Ha llegado el momento de replantear la gestión pública, haciendo partícipe al ciudadano, otorgándole todos los derechos y garantías que permitan la apertura de las instituciones, no quedándose solo en las obligaciones de transparencia, sino creando esquemas en los que pueda interactuar con los poderes y organismos autónomos, en los que sienta confianza y en los que sus demandas puedan ser realmente atendidas, el Gobierno de la Ciudad de México, da el primer paso.
El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el cual se crea la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, (en lo sucesivo Ley), la cual toma en cuenta aspectos del Gobierno Abierto y de las materias que lo componen, siendo un tema relevante no solo para la dinámica política de la ciudadanía, sino para la vida económica de la entidad, al fomentar la competitividad de la misma, a través de esquemas de fomento y aplicación de políticas concernientes a la Mejora Regulatoria, complementarias a la ley de dicha materia.
Además, en esta Ley se crea la Agencia Digital de Innovación Pública, institución garante y ejecutora de la norma y que se convierte en el órgano omnipotente y omnipresente, que vigilará la correcta aplicación de las políticas y programas que deriven de ella. Siendo, la ventanilla única por la que pasarán las propuestas y se aprobarán y ejecutarán las acciones y estrategias a realizar conforme a los principios que enmarca la Ley.
La expedición de la Ley y la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública no son una ocurrencia, sino una tendencia a nivel mundial, complementada con la forma de hacer la gestión pública por parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ha dejado un grato sabor de boca en el poco más de un mes que lleva su gestión. El compromiso de acercar el gobierno a la ciudadanía se está cumpliendo, al ser la misma titular del Ejecutivo de la capital, la que atiende de manera personal, asuntos e inquietudes de los habitantes de la ciudad.
La mandataria capitalina ha tenido una estrategia correcta en cuanto a la cercanía con el ciudadano se refiere, lo cual, debe ser tomado en cuenta por los políticos de ahora, desde el punto de vista pragmático. Lo anterior, se refuerza también desde la perspectiva jurídica, pues con la expedición de la Ley, el ciudadano cuenta con esquemas que le permiten inmiscuirse o sumergirse en las actividades del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías, al establecerse plataformas digitales, en los que se puede vigilar el ejercicio del presupuesto, este esquema es mejor conocido como “Rendición de cuentas”, uno de los pilares del Gobierno Abierto.
Asimismo, cuenta con un apartado relativo al Gobierno Electrónico, en la que se refuerza el marco normativo existente, eminentemente con la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal y la Ley de Gobierno Electrónico para la Ciudad de México. Estableciéndose en la Ley los principios fundamentales que deben imperar en la ejecución de políticas en esta materia. Con ello, toma en cuenta otro de los temas que componen el Gobierno Abierto.
Sin embargo, el Gobierno Electrónico y el marco normativo impuesto en las normas mencionadas, no es suficiente para la realidad actual de la sociedad y mucho menos, para la ciudadanía que habita la capital. Dentro de la Ley, se establece que ésta solo será aplicable para la Administración Pública capitalina y para las Alcaldías, pero recordemos que estos órganos no son toda la gestión pública, sino que ésta se compone también de los poderes legislativo y judicial y de los organismos autónomos.
El legislador capitalino y el equipo de la Jefa de Gobierno hicieron un esfuerzo enorme por innovar un marco normativo en el que se visualizara la apertura gubernamental y sí, es de aplaudir. Pero, la Ley queda a deber, éste solo fue el primer paso.
Por ejemplo, el Estado de Puebla y el Estado de México han creado leyes innovadoras en materia de Gobierno Digital, en la que se establece como sujetos de dichas leyes a los tres poderes y a los organismos autónomos, creando Consejos en los que se toman decisiones consensuadas para la consolidación de políticas que permitan crear un Estado de Derecho Digital, hacia allá tiende todo el mundo.
Ahora, hay que revolucionar la visión del Gobierno Abierto, para establecer esquemas de los que participen todas las instituciones públicas, pero aún hay mucho por hacer para llegar a esta meta. Se tienen que abarcar y estudiar todos los temas que lo componen, ya que no solo toma en cuenta al Gobierno Electrónico, a la Rendición de Cuentas o a la Mejora Regulatoria. Por supuesto, todo esfuerzo se agradece, pero al ser el Derecho una ciencia social, es una disciplina dinámica que tiene que actualizarse constantemente. La Ciudad de México ya dio el primer paso, ¿qué entidad tendrá un Gobierno Abierto 2.0?
La pregunta que queda en el aire es: ¿quién se atreve?
