México es el país más corrupto de la OCDE y tiene 15 ciudades catalogadas como las más violentas del mundo, estos titulares de periódicos a nivel nacional e internacional parecen no tener un final feliz, por lo menos no uno cercano.
Tan solo el mes de enero de 2019 se registraron 2,853 víctimas de homicidios dolosos, es decir, en promedio 92 personas al día son asesinadas en México, a su vez se incrementaron los delitos de feminicidio y secuestro respecto de diciembre de 2018, y si la tendencia sigue en aumento, tristemente romperemos el récord de 33,000 muertes que se llevó el 2018.
La SEDENA desde abril de 2014 oculta información sobre el número de civiles que resultan heridos o pierden la vida en los operativos que se llevan a cabo, esto pese a que efectivamente se cuenta con las estadísticas como lo señaló Luis Cresencio Sandoval, durante su participación en las audiencias publicas de la Guardia Nacional en enero pasado.
Según datos recabados por Open Society Justice Iniciative en “La corrupción que mata” la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) informó que en 2016 se iniciaron 37 investigaciones contra militares sospechosos de cometer desapariciones forzadas, pero solo ha habido tres condenas al respecto[1], y el NY times señaló que de las 4000 denuncias por tortura revisadas por la entonces PGR desde 2006, solo 15 han terminado con una condena.
A su vez el New York Times señaló en 2016 que “Un estudio sobre las guerras desde finales de los años setenta del Comité Internacional de la Cruz Roja encontró que en la mayoría de los escenarios de combate entre grupos armados por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.
En México la cuenta es a la inversa: el Ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere.”
Para su fuerza de élite, la Marina, la discrepancia es aún más pronunciada: según sus propios datos, mata a 30 combatientes por cada uno que hiere”. [2]
Existen indicios que cárteles sobornaban a fiscales federales en Tamaulipas para abstenerse de investigar los crímenes que perpetraban, esto sale a la luz luego de que un exempleado de la PGR admitiera haber realizado una reunión con un gran numero de autoridades locales, estatales y federales para informarles que, desde aquel momento, el cartel estaba a cargo del estado y que ellos distribuirían sobornos a todas las dependencias gubernamentales para garantizar la NO intervención en sus actividades.[3]
En Guerrero, el GIEI señaló que el crimen organizado tiene “presencia permanente” en al menos 65 de los 81 municipios del estado.
Así podríamos enunciar distintos estados de la República, pero ello no servirá de nada si no caemos en cuenta que la CORRUPCIÓN MATA, esa corrupción que con frases sería algo como “ponerse guapo, “ayúdame a ayudarte”, “Lo dejo a su criterio”, “¿Cómo nos arreglamos?”, “Con dinero baila el perro”, “No importa que robe, pero que salpique”, “No quiero que me den, sino que me pongan donde hay”, “Un político pobre, es un pobre político”, “El que no tranza no avanza”.
El día
que reconozcamos que somos los mismos mexicanos los que fomentamos con estas
acciones que la corrupción sea vista como “cultura”, ese día estaremos en
oportunidad de cambiar al México que todos queremos, próspero y seguro.
[1] Justicia olvidada, págs. 16 y 18. No es claro el número de cargos presentados en cada una de las 37 investigaciones. De hecho, de las 16 condenas civiles identificadas en el informe, los autores solo pudieron obtener la versión pública de 12 de ellas. Como señala la WOLA, “hay falta de transparencia sobre los soldados que han sido condenados en el sistema de justicia civil por haber cometido delitos y violaciones a derechos humanos. Esta información no es pública y se encuentra perdida entre los cientos de miles de casos que cada año se juzgan en el Poder Judicial de la Federación”, pág. 17.
[2] https://www.nytimes.com/es/2016/05/26/la-letalidad-desproporcionada-de-las-fuerzas-armadas-genera-preocupacion-en-mexico/
[3] Juicio a Cessa vol. 2, 119:6-120:15, 121:25-122:10, 126:20-127:8 (testimonio de Carlos Hinojosa). Más tarde, Carlos Hinojosa abandonó la Fiscalía y se unió a un cártel, finalmente, se declaró culpable en los Estados Unidos de conspiración para traficar drogas y lavar dinero y fue sentenciado a 24 años de prisión, lo que constituyó una reducción de la recomendación original debido a su cooperación.
