No me gusta el término “OPLE” con que genéricamente se designa a las autoridades administrativas locales. Su agrupación en un acrónimo único ayuda a ocultar sus características particulares, que atienden a los rasgos distintivos de cada entidad. Invisibilizar algo es el primer paso para desaparecerlo.
Desde la reforma constitucional de 2014 se ha erosionado el federalismo electoral. Con la falacia de generalización consistente en que “los órganos electorales locales están sujetos a los gobernadores”, afirmación que pudiendo ser cierta en algunos casos requería confirmarse en la mayoría, se decidió quitar facultades a los mismos para otorgarlas al naciente INE, a quien también se encomendó la selección de las consejerías locales.
Así la autoridad electoral nacional vio acrecentadas sus facultades, sin haberlo solicitado. Y usted recordará que la intención era eliminar del todo a las autoridades electorales locales.
¿Se pudo optar por otra salida? Desde luego, por ejemplo, en lugar de centralizar se pudieron fortalecer controles ciudadanos con la participación de asociaciones civiles, colectivos y universidades, así como profundizar en la transparencia. Pero en lugar de apostar a la maduración de los sistemas democráticos locales se decidió fortalecer el centralismo, que es esencialmente antidemocrático.
Hoy vuelve esa idea. Y aclaro: no es un tema de colores, ya que en distintos momentos partidos de izquierda y de derecha la han sostenido; de hecho parece ser que quien llega a la mayoría legislativa tiende a la centralización, a desconfiar de lo local.
Suponiendo una correcta técnica legislativa, consistente en identificar el problema, dar razones de porqué requiere una solución legislativa y no de otro tipo, así como un debido análisis de su impacto tanto en otras normas (coherencia con el sistema) y en lo presupuestal, apunto algunas ideas que deberían analizarse para una reforma constitucional que desaparezca a los institutos y comisiones locales.
Parto de considerar tanto que se ha anunciado la presentación de una reforma en tal sentido, como de otra propuesta de fusionar direcciones ejecutivas en el INE así como de una iniciativa para que tal órgano constitucional realice las elecciones de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Primero, en México tenemos 2,458 municipios, cuyas elecciones en cuestiones tan importantes como registro de candidatos, seguimiento del proceso de obtención de respaldo ciudadano de candidaturas independientes, cómputos y recuentos administrativos, diseño e impresión de documentación y material electoral, diseño de materiales de capacitación, corresponde a los organismos locales, que desarrollan tales actividades atendiendo a las condiciones de cada estado. ¿Se ha revisado que el INE, con menos personal y recursos, pueda hacerlo?
Segunda idea. En estados tales como Michoacán, Oaxaca y en un futuro Chiapas, se realizan elecciones por sistemas normativos internos. Particularmente en Oaxaca es un tema de la mayor importancia; y en estos comicios no participa el INE sino que es competencia de las autoridades electorales locales. Una autoridad nacional única, con menos recursos y personal, ¿podría hacerlo exitosamente?.
Tercer punto. Por mandato constitucional la educación cívica es competencia de las autoridades electorales locales; como ejemplo en el caso de Querétaro, en el año pasado en el que además hubo elecciones, se atendió en dichas labores a más de 30,000 personas. Un INE con menos personal y menos recursos, ¿cómo podría desarrollar las labores de educación cívica en todo el país?.
Como cuarta reflexión planteo que la desaparición de las autoridades administrativas electorales en las entidades tendría lógica si desaparece la facultad local de regular elecciones, facultad que desde luego se encuentra disminuida desde la reforma de 2014. Y además, ¿qué sucedería con los tribunales electorales locales? ¿Tendría sentido mantenerlos?.
En quinto lugar planteo el tema de las consultas populares en el ámbito local y municipal, como la muy interesante que en estos momentos se debate en Baja California acerca del uso del agua por un particular, ¿los organizaría una autoridad nacional? Porque en el modelo actual es competencia exclusiva de los institutos y comisiones locales. ¿Tendría capacidad el INE para realizarlas?
El último aspecto que estimo necesario analizar es el económico. Al centralizar todas las actividades de educación cívica, participación ciudadana, consultas populares, elecciones, en un órgano nacional, ¿quién pagaría los costos? ¿El INE le diría a cada entidad cuánto debe pagar por sus elecciones? Cuando un municipio, grande o pequeño, decida hacer una consulta, ¿pagará la misma? ¿Se realizaría con cargo al presupuesto nacional?
A todo lo anterior se sumarían las actividades actuales del INE, así como la organización de los comicios para la Suprema Corte, tal como se ha propuesto ya.
Desde luego se ha apuntado que hay otras formas de reducir el costo de la democracia mexicana. Por ejemplo, reducir el financiamiento público de los partidos; ya existen propuestas en tal sentido en el Congreso, pero entiendo que por razones de prioridades y calendarios no ha sido posible aprobarlas.
Otra idea que se ha planteado es realizar los comicios con métodos informáticos, ya sea con transmisión en tiempo real de resultados o no. Existen en esta materia interesantes esfuerzos locales en Jalisco, valdría la pena observarlos.
¿Avanzará tal reforma? Es imposible saberlo. Pero si la intención de este nuevo régimen, que no meramente nuevo gobierno, es la transparencia y ahorro de recursos así como el combate a la corrupción, se puede obtener sin la desaparición de instituciones locales, incluso fortaleciéndolas para el mayor ejercicio de la democracia directa aprovechando tanto la capacidad instalada como el conocimiento y experiencia de un cuerpo de funcionarios especializado.
