México atraviesa un momento definitorio de su vida institucional. Lo que se vendió como un proceso de democratización del Poder Judicial ha resultado en la captura más clara de la justicia por parte del Ejecutivo y su partido. Con un Legislativo alineado y un Judicial recién configurado por elecciones de baja participación y alto sesgo político, el mapa de poderes se ha volcado en un solo centro: la presidencia.
La lógica oficial sostiene que con jueces electos por el pueblo se erradicarán el nepotismo y la corrupción judicial. La realidad es que, en medio de abstenciones masivas, boletas nulas y candidaturas vinculadas al partido en el poder, la independencia judicial quedó en entredicho. Lo que debía ser una reforma para fortalecer la democracia devino en un mecanismo para debilitar los contrapesos y consolidar un poder casi sin límites.
La señal hacia dentro y hacia fuera es inequívoca: un país que concentra el poder erosiona sus garantías. Cuando no hay equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el compliance -ese entramado de controles, auditorías y rendición de cuentas- se convierte en una quimera. La corrupción, lejos de combatirse, se institucionaliza bajo nuevas formas, y los casos de impunidad se multiplican porque nadie tiene la capacidad de sancionar al poder central.
Este escenario no es un mero debate académico. Tiene efectos directos en la vida cotidiana y en la economía. Los inversionistas leen la falta de contrapesos como un factor de riesgo; la sociedad observa que la justicia se convierte en instrumento político; y los servidores públicos entienden que lo que prevalece no es la legalidad, sino la lealtad al régimen. El resultado es un círculo vicioso: menos confianza, menos inversión, más corrupción y un deterioro acelerado de la legitimidad institucional.
El pronóstico, desafortunadamente, no es alentador. México no fortalecerá su Estado de derecho en el corto ni en el mediano plazo. La tendencia actual indica que se seguirán debilitando los organismos de control, que la transparencia será más un discurso que una práctica, y que la impunidad seguirá siendo el cemento de la vida pública. Lo que hoy se presenta como un triunfo político se convertirá mañana en una pesada losa para la credibilidad del país, pues un sistema sin contrapesos y sin justicia independiente no puede ni podrá combatir la corrupción de forma efectiva.
En este contexto, México corre el riesgo de convertirse en un referente negativo: un país que, teniendo las condiciones para ser un ejemplo regional en materia de Estado de derecho, decidió caminar en sentido contrario, centralizando el poder y normalizando la corrupción como regla del juego. La oportunidad de ser ejemplar se desvanece y lo que queda a la vista es un horizonte de mayor impunidad, menos libertades y un futuro donde la legalidad seguirá siendo un recurso retórico más que una realidad tangible.
Mientras el mundo desarrollado y altamente comercial se mueve hacia el compliance, la transparencia y las buenas prácticas de gobierno corporativo, México retrocede en dirección contraria. Los países con los que competimos por inversión consolidan sistemas de compras abiertas, fortalecen sus contrapesos judiciales y destinan los recursos públicos con criterios de eficiencia y trazabilidad. Aquí, en cambio, normalizamos la adjudicación directa, debilitamos la independencia judicial y optamos por alianzas ideológicas como los recientes negocios con Cuba, que no generan confianza ni transferencia de innovación, y mucho menos abren mercados competitivos. El costo de esta ruta será inevitable: menor inversión extranjera directa, empresas globales que buscarán destinos más seguros para su capital, y una marca país cada vez más asociada con opacidad y alto riesgo. En un mundo donde el compliance es requisito para integrarse a las cadenas de valor internacionales, México corre el riesgo de autoexcluirse. Y lo más grave es que este retroceso no solo impactará los indicadores de competitividad, sino que también condenará a la economía nacional a un declive paulatino, atrapada entre la impunidad y el aislamiento comercial.
