La falta de castigo hacia casos emblemáticos de corrupción no solo refleja debilidad institucional. También criminaliza la dignidad y alimenta un clima donde lo ilegal se hace cotidiano. Cuando alguien como Emilio Lozoya, símbolo de la impunidad del sexenio de Enrique Peña Nieto, consigue eludir consecuencias reales y gozar de resquicios legales gracias al cabildeo político, el mensaje que se envía a la sociedad es que robar puede ser rentable.
México bajo lupa: No es solo percepción. En el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, México ocupa el lugar 116 de 142 países, con puntuaciones alarmantemente bajas en áreas clave como ausencia de corrupción (puesto 136/142), seguridad y orden (133/142), justicia civil (131/142) y justicia penal (132/142).
La percepción es aún más cruda. El Índice de Percepción de Corrupción 2024 de Transparencia Internacional ubica a México en la posición 140 de 180 países, con una puntuación de apenas 26/100 (100 es el menor nivel de corrupción), el peor desempeño nacional hasta ahora.
Estos datos son un retrato doloroso de lo que ocurre cuando la corrupción no se castiga: se normaliza, se replica y erosiona la confianza en el Estado de derecho.
Contrastemos con Singapur, un país que no dejó la lucha anticorrupción al azar, sino que construyó un sistema robusto basado en cuatro pilares fundamentales: voluntad política, legislación efectiva, una institución autónoma y un poder judicial independiente.
El Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) nació en 1952 y fue fortalecido en 1959 como una agencia independiente que reporta directamente al Primer Ministro. Su estrategia es clara: Detectar, sancionar y disuadir con tolerancia cero: investiga cualquier acto, por menor que sea, e incluso recibe denuncias anónimas.
Esta estructura ha permitido que Singapur sea consistentemente uno de los países menos corruptos del mundo. En el Índice de Percepción de Corrupción, ocupa el puesto 3 de 180 países, con una puntuación de 84/100.
Además, el caso reciente del ministro Iswaran -que fue juzgado, sentenciado y enviado a prisión- demuestra que nadie está por encima de la ley, ni siquiera el poder Ejecutivo.
Cuando en México figuras como Lozoya no son sancionadas, el mensaje es claro: robar tiene consecuencias leves si tienes influencia. Eso nutre la impunidad estructural. En cambio, Singapur demuestra que la fortaleza institucional se construye con leyes firmes, aplicación imparcial y sacrificio incluso de sus élites.
Mientras no reforcemos la eficacia de las denuncias, el debido proceso, los mecanismos de protección y la independencia judicial, seguiremos enviando a la sociedad -especialmente a quienes luchan por la ética -un mensaje equivocado: en México, el silencio sale barato y la corrupción sigue campando.
