Entrevista con el Magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, Director Nacional 2020-2021 de la JUFED.
“Las y los juzgadores resolvían y cuando sus fallos eran contrarios al gobierno, eran hostilizados públicamente. A la par éramos blanco de una narrativa de ciertos actores políticos empoderados que buscaban debilitar al Poder Judicial como contrapeso democrático a través de denostaciones sin fundamento sobre una supuesta corrupción generalizada.”
FORO JURÍDICO (FJ): Magistrado, sabemos que concluye su gestión al frente de la Directiva Nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), sin duda marcada por decisiones históricas no solo en representación, sino en defensa de la autonomía judicial. ¿Cómo encontró las cosas a su llegada en 2020?
Ariel Alberto Rojas Caballero (AARC): La situación era sumamente compleja al propio interior del Poder Judicial de la Federación, pero al mismo tiempo el contexto exterior se distinguía por ser particularmente hostil hacia las y los juzgadores y sus garantías judiciales, como nunca antes. No podemos soslayar que éstas son el pilar fundamental de la independencia judicial.
Resalto esta complejidad porque la nueva Directiva Nacional que yo he venido encabezando con mis compañeros, debía tomar acciones contundentes porque también percibíamos el reclamo ciudadano de ser garantes de la constitucionalidad de la vida pública y la defensa de los derechos humanos. El reto era inédito.
Las y los juzgadores resolvían y, cuando sus fallos eran contrarios al gobierno, eran hostilizados públicamente. A la par éramos blanco de una narrativa de ciertos actores políticos empoderados que buscaban debilitar al Poder Judicial como contrapeso democrático a través de denostaciones sin fundamento sobre una supuesta corrupción generalizada.
Tomaron acción presentando iniciativas de reformas constitucionales y legales que francamente desaparecían a un contrapeso democrático, bajo el argumento de que era necesario “darle una sacudida al Poder Judicial”. Y para hacer las cosas más complejas, el diálogo con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) estaba prácticamente roto.
FJ: ¿Qué acciones emprendieron para enfrentar estas complejidades?
AARC: Lo primero fue consolidar un extraordinario equipo con las magistradas, magistrados y jueces de la Directiva Nacional y con las dirigencias regionales, con los que compartimos una visión común y estructuramos estrategias específicas.
Este esfuerzo no podía hacerse si no estructurábamos una verdadera política de comunicación social, abriéndonos a diferentes actores políticos y sociales, con los que nunca se había establecido un diálogo.
Modernizamos nuestra imagen y nos adueñamos de la conversación. Emitimos nuestros propios comunicados, difundimos nuestras sentencias con impacto en los derechos humanos y rescatamos el derecho de las y los juzgadores a defender su autonomía públicamente, sin que ello implicara prejuzgar.
“Modernizamos nuestra imagen y nos adueñamos de la conversación. Emitimos nuestros propios comunicados, difundimos nuestras sentencias con impacto en los derechos humanos y rescatamos el derecho de las y los juzgadores a defender su autonomía públicamente, sin que ello implicara prejuzgar.”
Nos vinculamos a la sociedad y dialogamos con la sociedad civil y la academia a través de nuestro propio programa “Diálogos con la Judicatura” en nuestro propio Canal de YouTube, donde además pusimos a disposición de la ciudadanía una importante cantidad de conferencias, talleres, seminarios y otros eventos, impartidos por las personas juzgadoras federales. Gracias a estas medidas tenemos hoy una fuerte presencia en redes sociales, en revistas especializadas y en medios de comunicación.
Realizamos y difundimos estudios específicos sobre la Judicatura Federal. El primero de ellos fue sobre la percepción de la calidad de los servicios que prestan los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito y los Centros de Justicia Penal, recopilando los que había realizado el Consejo de la Judicatura Federal de 2015 a 2019 a través de 66,429 encuestas realizadas con los verdaderos usuarios del servicio público de Administración de la Justicia Federal.
Los resultados de dichas encuestas son sorprendentes dado que se coincide en la gran calidad de los servicios que se prestan, el grado de preparación del personal y la insignificante percepción de corrupción. También hicimos una recopilación de los estándares internacionales aplicables para la defensa de la judicatura que fueron muy importantes en nuestra presencia en el Poder Revisor de la Constitución y en el Congreso de la Unión, con motivo de la reforma judicial.
FJ: ¿Lograron revertir esta narrativa?
AARC: Sin duda. Construimos un posicionamiento público y cambiamos la percepción reputacional. Antes, las únicas noticias sobre la judicatura eran las destituciones, y nosotros empezamos a comunicar mejor sobre nuestras resoluciones y el impacto positivo en la defensa de lo derechos humanos de las personas, como el caso de la vacunación, la protección del personal sanitario, los tratamientos oncológicos, las tierras de las comunidades indígenas, casos graves de discriminación, por citar algunos temas. Eso nos permitió entablar nexos académicos con investigadores en temas judiciales, con editorialistas, columnistas, asi como con senadores y diputados federales.
Conocieron nuestros estudios y organizamos diálogos para dar a conocer lo que hace la Judicatura Federal, su impacto en la vida de las personas, la realidad de la situación de la corrupción, que es un fenómeno marginal –intolerable, ciertamente–, pero que desde hace tiempo se combate con eficiencia en el Poder Judicial de la Federación, a través de normas, políticas públicas y acciones contundentes, no es algo nuevo.
Por cierto, existe un recomendable estudio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey que destaca al Poder Judicial de la Federación como la mejor institución del Estado Mexicano en el combate a la corrupción.
FJ: Un punto de toque fue la presentación de la iniciativa del Ejecutivo de reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, que retomó la elaborada por la presidencia de la Suprema Corte.
AARC: Así es, y ciertamente insistimos con los senadores que el Estado Mexicano incurriría en responsabilidad internacional si no se abría la discusión a un proceso amplio y participativo. Recordemos que México ya tenía una recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU y, ante el riesgo, solicitamos otra recomendación al Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, misma que fue atendida. Entonces se convocó a un Parlamento Abierto, donde expusimos nuestros puntos de vista y observaciones que en gran medida fueron aceptados.
FJ: ¿Cuáles eran esos planteamientos?
AARC: Nos concentramos en tres puntos: primero, que no debía desaparecer la facultad de la Corte de revisar los Acuerdos Generales del Consejo. Segundo, que la Revisión Administrativa contra las decisiones más graves en contra de las personas juzgadoras federales debía fortalecerse ya que, como se sabe, es el único medio de impugnación que tenemos frente a determinaciones concretas del Consejo de la Judicatura. Tercero, que la facultad del CJF de concentrar asuntos por temas de relevancia nacional o graves violaciones de Derechos Humanos, debía ajustarse.
Estos elementos tenían una importante lógica que hicieron sentido a los legisladores y fueron atendidos en sus términos. Fue un gran avance. Yo diría histórico, desde la posición de que nunca las y los juzgadores, como Asociación, habían concurrido invitados por su propio peso específico en la ecuación de los actores internos del PJF. Normalmente iban como parte de una representación oficial. Esta vez no fue así. Expresamos con toda libertad, como juzgadores constitucionales, lo que creíamos podría afectar la independencia judicial, pero también fortalecerla.
FJ: Las leyes reglamentarias sin duda eran el otro reto. ¿Cómo gerenciaron esa negociación?
AARC: En diciembre de 2020 recibí una llamada del Ministro Zaldívar; dialogamos y acordamos iniciar una nueva relación de apoyo y cooperación, partiendo de las nuevas realidades y de un camino firme y público ya dado por la JUFED. Se nos ofreció que nuestras propuestas en torno a las iniciativas de leyes reglamentarias serían atendidas, por lo que se integró un grupo de trabajo conjunto, para después presentarlas al Senado, la Cámara de origen. Creo que fue una manera muy estratégica de actuar, tanto del Ministro Presidente como de la JUFED, el ir en conjunto con las posiciones diferenciadas de ambas partes.
“En diciembre de 2020 recibí una llamada del Ministro Zaldívar; dialogamos y acordamos iniciar una nueva relación de apoyo y cooperación, partiendo de las nuevas realidades y de un camino firme y público ya dado por la JUFED.”
FJ: ¿Cómo fue ese proceso, se alcanzaron consensos?
AARC: Integramos un grupo de negociación con el propio Ministro Presidente y el Maestro Arturo Guerrero Zazueta, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo y las magistradas Adriana Campuzano Gallegos y Elba Sánchez Pozos, el entonces Juez Günther Demián Hernández Núñez, Director Jurídico de la Asociación.
La constante en las iniciativas de leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y la de Carrera Judicial era dejar todo a Acuerdos Generales del CJF, que de entrada violaba el estándar internacional y una ventaja es que ya contábamos con los estudios.
En lo esencial, sacamos lo más grave con muchas ventajas frente a la situación anterior de las y los juzgadores federales. Por cierto que todos estos esfuerzos los concentramos en un libro que se llama Reforma al Poder Judicial de la Federación 2021. Juzgadoras y juzgadores federales en defensa de la Independencia que puede descargarse en nuestro sitio web jufed.org.
“La constante en las iniciativas de leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y la de Carrera Judicial era dejar todo a Acuerdos Generales del CJF, que de entrada violaba el estándar internacional y una ventaja es que ya contábamos con los estudios.”
FJ: En otro orden, la pandemia sin duda fue un reto en muchos ámbitos, ¿cómo lo resolvieron?
AARC: La solución fue la vía virtual. No nos detuvimos, seguimos con los programas de posgrado internacionales con la Universidad de Buenos Aires; organizamos dos Congresos Virtuales internacionales, donde tuvimos personalidades que nunca habían estado en un evento organizado en México, como la Juez de la Suprema Corte Norteamericana, Sonia Sotomayor; el Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados; el Presidente y la Vicepresidenta de la Federación Internacional de Magistrados y otras muchas personalidades. Concretamos convenios con Universidades para facilitar estudios de posgrado a nuestros asociados y participamos en muchos eventos para difundir la importancia del Estado Constitucional y Democrático de Derecho, la división de poderes y la independencia judicial, entre muchas otras actividades.
FJ: La JUFED sufrió profundos cambios, ¿cuáles fueron y cómo se lograron?
AARC: Convocamos a una Asamblea General extraordinaria en la que participaron cerca de 300 agremiados presentes y representados, en la que se aprobó un nuevo Estatuto que, entre otras cosas, incorporó la paridad de género, la presencia de la Asociación en toda la República, un Comité de Ética Judicial; lo más importante fue un nuevo sistema de elección para la Directiva Nacional por medio del voto de todas y todos los asociados.
FJ: ¿Cómo es el futuro de JUFED y cuál será su rol en el futuro del país desde su perspectiva?
AARC: Sin duda, dejamos una asociación más fuerte con más de mil agremiados, un reconocimiento nacional e internacional que estimo fortalecerá su labor en la defensa del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Con una relevante presencia comunicacional en diversos sectores de la sociedad, una reputación sólida frente a la academia, las asociaciones y barras de abogados y los medios de comunicación. En resumen, una JUFED empoderada para defender, por sí misma, la independencia de las y los juzgadores federales.
