Como parte de los foros en torno a la iniciativa de la reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo Federal, la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas (ANDD), con la participación del Foro de Constitucionalistas de México, Todas México, Red Nacional de Refugios y Mujer es Más, convocaron al “Foro Nacional. Justicia Pronta y Expedita”, un ejercicio de análisis de la reforma en materia de justicia impulsada por el Ejecutivo Federal, con el fin de generar propuestas para garantizar el acceso a la justicia, el respeto de los derechos humanos, la carrera judicial y la división de poderes, mismas que fueron entregadas a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo y del Senado Ana Lilia Rivera Rivera.
“Se debe pensar en una reforma integral a todo el sistema de justicia, que incluya al ministerio público y sus fiscalías, para asegurar su autonomía y fortalecer sus funciones, que mejore a las policías, la seguridad pública, la justicia cotidiana y restaurativa, la defensoría pública, la atención a víctimas y reparación del daño y el sistema penitenciario, principalmente”: Dr. Elías Huerta Psihas.
Al inaugurar el foro el Dr. Elías Huerta Psihas, Presidente de la ANDD, señaló que se debe pensar no en una reforma parcial al Poder Judicial, sino en “una reforma integral a todo el sistema de justicia, que incluya al ministerio público y sus fiscalías, para asegurar su autonomía y fortalecer sus funciones, que mejore a las policías, la seguridad pública, la justicia cotidiana y restaurativa, la defensoría pública, la atención a víctimas y reparación del daño y el sistema penitenciario, principalmente”.
E Dr. Huerta Psihas puntualizó que la propuesta del Ejecutivo lejos de resolver los problemas en materia de administración e impartición de justicia, los agravará, por lo que se requiere un cambio más profundo y congruente. Es indispensable, también, que se preserve la independencia judicial y la división de poderes.
A pesar de que en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya está aprobada la iniciativa de AMLO y la diversa que presentó en agosto Morena, falta la discusión en el Pleno y es necesario abordar todos los argumentos que advierten los riesgos del proyecto tal cual está siendo discutido. En este artículo retomamos lo más relevante de las exposiciones de los más de 30 académicos, juristas destacados, activistas y periodistas que participaron en el “Foro Nacional. Justicia Pronta y Expedita”.
PODER JUDICIAL
Esta primera mesa fue moderada por el Dr. Huerta Psihas quien puntualizó que la reforma judicial propuesta representa un grave riesgo para la independencia judicial y, por ende, para nuestro Estado de Derecho. Los panelistas coincidieron en que, si bien es necesario mejorar el sistema de justicia, esto debe hacerse fortaleciendo las instituciones existentes y asegurando que los jueces y magistrados sean seleccionados con base en su capacidad y competencia y en sus méritos, no en criterios políticos. La independencia judicial es un derecho de la sociedad, no un privilegio de los jueces, y cualquier reforma que la ponga en peligro debe ser cuidadosamente reconsiderada. Politizar los nombramientos de los juzgadores mediante voto popular, señaló, es convertir a los amigos y aliados del poder en jueces y magistrados, además de abre la puerta a la delincuencia organizada y a los grupos de poder para que escojan a sus jueces. Este modelo no ayudará a que logremos una tutela judicial efectiva en beneficio de toda la sociedad.
Riesgo por la Elección Popular de Jueces y Magistrados
La propuesta de elección popular para jueces y magistrados fue uno de los temas más polémicos discutidos en la mesa y prácticamente todos los participantes la rechazaron. La magistrada Emilia Molina advirtió sobre las graves implicaciones de esta medida, destacando que “sin independencia judicial no podemos hablar de controles de actos de autoridad o de actos autoritarios”. Esta independencia es esencial para garantizar que todas las personas tengan acceso a un juez imparcial que pueda revisar si un acto de autoridad respeta o no los derechos humanos.
Por su parte, la jueza Juana Fuentes expresó su preocupación de que la elección popular de jueces los sometería a presiones políticas, desviándolos de su verdadera función: “Las personas juzgadoras no podemos prometer que una ley sea mejor o peor. Lo que hacemos es aplicar las leyes que el legislativo dice que son las vigentes”. Subrayó que el papel de los jueces es interpretar y aplicar la ley, no hacer campaña para ganar votos, lo que comprometería su imparcialidad.
César Iván Astudillo reforzó estas preocupaciones al señalar que “la reforma podría llevarnos a un sistema judicial en el que los jueces y magistrados estén más preocupados por conseguir votos que por proteger derechos fundamentales”. En este contexto, destacó que la iniciativa representa un riesgo histórico, ya que modificaría radicalmente el equilibrio de Poderes en México, transformando al Poder Judicial en un órgano representativo, lo que podría erosionar la confianza pública en la justicia.
Respecto a la creación de un Tribunal disciplinario, el Dr. Rafael Estrada Michel expresó que debe ser profesional e independiente para garantizar la independencia y la correcta administración de justicia, estableciendo una instancia que revise sus fallos y que estos no se basen en causas subjetivas.
Fortalecer la Carrera Judicial
Otro punto central fue la importancia de la carrera judicial como pilar de la independencia del Poder Judicial. La jueza Juana Fuentes subrayó que “la carrera judicial es un pilar fundamental de la independencia judicial”. Explicó que, a través de un riguroso proceso de selección y formación, la carrera judicial garantiza que los jueces y magistrados estén bien preparados para asumir sus responsabilidades.
El magistrado Froylán Muñoz propuso fortalecer la carrera judicial mediante la creación de una escuela nacional de magistratura que asegure que los jueces y magistrados estén debidamente capacitados. “Es necesario profesionalizar la designación de las ministras y ministros de la Corte para que lleguen los que demuestren tener la mejor preparación y capacidades”. Muñoz también sugirió que el Consejo de la Judicatura Federal debería ser reformado para reforzar su papel en la administración de la carrera judicial y garantizar la independencia de los jueces.
El Dr. Ricardo Amezcua Galán y el Dr. Flavio Galván Rivera coincidieron en la importancia de mantener una carrera judicial, en lugar de convertir a los juzgadores en figuras políticas, lo que afectará la imparcialidad y la calidad de la justicia en México.
La Dra. Emilia Molina señaló que “desaprovechar la experiencia de alrededor de 7,000 personas juzgadoras sería un grave error”. Hizo hincapié en la importancia de mantener y mejorar la estructura existente en lugar de reemplazarla por un sistema que podría carecer de la misma solidez y competencia.
El Riesgo de la Politización del Poder Judicial
La politización del Poder Judicial fue un tema recurrente en las discusiones. El Dr. César Iván Astudillo advirtió que “esta reforma nos está acercando a un error histórico del cual vamos a tardar en salir mucho tiempo”. Señaló que la propuesta podría transformar a los jueces y magistrados en actores políticos, lo que es incompatible con la naturaleza de su función. Según Astudillo, esto cambiaría la esencia del Poder Judicial, pasando de ser un órgano de control a uno representativo, algo que contravendría los principios fundamentales de la Constitución mexicana.
Froylán Muñoz también expresó su preocupación por la influencia política que podría ejercer sobre los jueces, diciendo que “la independencia judicial y la autonomía judicial son principios que se verían gravemente vulnerados”. Resaltó que la división de poderes es esencial para evitar la subordinación de un poder a otro, y que esta reforma podría romper ese equilibrio, conduciendo a un declive del Estado de Derecho en México.
“La independencia judicial y la autonomía judicial son principios que se verían gravemente vulnerados. La división de poderes es esencial para evitar la subordinación de un poder a otro, y esta reforma podría romper ese equilibrio, conduciendo a un declive del Estado de Derecho en México”: Dr. Froylán Muñoz.
Finalmente, la jueza Juana Fuentes mencionó que la independencia judicial “es un derecho de todas las personas, incluso aquellas de grupos minoritarios, y no puede verse reducido alegando cuestiones mayoritarias de elección”. Subrayó que la independencia judicial es un derecho humano fundamental que no debe ser comprometido por intereses políticos o presiones electorales. En ese sentido, el Dr. Rodolfo Chávez de los Ríos subrayó que la reforma no solo compromete la independencia judicial, sino que también podría erosionar el Estado de derecho en México.
Ivonne Melgar Nava destacó la desconexión entre la sociedad y el Poder Judicial, subrayando la importancia de comunicar y explicar mejor el papel de los jueces y magistrados para que la sociedad entienda su función, pero que la reforma debería centrarse en mejorar la impartición de justicia y no en cambiar a las personas que actualmente desempeñan esos roles.
ACCESO IGUALITARIO A LA JUSTICIA
La segunda mesa fue moderada por el Dr. Román Lazcano Fernández, Vicepresidente de la ANDD y Coordinador del Foro de Constitucionalistas de México, quien hizo énfasis en que uno de los grandes temas ausentes en la reforma, relativo al Derecho de Acceso a la Justicia y Tutela Efectiva de los Derechos, es el de las Fiscalías Generales de Justicia, coincidiendo con el Magistrado Raúl Arroyo González en que la preparación, evolución y actualización ha sido más potente y efectiva en el Poder Judicial que en el ministerio público, en términos de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, lamentando la fallida autonomía de las fiscalías, los sistemas periciales obsoletos y las investigaciones improvisadas que producen carpetas débiles que no pasan por la calificación del Poder Judicial.
Además, se subrayó la necesidad de una reforma judicial que no solo transforme las instituciones, sino que también aborde las desigualdades de género y fortalezca el acceso a la justicia en todas las áreas, incluyendo la justicia agraria y penal. Los panelistas coincidieron en que, sin un enfoque integral que considere todos estos aspectos, cualquier reforma judicial estará incompleta y no logrará los cambios profundos que la sociedad mexicana necesita.
Necesidad de Reformar las Fiscalías
Uno de los puntos más destacados de la mesa fue la crítica a la situación actual de las fiscalías en México. José Guadalupe Medina Romero subrayó que la reforma pendiente en las fiscalías es “la gran reforma ausente” que debería ser una prioridad en la agenda legislativa. Argumentó que las fiscalías son fundamentales para la procuración de justicia y que su actual estado de ineficacia y corrupción pone en riesgo el estado de derecho en el país. Según Medina Romero, las fiscalías deben asumir un papel central en la implementación de una política criminológica del Estado mexicano, enfocada en combatir el crimen organizado y la corrupción de manera efectiva.
“Las fiscalías deben asumir un papel central en la implementación de una política criminológica del Estado mexicano, enfocada en combatir el crimen organizado y la corrupción de manera efectiva”: Dr. José G. Medina Romero.
En este tenor, el Dr. Eduardo Castellanos Hernández se centró en la urgencia de implementar nuevas políticas públicas en materia de seguridad y justicia. Subrayó la necesidad de que las reformas consideren la realidad de las fiscalías y su papel en el sistema de justicia, destacando la importancia de un enfoque basado en la eficiencia y la efectividad. En concordancia, el Dr. Bernardo Espino del Castillo señalóla importancia de la selección y capacitación adecuada del personal en la FGR.
Acceso Igualitario a la Justicia en Materia Agraria
La doctora Odilisa Gutiérrez Mendoza destacó la importancia del acceso a la justicia en materia agraria, subrayando que “el acceso igualitario a la justicia en materia agraria es un tema de vital importancia en el ámbito de los derechos humanos y del desarrollo sostenible”. Gutiérrez Mendoza abordó los desafíos que enfrentan las comunidades rurales, especialmente en términos de distancia y recursos limitados, lo que dificulta su acceso a los tribunales. Propuso reformas clave, como la posibilidad de que los abogados representen a los comisariados ejidales en ausencia de estos en las audiencias, y la necesidad de capacitación jurídica en las zonas rurales para que los comuneros entiendan mejor sus derechos y procedimientos.
La Reforma del Poder Judicial y su Impacto en la Justicia Penal
El juez Eduardo Osorio Rosado planteó una crítica a la actual reforma judicial, señalando que “el cambio de la ley no cambia la realidad” y que, sin una transformación en los procesos y en la cultura jurídica los resultados seguirán siendo los mismos. Osorio Rosado enfatizó que la reforma no debe enfocarse únicamente en los aspectos normativos, sino también en fortalecer la formación y la función de las instituciones clave, como las fiscalías y las policías, que son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema penal. Señaló que la falta de capacitación adecuada de los policías y la politización de las fiscalías son algunos de los mayores obstáculos para una verdadera justicia penal en el país.
Mientras que la Dra. Ruth Villanueva Castilleja enfocó su intervención en la necesidad de una reforma integral en el sistema de justicia para menores de edad, advirtiendo que las reformas anteriores han sido un retroceso y proponiendo eliminar la palabra “penal” del artículo 73 de la Constitución, en lo relativo a la justicia para adolescentes, tema que no aborda en ningún punto la reforma del Ejecutivo.
A pesar de las reformas previas en la materia, la implementación del sistema penal acusatorio no ha sido exitosa debido a la falta de formación adecuada de las fiscalías y las policías. Se ha observado un retroceso hacia prácticas inquisitivas y una resistencia al uso de mecanismos alternativos de solución de controversias.
La Perspectiva de Género en la Reforma Judicial
La paridad de género es un tema que la reforma propuesta por el Ejecutivo deja de lado, por tal motivo, en el Foro se subrayó la falta de inclusión y la perpetuación de estructuras patriarcales dentro del Poder Judicial. Las decisiones judiciales muchas veces reflejan un sesgo de género que afecta negativamente a las mujeres, tanto en términos de acceso a la justicia como en el tratamiento que reciben dentro de la institución.
La doctora Cynthia Galicia Mendoza resaltó la importancia de incorporar una perspectiva de género en la reforma judicial. Argumentó que, históricamente, las mujeres han sido marginadas dentro del sistema de justicia, no solo como profesionales, sino también como justiciables. Señaló que “el feminismo es un movimiento de mujeres crítico del Estado” y la falta de perspectiva de género en las sentencias y en la estructura misma del Poder Judicial perpetúa la discriminación y la violencia contra las mujeres. Subrayó que una reforma judicial con enfoque de género no solo mejoraría la vida de las mujeres que forman parte del sistema judicial, sino que también garantizaría un acceso más equitativo a la justicia para todas las mujeres. Planteó que la democratización del Poder Judicial debe incluir una verdadera paridad de género, asegurando que las mujeres tengan acceso a los mismos puestos de poder que los hombres y que sus derechos sean protegidos de manera efectiva por el sistema de justicia.
“Una reforma judicial con enfoque de género no solo mejoraría la vida de las mujeres que forman parte del sistema judicial, sino que también garantizaría un acceso más equitativo a la justicia para todas las mujeres”: Cynthia Galicia Mendoza.
De igual forma, Verónica Ruiz Nava consideró la necesidad de una reforma judicial feminista que considere la igualdad de género en todos los niveles del sistema judicial, desde la capacitación hasta la implementación de políticas internas que apoyen a las mujeres y se atiendan las barreras en el acceso a la justicia, incluyendo violencia de género y discriminación institucional.
JUSTICIA ALTERNATIVA Y RESTAURATIVA, Y PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY
La Dra. Patricia Olamendi Torres, Vicepresidenta de la ANDD, fungió como moderadora de este último panel, estableció el tono de la conversación al resaltar la importancia de avanzar hacia un sistema de justicia que no solo sea más rápido y accesible, sino también más equitativo y centrado en la restauración y el respeto a los derechos humanos. Advirtió que la implementación de la justicia alternativa y restaurativa, junto con un enfoque en la igualdad sustantiva, son pasos esenciales para lograr una justicia que realmente responda a las necesidades de todos los grupos de la sociedad, especialmente los más vulnerables. Los panelistas coincidieron en que, sin estos cambios estructurales y de enfoque, el sistema judicial mexicano continuará fallando en su misión de proporcionar justicia efectiva y equitativa para todos.
La Justicia Alternativa y Restaurativa como Mecanismo Esencial para la Igualdad ante la Ley
Durante la mesa, se destacó la importancia de la justicia alternativa y restaurativa como un mecanismo crucial para garantizar la igualdad ante la ley. La magistrada Zulema Mosri Gutiérrez mencionó que la introducción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales ha sido un cambio significativo en el sistema jurídico mexicano. Señaló que “implicó una nueva metodología para elevar la eficiencia en la impartición de justicia para que responda a la demanda de justicia de las personas, sobre todo de las mujeres”. Esta perspectiva ha permitido un avance en la justicia restaurativa, al abordar las desigualdades estructurales que tradicionalmente han afectado a los grupos más vulnerables, especialmente las mujeres.
El magistrado Sergio Valls Esponda subrayó que “el centro de la reforma y de toda reforma que se pretenda en un sistema de justicia no son ni deben ser las y los juzgadores, el centro debe estar enfocado en las familias, en las personas”. Esto refleja la necesidad de un enfoque más humanista y menos burocrático en la administración de justicia, donde las soluciones se centren en la reparación y la restauración de las relaciones, en lugar de perpetuar un sistema de ganadores y perdedores.
“La implementación de la conciliación es una forma de solucionar conflictos antes de llegar a una instancia judicial, sin embargo, no siempre se están resolviendo los conflictos como se esperaba, lo que genera una mayor carga de trabajo en los tribunales”: JuezaIrma Gabriela Garza Rodríguez.
La Jueza Irma Gabriela Garza Rodríguez habló sobre la justicia alternativa, enfocándose en la implementación de la conciliación como una forma de solucionar conflictos antes de llegar a una instancia judicial, sin embargo, no siempre se están resolviendo los conflictos como se esperaba, lo que genera una mayor carga de trabajo en los tribunales.
El principio de Igualdad ante la Ley y su Relación con la no Discriminación
El principio de igualdad ante la ley fue otro tema central en la discusión. La magistrada Yacel Villanueva Pérez habló sobre las distintas dimensiones de la igualdad, subrayando que “el principio de igualdad formal no puede materializarse sin entender la igualdad sustantiva”. La igualdad formal (ante la ley y en la ley) debe ser complementada con una igualdad para evitar que las leyes perpetúen desigualdades estructurales a través de un tratamiento aparentemente igualitario, pero en realidad discriminatorio. En este contexto, la implementación de tribunales especializados en violencia de género en Ciudad Juárez, liderada por la magistrada Villanueva Pérez, ejemplifica cómo la justicia puede adaptarse para atender mejor a los grupos vulnerables, mostrando un compromiso con la igualdad sustantiva y la no discriminación en la práctica.
Por su parte, Julio Eduardo Sancliment Martínez criticó la tendencia a interpretar la ley de manera excesivamente formalista, lo que puede perpetuar la desigualdad en lugar de corregirla. Propuso un enfoque constitucionalista que se base en principios y no solo en reglas, para abordar mejor las desigualdades estructurales. Por su parte, Julieta Lujambio Fuentes recalcó la importancia de la igualdad sustantiva en el contexto de que la justicia debe incluir una consideración profunda de las desigualdades estructurales y cómo estas afectan a diferentes grupos en la sociedad.
Para Rafaella Fontanot Ochoa subsisten desafíos de la Ley 3 de 3 que prohíbe que personas sentenciadas por violencia familiar o delitos sexuales ocupen cargos públicos, subrayó la importancia de la participación ciudadana en la administración de justicia y abogó por una justicia con perspectiva de género. En este sentido, Elvira Morales Pérez destacó que se deben abordar las violencias estructurales dentro del sistema de justicia, se pronunció sobre la necesidad de que las mujeres tengan un papel más destacado en los procesos de toma de decisiones y que el sistema judicial sea más inclusivo y sensible a las desigualdades de género.
Los Retos de la Justicia Pronta y Expedita en el Sistema Judicial Mexicano
Uno de los desafíos más discutidos fue la necesidad de una justicia pronta y expedita. El magistrado Sergio Valls Esponda criticó la lentitud y la burocratización del sistema judicial actual, afirmando que “si hay algo que ha faltado es eso, que la justicia sea pronta y expedita”. Mencionó que, a pesar de los avances legislativos, la implementación efectiva de estos cambios sigue siendo deficiente, lo que afecta directamente a la percepción y eficacia del sistema de justicia en México.
El Dr. Armando Hernández Cruz agregó que “el enfoque de ganadores y perdedores en la administración de justicia no resuelve los conflictos, a veces los agrava más”. Este enfoque tradicional, basado en una lógica adversarial, contrasta con la necesidad de una justicia que busque realmente resolver los conflictos y restaurar las relaciones sociales, en lugar de simplemente emitir veredictos que perpetúan la insatisfacción y la injusticia. Fernando Ojesto Martínez Manzur centró su análisis en el juicio de amparo, a su consideración no cumple con los estándares internacionales como un recurso efectivo debido a su complejidad, inaccesibilidad y los largos tiempos de resolución.
UNA REFORMA JUDICIAL PROFUNDA, ORIENTADA HACIA LA EQUIDAD Y LA JUSTICIA REAL
Claramente los especialistas que participaron en el foro destacaron la urgencia de implementar cambios estructurales y enfoques innovadores para garantizar una justicia más equitativa, eficiente y accesible, sin comprometer la independencia del Poder Judicial ni socavar el estado de derecho. Cualquier cambio debe respetar los principios fundamentales que garantizan una justicia imparcial y autónoma
En conjunto, estas discusiones subrayan que cualquier reforma judicial debe centrarse en hacer de la justicia un proceso verdaderamente inclusivo, donde los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables, sean protegidos de manera efectiva y equitativa. La reforma debe enfocarse en fortalecer las instituciones existentes, mejorar los mecanismos de justicia alternativa, y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean protegidos eficazmente, sin caer en el peligro de la politización de la justicia.
“La reforma debe enfocarse en fortalecer las instituciones existentes, mejorar los mecanismos de justicia alternativa, y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean protegidos eficazmente, sin caer en el peligro de la politización de la justicia.”
Cumpliendo con el principal objetivo del Foro, el pasado 21 de agosto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, recibió de manos de los Doctores Elías Huerta Psihas, Román Lazcano Fernández y la Dra. Patricia Olamendi Torres las conclusiones y propuestas del “Foro Nacional para la Justicia Pronta y Expedita”. La diputada Guerra Castillo indicó que los turnaría de inmediato a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y a cada uno de los coordinadores de los grupos parlamentarios. Igualmente, las conclusiones y propuestas fueron entregadas a la Senadora Ana Lília Rivera Rivera, presidenta de la Cámara de Senadores, a la Vicecoordinadora del PAN, Senadora Kenia López Rabadán, al Coordinador del PRI, Senador Manuel Añorve Baños, y al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Diputado Ramiro, Robledo Ruíz.
MORENA NO RECULA
En medio de protestas de trabajadores del PJF, el 26 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Juan Ramiro Robledo, avaló en lo general y en lo particular las reformas constitucionales al Poder Judicial, añadiéndose la figura de “jueces sin rostro” para los delitos vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, cuestión que no garantizará el anonimato pues serán electos por voto popular, criticó el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández del PAN.
Estos son algunos de los puntos relevantes de la reforma: se reduce el número de ministros de 11 a 9, se eliminan las dos salas y se reduce el periodo de encargo de 15 a 12 años. Los ministros serán elegidos por voto popular, serán relevados en 2025, se elimina la pensión vitalicia y habrá un ajuste al tope máximo del sueldo recibido. En contraste, los actuales magistrados electorales permanecerán en su cargo hasta 2027, Robledo justificó que es para resolver las impugnaciones que surjan de las elecciones del Poder Judicial del 2025. Se elimina el Consejo de la Judicatura Federal y se crea un órgano de administración y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Se establecen plazos máximos para la resolución de casos fiscales y penales, con sanciones para los órganos que no cumplan. Menciona que los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) comenzarán sus funciones el 1 de septiembre de 2025, lo que sugiere que los procedimientos electorales deberían completarse antes de esa fecha para que los magistrados puedan asumir sus roles.
En tanto que en amparos las sentencias que resuelvan la inconstitucionalidad de una norma no podrán tener efectos generales, limitando así el alcance de estas decisiones. En controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad no procederá la suspensión de la norma impugnada al admitir estas controversias, lo que implica que las leyes continuarán en vigor durante el proceso judicial. Además, se establece que las decisiones de la Suprema Corte deben respetar el equilibrio de poderes y no interferir con la labor legislativa.
La discusión en Pleno se espera en las primeras sesiones de la nueva legislatura que entra en vigor el próximo 1º de septiembre. Con la sobrerrepresentación avalada por el Instituto Nacional Electoral y la ratificación del Tribunal Electoral, poca esperanza existe de que la reforma sufra cambios de fondo (tal como lo prometieran los legisladores morenistas) como los que se han analizado en este foro y en muchos otros que se realizaron a la par de los organizados por el legislativo dominado por el oficialismo y que fueron calificados como una simulación.
Nuevamente, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, insistió en la preocupación por las “amplias” implicaciones para la independencia judicial en todo México. Mientras que los embajadores de Estados Unidos y Canadá expresaron las preocupaciones de los inversionistas por esta y otras reformas del Gobierno, como la eliminación de órganos reguladores autónomos, lo que ocasionó el enojo del presidente y puso “una pausa” con las embajadas de esos países. Además, calificadoras y entidades financieras como Fitch, CitiBanamex o Morgan Stanley, han alertado también sobre el riesgo de aprobar ésta y otras reformas.
“La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, insistió en la preocupación por la reforma judicial por las amplias implicaciones para la independencia judicial en todo México.”
Estamos ante la conclusión de una era de la democracia mexicana, de la división de Poderes y de la independencia judicial. Hacemos votos para que los cambios no generen, como ha sido ampliamente advertido, una crisis institucional en el acceso a la justicia y una afectación negativa en materia económica. En conjunto con las iniciativas que pretenden desaparecer los órganos autónomos, veremos un final e inicio de sexenio muy acelerado, incierto y autoritario.
