foro jurídico autonomía e independencia de poderes y democracia

Ampliar el mandato del presidente de la SCJN pone en riesgo el sistema democrático y equilibrio entre poderes

Diputadas, diputados, ministros en retiro, juristas y especialistas externaron comentarios respecto a los alcances de la afectación a la legitimidad del Poder Judicial en el eventual caso que al Artículo Décimo Tercero Transitorio de la reforma al Poder Judicial de la Federación llegue a aplicarse y cómo trasciende para el principio de paridad de género en el sentido de que postergaría la posibilidad de que el más alto tribunal del país pueda ser presidido por una mujer.

Durante su participación en la mesa de discusión del seminario “Autonomía e Independencia Judiciales, División de Poderes y Democracia”, los participantes plantearon las consecuencias de avalar que desde una norma inferior se supere y se contradiga el contenido de una norma constitucional, o bien que en el eventual caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la avale, establecer cuáles serían las consecuencias para su papel como tribunal constitucional en sus determinaciones futuras.

En su participación, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) afirmó que “estamos decayendo muy rápidamente en un tono, en un talante de la política, propio de la toma del poder por una dictadura”. Pidió de los legisladores una actitud constitucional, porque también son garantes de la Constitución “y la hemos violado”.

Por su parte, José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro enfatizó que la autonomía judicial es una precondición del ejercicio democrático y perderla o vulnerar la independencia de sus miembros, es un anticipo a un descarrilamiento a las funciones ordinarias de la propia democracia.

Agregó que el Artículo Décimo Tercero Transitorio es claramente anticonstitucional y el ejercicio legislativo al introducirlo daña la autonomía al Poder Judicial porque es el Presidente de la República quien determina la duración del mandato del presidente de la SCJN, “al ser el líder político y moral de esas mayorías; sí, hay una indebida intromisión”, destacó.

Mientras que Leticia Bonifaz Alonzo, integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), expresó su preocupación al “sistemático ataque generalizado a los jueces, porque es diferente la crítica que uno puede hacer a un juez en particular, a estar sistemáticamente atacando a quien tiene formación, designación y sistema de carrera judicial, lo que hace que garantice su independencia”.

Diego Valadés Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que “es necesario pensar en los efectos locales que puede tener dentro de nuestro propio país esta retórica y esta ofensiva al sistema judicial porque el caciquismo no ha sido desterrado de nuestro país”. Enfatizó que se debe revisar el procedimiento legislativo sobre las reservas que se presentan sobre una reforma porque este sistema que se tiene del desechamiento de las reservas, sin que haya ninguna deliberación ni justificación, da lugar a que tengamos episodios como el actual.

En su intervención, la presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Claudia de Buen Unna, comentó que la división de poderes obedece a un tema de contrapesos, el cual se está pretendiendo diluir, “los mensajes que se reciben por parte del Ejecutivo son preocupantes porque se amenaza a los jueces y abogados para cumplir con sus tareas, mandando una señal equivocada que pone en tela de juicio la independencia de la Suprema Corte”.

[Te puede interesar: Inconstitucionalidad del Artículo Décimo Tercero Transitorio y la Independencia del Poder Judicial]

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