La herencia de los gobiernos pasados ha dejado en claro la poca efectividad en el combate a la corrupción y, al mismo tiempo, la inteligencia de la delincuencia organizada para reinventar sus mecanismos. Cada sexenio presume avances, pero la realidad es que la maquinaria del fraude se perfecciona más rápido que las políticas para detenerla.
El huachicol fiscal es el ejemplo más doloroso: un esquema que ha drenado miles de millones de pesos al erario y que no podría existir sin complicidades institucionales. El fraude con factureras, el contrabando de combustibles, las redes de outsourcing ilegal o la subvaluación aduanera no son delitos aislados. Son engranajes de un mismo sistema donde la evasión fiscal y la corrupción pública se entrelazan con la protección de intereses privados.
Según estimaciones recientes de la consultora PetroIntelligence y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
- En 2024, el huachicol fiscal provocó pérdidas por más de 177,170 millones de pesos, lo que equivale a 485 millones de pesos diarios que dejaron de ingresar a las arcas públicas.
- De esa cifra, 124,209 millones correspondieron a IVA no recaudado y 52,960 millones a IEPS perdido.
- Solo en el IEPS de gasolinas y diésel, la pérdida representó alrededor del 44 % de la recaudación total.
- A nivel histórico, entre los sexenios de Peña Nieto y López Obrador, las pérdidas acumuladas superan los 42 mil millones de dólares, lo que equivale a un boquete fiscal que compromete la viabilidad de programas sociales y proyectos de infraestructura.
Estos datos muestran con claridad que el consumo de combustibles no ha disminuido, pero la recaudación sí, lo cual evidencia que el daño pudo haber sido menor si las alertas hubieran funcionado.
El camino para enfrentar esta red no puede limitarse a discursos ni a medidas superficiales. Se requiere regulación estricta y vigilancia directa sobre los gasolineros, quienes representan el último eslabón que conecta al consumidor con la cadena del huachicol. De igual manera, es indispensable identificar y sancionar a los servidores públicos que, por acción u omisión, han permitido la permanencia de estas prácticas. En este país nada ocurre por casualidad: mover millones de dólares en efectivo, triangular recursos y blindar operaciones ilegales solo es posible con la colusión de funcionarios de Hacienda, el SAT, la UIF, las Aduanas, la Secretaría de Marina, así como de empresarios, banqueros y todos aquellos que, de forma directa o indirecta, han participado en estas redes.
Como parte de la solución, se requiere implementar mecanismos de compliance obligatorios para el sector público y para todos los actores de la cadena de suministro de combustibles del sector privado. A ello debe sumarse la automatización de procesos y el análisis de datos, herramientas que permiten detectar patrones irregulares de manera inmediata. Con estas medidas, los resultados podrían ser casi inmediatos. Monitorear en tiempo real la operación de cada gasolinería es posible, pero a pesar del absurdo, no se ha realizado.
Los indicadores de gestión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debieron haber encendido las alertas hace años. La caída sostenida en la recaudación del IEEPS y del IVA, frente a un consumo de combustibles que no disminuyó, era una señal clara de que algo estaba ocurriendo. El daño pudo ser menor de haber reaccionado de forma contundente; sin embargo, se dejó operar el mecanismo por más de seis años. Hoy hablamos de un daño histórico para las arcas nacionales.
El huachicol fiscal no es un error administrativo: es un mecanismo deliberado que funciona porque se le ha permitido operar desde dentro del propio Estado. Basta hacerse una pregunta sencilla: ¿qué pasaría si un ciudadano común dejara de pagar impuestos? El SAT actuaría de inmediato con recargos, multas y hasta embargo de cuentas. ¿Qué ocurriría si un patrón no diera de alta a sus trabajadores en el IMSS o dejara de pagar las cuotas? El Instituto procedería con sanciones, créditos fiscales y clausuras. ¿Qué hacen los agentes aduanales cuando alguien intenta pasar compras no declaradas en un aeropuerto? Revisan, sancionan y confiscan en el acto.
Si para casos individuales y de bajo impacto las autoridades responden con contundencia, resulta absurdo que un mecanismo de miles de millones de pesos en pérdidas fiscales pueda funcionar durante años sin la colusión activa o pasiva de servidores públicos en todos los niveles.
Por ello, este caso debe convertirse en el ejemplo que marque un parteaguas. El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de mandar un mensaje inequívoco: en México la corrupción no se tolera, el Estado de derecho se ha fortalecido y la impunidad se acabó.
Porque al final, la verdadera diferencia entre un gobierno más en la historia y un gobierno que trasciende radica en algo tan simple como aplicar la ley con justicia, sin privilegios y sin excepciones.
