de la LSS.
La naturaleza jurídica de esta figura es la de un «derecho de opción» o puente de conservación. Fue legislada para proteger al trabajador que es dado de baja por su patrón (quedando fuera del régimen obligatorio) antes de alcanzar la edad de pensión. La ley le otorga el derecho de seguir pagando sus cuotas obrero-patronales por cuenta propia para lograr dos objetivos fundamentales: seguir acumulando semanas de cotización y, sobre todo, registrar un salario base igual o superior al que tenía, con un tope máximo de 25 UMAs, límite superior establecido de forma armónica por el Artículo 28 de la LSS.
B. Mitos y realidades: Qué SÍ y Qué NO aplica en la Modalidad 40
En el argot popular y en los medios digitales existe una peligrosa desinformación que ha distorsionado el propósito del esquema. Como abogados y estrategas del derecho, es imperativo establecer una pedagogía clara frente a nuestros clientes y tribunales sobre lo que realmente implica este modelo:
SÍ es exclusiva (en su beneficio real) para la Ley del 73: La Modalidad 40 es una herramienta financiera invaluable solo para los trabajadores que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 (Régimen de Reparto). ¿Por qué? Porque su pensión de vejez se calcula con base en el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas (aproximadamente 5 años). Cotizar alto en esta recta final dispara exponencialmente el monto vitalicio de la pensión.
NO sirve para enriquecer a los de la Ley del 97 (Afores): Es un mito gigante y un error de planeación letal. Los trabajadores que empezaron a cotizar después de julio de 1997 suelen creer que pagando la Modalidad 40 con tope salarial obtendrán pensiones de 60 mil pesos mensuales. Falso. En la Ley 97, la pensión se determina matemáticamente por los fondos acumulados en la cuenta individual (Afore), no por promedios salariales. Entrar a la Modalidad 40 bajo este régimen jamás detonará las rentabilidades vitalicias del esquema anterior. Para la Ley 97, su única utilidad real y financiera es pagar las cuotas con un salario mínimo exclusivamente para sumar semanas a bajo costo y alcanzar el derecho a la Pensión Garantizada del Artículo 170 de la LSS.
NO incluye servicio médico ordinario: Otro gran mito que confunde a la población. El pago de las cuotas de la Modalidad 40 cubre exclusivamente los seguros de Invalidez y Vida, y el de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. No otorga el derecho a consultas médicas, cirugías o medicinas del IMSS. Si el asegurado desea cobertura médica durante esos años, debe adquirirla por separado pagando el Seguro de Salud para la Familia (Modalidad 33).
NO puedes estar trabajando formalmente: Es jurídicamente incompatible. Para ser sujeto de la Continuación Voluntaria, la condición sine qua non es estar dado de baja del régimen obligatorio. No puedes estar sujeto a una relación de trabajo subordinada (Art. 12, Fracc. I de la LSS) mientras pagas esta modalidad.
C. La frontera operativa: Los requisitos de procedencia (52 semanas) y la simulación
El derecho a ingresar a la Modalidad 40 no es universal ni automático; la LSS impone una «frontera operativa» estricta. El trabajador debe acreditar haber cotizado un mínimo de 52 semanas (un año) dentro de los últimos cinco años previos a su fecha de baja. Adicionalmente, cuenta con un plazo máximo de cinco años, contados a partir de dicha baja, para ejercer su derecho de inscripción.
Es precisamente en el requisito de las 52 semanas donde radica el epicentro del conflicto actual. Al ser un requisito insalvable, personas que dejaron de cotizar hace décadas recurren a «financieras» o despachos que simulan relaciones laborales (alta patronal fraudulenta) durante un año solo para reactivar sus derechos, para después darlos de baja e inscribirlos en la Modalidad 40 con pagos retroactivos millonarios. El Estado, al verse incapaz de auditar caso por caso esta simulación (que sí constituye un fraude a la ley), optó por una vía administrativamente arbitraria y carente de debida motivación legal (Art. 16 Constitucional): emitir un Acuerdo general para restringir derechos a todos, justos y pecadores por igual.
III. El naufragio Constitucional del IMSS: Cuando el acuerdo devora a la ley
La crisis financiera del Estado no es una fuente formal del derecho ni exime a las autoridades de someterse al orden constitucional. Al emitir el Acuerdo de octubre de 2026, el Consejo Técnico del IMSS actuó bajo una lógica de estado de excepción administrativo, ignorando que sus facultades regulatorias tienen límites infranqueables dictados por la Constitución Federal. El intento de reescribir la LSS desde un escritorio administrativo configura un naufragio constitucional de tres dimensiones.
- Violación al Principio de Subordinación Jerárquica y Reserva de Ley
El vicio de origen más flagrante del Acuerdo es su desprecio por la jerarquía normativa. En nuestro sistema jurídico, el Principio de Reserva de Ley establece que solo el Poder Legislativo tiene la facultad de crear, modificar o extinguir los derechos y obligaciones fundamentales en materia de seguridad social. Por su parte, el Principio de Subordinación Jerárquica prohíbe que una norma inferior (como un reglamento o un acuerdo administrativo) contradiga, restrinja o vaya más allá de lo que dicta la ley que reglamenta.
El Artículo 218 de la LSS es un mandato legislativo expreso: otorga al asegurado el derecho a inscribirse en la Continuación Voluntaria «con el último salario o superior al que tenía al momento de la baja». Frente a esto, el Consejo Técnico del IMSS emitió un Acuerdo que prohíbe cotizar con un salario superior libre, imponiendo un techo artificial del «último salario más 1 UMA». Esto no es una medida administrativa ni una interpretación operativa; es una derogación de facto de un precepto legal. Un órgano administrativo, por más graves que sean sus finanzas, carece absolutamente de facultades, ya que la potestad administrativa del Artículo 251 de la LSS encuentra su límite infranqueable en el Principio de Primacía de la Ley; un acuerdo operativo jamás puede vaciar de contenido material una prerrogativa legislada. Cuando el acuerdo administrativo devora a la ley, el acto nace viciado de nulidad absoluta.
B. La prohibición de retroactividad frente a los derechos nacidos en la baja
El Artículo 14 Constitucional establece el pilar de la seguridad jurídica en México: «A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna». El IMSS pretende aplicar su restrictivo Acuerdo a cualquier persona que se presente a ventanilla o al portal digital a partir del 22 de octubre de 2026, sin importar cuándo fue dada de baja de su empleo.
De acuerdo con la Teoría de los Componentes de la Norma sostenida por la Suprema Corte, la opción de ingresar a la Modalidad 40 bajo las reglas originales dejó de ser una simple expectativa abierta y se materializó como una garantía de acceso tutelada por el periodo de conservación (Art. 219 LSS), el cual dota de ultraactividad a las reglas vigentes al momento de la baja. La propia ley otorga al ciudadano una ventana de cinco años para ejercer este derecho.
Por lo tanto, si un trabajador fue dado de baja en enero de 2025 o en septiembre de 2026, su derecho a cotizar de forma retroactiva y al tope de las 25 UMAs nació bajo el imperio normativo previo al Acuerdo. Pretender someterlo a las nuevas reglas restrictivas de octubre de 2026 constituye una aplicación retroactiva en perjuicio, una flagrante violación constitucional que destruye la seguridad jurídica del ciudadano al anular la ultraactividad normativa que protegía su conservación de derechos.
C. El Principio de Progresividad: Recortar derechos sin escrutinio estricto
Finalmente, el Acuerdo colisiona frontalmente contra el Artículo 1 Constitucional y el bloque de convencionalidad en materia de Derechos Humanos. El Principio de Progresividad prohíbe las medidas regresivas en materia de seguridad social; es decir, el Estado no puede recortar o disminuir el nivel de protección de un derecho ya alcanzado, a menos que justifique dicha regresión bajo un test de escrutinio estricto.
Para que una medida regresiva sea constitucional, el Estado debe probar una necesidad imperiosa y que la medida es estrictamente idónea y proporcional. El Acuerdo falla el test porque en lugar de utilizar sus facultades legales (Art. 251 LSS) para auditar y sancionar el fraude de las «financieras», restringe genéricamente los derechos de ciudadanos legítimos.
Aunado a ello, el Acuerdo del IMSS se autoincrimina procedimentalmente: en su propio texto (Punto Segundo), el Consejo Técnico le ordena al área de finanzas que realice un estudio en los próximos seis meses para determinar el costo-beneficio de la Modalidad 40. Es decir, el IMSS confiesa documentalmente que primero ejecutó la regresión del derecho y después va a investigar si estaba justificada financieramente. Esta confesión procesal evidencia la absoluta carencia del escrutinio previo y la falta de motivación, haciendo de la medida un acto inconvencional y jurídicamente insostenible.
IV. El blindaje procesal: La vía del Amparo Indirecto
Tener la razón constitucional no basta; en el sistema jurídico mexicano, un acto de autoridad, por más viciado e inconstitucional que sea, goza de presunción de legalidad y surte plenos efectos hasta que un Juez de Distrito ordene lo contrario. Frente al Acuerdo del IMSS, la única vía de defensa efectiva para proteger el patrimonio pensionario del ciudadano es el Juicio de Amparo Indirecto. Sin embargo, el camino procesal está lleno de trampas de improcedencia que el litigante debe sortear con precisión quirúrgica.
- La trampa del consentimiento y la naturaleza del pago
El Juez de Distrito sobreseerá el amparo inmediatamente si detecta que el quejoso consintió el acto reclamado, ya sea de forma expresa o tácita, conforme al Artículo 61, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Amparo.
El peligro inminente ocurre cuando el ciudadano, desesperado por no perder tiempo de cotización, ingresa al portal digital del IMSS, acepta el tope salarial impuesto (último salario + 1 UMA), descarga su línea de captura y la paga. Presentar un escrito de «pago bajo protesta y con reserva de derechos» en Oficialía de Partes es una medida cautelar documental, pero no detiene el reloj procesal: la emisión y pago de la línea de captura topada constituye el primer acto material de aplicación, obligando al quejoso a presentar la demanda de amparo ineludiblemente dentro de los 15 días hábiles siguientes. Permitir que transcurra ese plazo tras efectuar el pago consuma el consentimiento tácito y arruina la defensa federal.
B. Tiempos y vías de impugnación: La trampa del Amparo Autoaplicativo
El litigante inexperto podría caer en la tentación de impugnar el Acuerdo por su sola entrada en vigor, intentando la vía del amparo autoaplicativo (30 días hábiles). Sin embargo, dogmáticamente, esto es un suicidio procesal. El Acuerdo del IMSS no genera un perjuicio incondicionado por su sola publicación; la restricción está supeditada al acto volitivo del ciudadano (el momento en que decide ejercer su Continuación Voluntaria). Por tanto, la norma es de naturaleza estrictamente heteroaplicativa.
La única estrategia dogmáticamente segura es provocar el acto material de aplicación. El ciudadano debe ingresar su trámite o solicitar por escrito su inscripción exigiendo cotizar con el salario tope de las 25 UMAs. Una vez que el sistema digital limite la línea de captura, o que el IMSS emita la negativa formal de inscripción topada, el afectado cuenta con un plazo perentorio y fatal de 15 días hábiles para presentar su demanda de amparo indirecto contra ese primer acto concreto de aplicación.
C. La suspensión del acto reclamado: La Apariencia del Buen Derecho
El amparo indirecto puede tardar meses o más de un año en resolverse, tiempo durante el cual el trabajador no puede quedarse en el limbo sin cotizar (ya que dejar de pagar dos meses consecutivos causa baja automática). Por ello, el corazón de la demanda radica en el capítulo de la suspensión (Artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo).
El litigante debe solicitar al Juez de Distrito la concesión de la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva. El objetivo no es argumentar que el IMSS se beneficiará recaudando cuotas más altas, ya que los tribunales protegen el interés social evaluando el impacto del pasivo actuarial futuro. En su lugar, el abogado debe demostrarle al juez que la medida cautelar procede bajo la figura de la «Apariencia del Buen Derecho» (Art. 147 de la Ley de Amparo), argumentando que la concesión de la suspensión no constituye derechos nuevos ni resuelve el fondo anticipadamente, sino que preserva la materia del juicio y tutela la ultraactividad de la ley vigente al momento de la baja laboral. Si el juzgador ampara esta postura, paralizará los efectos restrictivos del Acuerdo de octubre, obligando al Instituto a generar las líneas de captura con el salario elegido por el trabajador (hasta las 25 UMAs) mientras se dicta sentencia.
V. Conclusión: El Estado de Derecho como última línea de defensa
La controversia desatada por el Acuerdo de octubre de 2026 trasciende el debate sobre las pensiones; es, en el fondo, una prueba de estrés para la arquitectura constitucional de México. El IMSS enfrentaba (y sigue enfrentando) un desafío financiero mayúsculo y una epidemia de simulaciones laborales. Sin embargo, la vía elegida para combatir esos males demostró un menosprecio absoluto por el Estado de Derecho.
- La invalidez dogmática de los rescates financieros inconstitucionales
Es dogmáticamente inaceptable que el Estado pretenda subsanar sus deficiencias de recaudación o su incapacidad fiscalizadora mutilando los derechos de los ciudadanos. La emisión de un Acuerdo de Consejo Técnico que borra de un plumazo el límite salarial de 25 UMAs otorgado por la ley (Art. 218 LSS) y que anula la ultraactividad normativa nacida al amparo de la conservación de derechos, es un acto de fuerza, no un acto jurídico válido.
Las políticas públicas y las medidas de contención financiera, por más urgentes o bienintencionadas que sean, carecen de validez dogmática, aunque el Estado las ejecute amparado en la presunción de legalidad formal hasta ser derribadas en los tribunales federales. Justificar el atropello jerárquico bajo el argumento de «proteger las finanzas de la Nación» equivale a aceptar que el Estado puede violar la Constitución cada vez que se quede sin presupuesto. Si el IMSS requiere modificar las reglas de la Modalidad 40, el único camino democrático e institucional es proponer al Congreso de la Unión una reforma formal a la LSS, estrictamente sujeta a la prohibición de retroactividad (Art. 14 Constitucional) para salvaguardar los derechos en periodo de conservación.
C. El Juicio de Amparo y la ponderación constitucional definitiva
Frente a la asfixia administrativa y la aplicación inexorable de las reglas de octubre, la resignación no es una opción jurídica. Las vías de queja internas, la CONDUSEF o los lamentos en redes sociales son placebos inútiles.
En la arena de la seguridad social contemporánea, el Juicio de Amparo Indirecto se erige como el único salvavidas real para el patrimonio pensionario de los mexicanos amparados por la Ley 73. Aquellos ciudadanos que busquen pensionarse dignamente deberán estar dispuestos a judicializar su retiro, acudiendo a los juzgados federales para forzar al IMSS a respetar el Estado de Derecho a través de una sentencia o, de forma inmediata, mediante la obtención de la medida cautelar para preservar la materia del litigio, asumiendo la inminente batalla constitucional donde la Suprema Corte deberá ponderar la viabilidad del Estado frente al patrimonio del quejoso.
El mensaje para la comunidad jurídica y para los futuros pensionados es claro: en tiempos donde la legalidad cede ante la urgencia de la caja estatal, la defensa técnica y oportuna es la única frontera entre una vejez digna y la claudicación patrimonial.







