En esta ocasión, hablaré del fenómeno de la corrupción desde la óptica de su estructura criminal centrada en una problemática externa y no sólo como un problema que México padece. Defino la corrupción como actuar de manera paralela al marco legal, obteniendo un beneficio de cualquier índole, ya sea presente o futuro a cambio de favores por parte de quien ejerce atribuciones de autoridad o privada.
“La corrupción en nuestro país consta de múltiples facetas y fuentes, gran parte de ellas están relacionadas con factores socioeconómicos y políticos que han sido tolerados por una falta de estado de derecho e impunidad judicial.”
Desde la perspectiva del marco jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 113 señala la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, no considero conveniente abordar el tema del propio Sistema debido a que a la fecha no ha sido utilizado y se encuentra en desuso. Cabe señalar que en México el combate a la corrupción lo han llevado a cabo instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Presidencia de México por medio de la información y denuncias que presentan los periodistas durante las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tratándose de casos de lavado de dinero, que en el mayor de los casos van aparejados de actos de corrupción en su modalidad de soborno y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que depende de la Cámara de Diputados.
La corrupción en nuestro país consta de múltiples facetas y fuentes, gran parte de ellas están relacionadas con factores socioeconómicos y políticos que han sido tolerados por una falta de estado de derecho e impunidad judicial. Para contrarrestar estas prácticas y no siendo suficientes los mecanismos legales existentes, en 2016 se creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ordenamiento importante que ya no sólo sanciona a los Servidores Públicos sino también a empresas particulares imponiendo la obligación a estas últimas de contar con una política de integridad. Por su parte, la antigua Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente sólo opera sancionando la parte del juicio político, dejando sin efectos el resto del cuerpo legal.
¿En qué momento la corrupción se convirtió en una problemática aún más grande y compleja de combatir? La respuesta a la pregunta anterior se divide en dos puntos: el primero tiene que ver con que dejamos que las prácticas de corrupción crecieran y tomaran el control de cada espacio público donde el gobierno ejerce sus funciones, volviéndose una forma de vida el tener que pagar un impuesto adicional al ya erogado al gobierno por poder ejercer lo que en derecho nos corresponde a los ciudadanos y empresas.
El segundo punto se trata de una problemática aún más compleja que la anterior, es decir, el fenómeno de la corrupción dejó de ser una cuestión local y adquirió un carácter transnacional, se trata de un delito que rebasa fronteras y ahora se maneja también por medio de redes estructurales, ¿Qué quiero decir con esto?, anteriormente la corrupción se daba por medio de estructuras piramidales y jerárquicas subordinadas, entre autoridades y éstas con los particulares, el de arriba ordenaba a los de abajo llevar a cabo sobornos y extorsiones a cambio de permisos o autorizaciones, a su vez, el dinero iba pasando de mano en mano hasta llegar a la cabeza de la organización. Por su parte, los particulares que obtenían el beneficio de la autoridad gozaban de permisos que ésta le brindaba a cambio de dinero o beneficios atractivos, ya sea presentes futuros o de cualquier índole.
Con respecto a que la corrupción ahora se da en redes de vínculos, las relaciones entre beneficiarios de favores y permisos no precisamente deben tener una relación de negocios directa, existen esquemas muy bien estructurados que atacan a gobiernos débiles o sistemas judiciales que terminarán favoreciendo a todo un sector económico de un país o población para obtener los beneficios legales a futuro. A diferencia del esquema antiguo de corrupción donde elaboraban el plan de negocios ilícito con las autoridades involucradas y por medio de él se beneficiaban distintos participantes, ahora estos jugadores ni siquiera se conocen, simplemente participan con una parte del dinero, se comunican con los nodos de las redes y cada quien hace su parte. Esto quiere decir que una vez que se lleva a cabo la tranza, se reparte la ganancia o favor de acuerdo a lo pactado y probablemente nunca se vuelvan a ver.
“En la actualidad, las relaciones entre beneficiarios de corrupción no tienen una relación de negocios directa, existen esquemas muy bien estructurados que atacan a gobiernos débiles o sistemas judiciales que terminarán favoreciendo a todo un sector económico de un país o población para obtener los beneficios legales a futuro.”
Ante estos esquemas de total anonimato, la policía, las fiscalías y las Unidades de Investigación Financieras no pueden rastrear con la misma velocidad una denuncia o investigación de oficio, ya que el esquema se fracciona tanto y tan rápido que se vuelve prácticamente imposible localizar al beneficiario real de los negocios ilícitos. El problema de las redes transnacionales en la corrupción y en prácticamente cualquier delito es que la territorialidad y la soberanía de otros estados (países) no permiten que la investigación se mueva con la misma celeridad con la que lo hacen los delincuentes. Este es un esquema que, si bien no es nuevo para efectos de delitos de carácter económico, se ha profesionalizado y ha sido prácticamente imposible de erradicar.
Para atacar la problemática anterior, es necesario mejorar la cooperación entre instituciones acelerando los tiempos de intercambio de información y detenciones en los casos de corrupción. Por su parte, en México existe una apuesta de la Dra. Claudia Sheinbaum sobre la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, organismo que pretende fortalecer la vigilancia dentro de las dependencias del gobierno federal, especializándose por materia para poder detectar el problema y sancionarlo. Llama la atención que no se trata sólo del cambio de nombre de la Secretaría de la Función Pública, sino de un organismo que depende directamente de la oficina del Ejecutivo Federal, esto irá respaldado por una iniciativa con carácter de reforma constitucional para incluir en la Constitución el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción y buena administración pública.
“La Dra. Claudia Sheinbaum propone la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, organismo que pretende fortalecer la vigilancia dentro de las dependencias del gobierno federal, especializándose por materia para poder detectar el problema y sancionarlo.”
Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y ahora colaborador de Claudia Sheinbaum, detalló que esta Agencia tendrá facultades de investigación basadas en inteligencia financiera, me parece que podría ser un buen complemento a lo que ya desempeña la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Señala además que no pretende sustituir al Ministerio público en lo que hace actualmente la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República.
Además, se pretende crear una Ley que homologue los criterios de persecución de los delitos de corrupción, crear fiscalías especializadas y tribunales anticorrupción, reforzar al notariado público y su vigilancia para evitar la creación de empresas fantasmas. Creo que este sistema puede funcionar de manera adecuada no sin antes advertir que, si el Poder Judicial y las Fiscalías trabajan en colaboración con la Agencia, difícilmente se podrá avanzar en el tema, es tarea de todos mejorar los mecanismos de identificación, investigación y persecución de la corrupción, ya que aún tendremos una agenda internacional que debemos mejorar mediante la cooperación bilateral con distintos países, ataquemos ahora a la corrupción no sólo con un enfoque local, sino con miras a un fenómeno delictivo que ha revolucionado las formas y fronteras entre nuestra política pública de persecución. Cierro diciendo que el enemigo ahora es anónimo y lo que queda es ubicar sus formas de actuación como primer paso de la investigación.
