Una promoción jurídica puede parecer a simple vista perfecta y técnica, aunque esté construida sobre una jurisprudencia que no existe, sobre preceptos legales inexistentes o sobre una lógica complaciente para la parte firmante. Sin duda, esta es una de las paradojas más preocupantes de la inteligencia artificial aplicada al Derecho. La IA genera textos muy bien ordenados, técnicamente convincentes, y, sin embargo, pueden estar rotundamente equivocados.
The Economist publicó recientemente un artículo sobre una práctica que ya es conocida como vibe lawyering. Esta expresión, aunque provocadora, alude a ciudadanos que, utilizando herramientas de inteligencia artificial, deciden representarse a sí mismas sin apoyo de abogados, o que cuestionan el consejo de éstos con una seguridad legal que antes no tenían, seguridad que no proviene del estudio, esto es, no del conocimiento real del tema, sino de lo que la IA les ha arrojado.
El fenómeno no consiste simplemente en usar inteligencia artificial para apoyarse. Eso ya lo hacen muchos abogados, despachos, estudiantes y operadores jurídicos. El punto delicado del vibe lawyering es otro: usar la IA como si fuera criterio jurídico suficiente, sin entender del todo sus límites, sin verificar las fuentes y sin medir las consecuencias procesales de lo que se presenta ante una autoridad o un tribunal.
La inteligencia artificial está cambiando la forma en que los abogados trabajan, pero no solo eso, está modificando además la relación de los ciudadanos con el conocimiento jurídico. Antes, el Derecho por su naturaleza técnica imponía barreras difíciles de cruzar: lenguaje técnico, procedimientos muy formales, precedentes y jurisprudencias no homogéneas, plazos diversos, múltiples requisitos, excepciones, etc. Si alguien no pertenecía al mundo jurídico, es como si le hablaran en chino.
Las cosas han cambiado, hoy cualquier persona puede preguntarle a la inteligencia artificial si tiene dudas respecto a una controversia, pedirle que redacte una demanda, solicitarle crear una estrategia o redactar alegatos para una autoridad. En segundos obtiene una respuesta que se lee como jurídicamente sólida, pero que no necesariamente lo es. Es posible que la respuesta sea correcta, pero también que lo sea de manera parcial o de plano, estar del todo equivocada. Lo complejo es que alguien sin formación jurídica sólida no podrá distinguir entre estás posibilidades.
He aquí el problema: la apariencia jurídica nunca había sido tan fácil de producir. Antes, redactar una demanda exigía dominio del lenguaje legal. Hoy, una persona puede obtener en segundos un documento con aspecto técnico, con precedentes incluidos, argumentos y hasta una estructura procesal aparentemente profesional. Pero una cosa es producir lenguaje jurídico y otra distinta es entender si ese lenguaje sirve para defender bien un caso en su justa dimensión.
The Economist atina al ver este fenómeno como un tema de cambio cultural. Durante años abordamos el derecho de acceso a la justicia desde varias vertientes que incluían la suficiencia de abogados en el campo, sus altos costos y desde la complejidad de la defensa jurídica y de los procedimientos jurisdiccionales. Hoy, aparece un nuevo factor: la inteligencia artificial asistiendo al ciudadano común.
No se trata de un ciudadano necesariamente formado en Derecho, sino de un ciudadano con una herramienta que le permite introducirse al lenguaje del Derecho. Esa diferencia es significativa. El problema no es que las personas quieran entender sus derechos, eso es deseable. El problema surge cuando esa orientación preliminar se transforma en una falsa certeza, y cuando esa falsa certeza termina reproducida con convicción en escritos, demandas, promociones o recursos que el sistema judicial procesará.
La llegada de la IA en los términos descritos es ya innegable. Por ejemplo, Courtready, una plataforma canadiense de tecnología legal, encontró que tribunales canadienses identificaron 79 resoluciones inexistentes tan solo en lo que va del año 2026, frente a siete detectadas en 2024. La misma fuente reporta que la mayoría de esas falsas referencias provenía de ciudadanos que se representaban a sí mismos. En Estados Unidos, un estudio de Anand Shah y Joshua Levy encontró que, en casos de ciudadanos que litigan sin asesoría legal, el volumen de actuaciones procesales incrementó considerablemente desde la llegada de la inteligencia artificial. Reuters también ha documentado el aumento de ciudadanos que acuden a los tribunales con apoyo de herramientas como ChatGPT o Grok, muchos de ellos en razón de que no cuentan con recursos para pagar abogados.
Este dato resalta porque muestra que el vibe lawyering no sólo genera errores en el plano individual, sino que puede incluso alterar el comportamiento del sistema de justicia. Si cada vez más y más personas presentan escritos más largos, con más argumentos, más promociones y generando más resistencia a aceptar salidas negociadas, entonces el costo que la IA tiene para el justiciable podría trasladarse además a los tribunales.
Seamos prudentes, no todo aumento en el número de demandas debe leerse como un reflejo de más justicia. Ciertamente, en ocasiones sí significa mayor acceso, pero en otras ocasiones, significa más ruido (por ejemplo, más demandas improcedentes o innecesarias). En otras palabras, en ocasiones este aumento significa que personas que antes no tenían la manera de demandar, ahora pueden hacerlo. Pero también puede significar que alguien, creyendo ciegamente en la respuesta de la IA, decide llevar a juicio un asunto sin viabilidad, presentar escritos impropios o resistirse a una solución razonable y legal.
Existe al momento una tendencia en la inteligencia artificial que no podemos dejar de atender, la IA no responde necesariamente con prudencia institucional. Si el usuario le pregunta si existe una posible acción legal, la IA encontrará e incluso forzará una. Si se le pide fortalecer una demanda, lo hará. Si se le solicita una demanda más contundente, dará una respuesta más larga y directa. Esa lógica puede ser útil cuando ya se cuenta con argumentos legalmente revisados, pero es demasiado riesgosa cuando se anula el criterio de un profesional.
Lo más delicado a mi parecer no es la alucinación artificial, a fin de cuentas, una cita inexistente puede detectarse. El riesgo real es la sobreconfianza. La IA no sólo redacta, también alienta, le da forma jurídica a una inconformidad, le pone tono de certeza y puede hacer que una persona se sienta demasiado segura respecto a algo de lo que no debería estarlo a ese nivel, se generan entonces expectativas falsas, luego viene la frustración ante lo impróspero de la estrategia artificial y por ende se reafirma y profundiza la desconfianza hacia el sistema.
Los operadores jurisdiccionales, sabemos que el Derecho no se concibe como la mera acumulación de argumentos. El Derecho requiere de criterio, de técnica, de oportunidad y de estrategia. Un buen abogado no es quien escribe todo lo que se le ocurre, sino quien sabe qué hay que decir, cuándo decirlo y qué argumentos es mejor dejar por fuera. A veces, el mejor consejo jurídico consiste en evitar un juicio largo y optar, por ejemplo, por un mecanismo alternativo de solución de controversias.
La inteligencia artificial hará más visible la distinción en comento. Los argumentos repetitivos perderán valor. La tarea de localizar precedentes, de resumir expedientes, de narrar cronológicamente hechos y hasta el generar los primeros borradores de un escrito, no serán ya grandes habilidades diferenciadoras para los abogados. No estoy diciendo que los abogados desaparecerán, sino que el abogado tradicional irá mutando hacia uno que cuya habilidad principal no es el redactar sino el diagnosticar un asunto cono conocimiento.
Diagnosticar implica comprender el conflicto, medir riesgos, distinguir hechos relevantes de emociones que no trascienden en el caso (e incluir a las que sí), anticipar consecuencias y en el saber explicar con ética a sus clientes cuando un asunto no tiene futuro en tribunales. El nuevo abogado debe saber escuchar. Muchas controversias llegan a juicio porque nadie explicó a tiempo, nadie contestó con claridad o nadie abrió un espacio para hablar.
Esta será quizá la mayor diferencia entre el abogado y la herramienta. La IA puede ordenar hechos, pero no siempre comprende el conflicto. Puede redactar una demanda, pero no necesariamente sabe si conviene presentarla. Puede fortalecer una postura, pero no siempre sabe cuándo esa postura está cerrando una salida mejor.
Aquí los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen mucho que ofrecer. Si la inteligencia artificial sólo sirve para producir escritos más largos, demandas e incluso armar más razones para oponerse a la contra parte, endureciendo los conflictos. Si la utilizamos para que nos ayude a explicar riesgos, hacer más comprensible el lenguaje jurídico, preparar negociaciones e identificar intereses, la IA nos ayudará a prevenir juicios innecesarios.
Visto así, la inteligencia artificial podría convertirse en una fábrica de litigios o en una herramienta de solución temprana de conflictos. La diferencia no está en la máquina, sino en el diseño institucional y en la forma en que abogados, autoridades, tribunales y centros de mecanismos alternativos decidamos utilizarla.
México puede anticiparse. Es posible trabajar en criterios sobre verificación de fuentes, transparencia, responsabilidad profesional, capacitación para operadores jurídicos y orientación ciudadana. Hay que entender que una respuesta generada por IA no equivale a una asesoría jurídica profesional, está lejos de serlo, aunque sea muy útil a nivel orientador.
También sería conveniente pensar en herramientas institucionales que no sólo ayuden a redactar demandas, sino también a comprender las opciones existentes. Un asistente jurídico responsable no debería limitarse a producir escritos. También tendría que explicar riesgos, advertir límites, señalar vías de orientación, canalizar a defensorías o abrir la posibilidad de un mecanismo alternativo cuando el conflicto lo permita.
Pero también necesitamos formar abogados con una nueva manera de pensar. Que usen tecnología, sin que confundan velocidad con calidad. Que sepan litigar cuando sea necesario y negociar cuando sea más inteligente y favorezca los intereses de sus clientes. Que entiendan que el acceso a la justicia no implica presentar muchos escritos largos, sino que consiste en construir mejores caminos para resolver los conflictos de fondo.
Por eso el futuro no será de los abogados que insistan en competir con una máquina en términos de velocidad, mucho menos del que desprecie a la IA por orgullo profesional. Será de quien sepa darle a la tecnología el lugar que le corresponde, el de una herramienta más, sin conciencia jurídica, pero que sirve de apoyo, de puente, y no como una fábrica automática de conflictos.
El denominado vibe lawyering no es un término de moda lingüística, creo que es una advertencia que debemos saber leer. Nos indica que la ciudadanía ya no depende por completo de abogados para entender el Derecho. Aquí se abre una etapa más democrática en el ejercicio de la profesión, pero con un riesgo muy presente, el de producir una justicia aún más saturada, estridente y desconfiada.
El futuro dependerá de la respuesta institucional. Porque el buen litigar no consiste en redactar perfectamente una demanda, sino radica en el comprender qué conflicto merece un juicio, cuál puede resolverse mediante el diálogo y cuándo la mejor defensa consiste en ayudar a una persona a tomar la mejor decisión, no solo desde el punto de vista legal, sino en sentido integral y viendo el futuro a mediano y largo plazo.
La inteligencia artificial puede redactar tanto como se lo pidamos pero todavía no ha aprendido a hacerse responsable de las consecuencias humanas de sus malos consejos.
