La problemática de inseguridad constituye uno de los principales desafíos para el Estado mexicano respecto de la demanda de seguridad y justicia. Como respuesta recurrente a esta situación se han adoptado medidas legislativas punitivas sin que se adviertan resultados tangibles.
La eficacia de una política criminal exitosa no depende de la severidad de las penas o de un catálogo ampliado de conductas a sancionar, sino de la capacidad institucional del Estado para garantizar una aplicación adecuada de las mismas; es decir, si la norma penal no es acompañada del fortalecimiento de capacidades...
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