La Semana Nacional de Justicia Alternativa se presentó con un lema limpio: la justicia que escucha también transforma. El miércoles 23 de septiembre, en la mesa de las Casas de los Saberes Jurídicos y del Centro Público de Mecanismos Alternativos del Órgano de Administración Judicial, Manuel Delgado Chu y Daniela Patricia Almirón hablaron de familia. Ahí se vio el problema. En México se está usando “restaurativo” y “terapéutico” como si fueran la misma herramienta con distinta etiqueta. No lo son, y en materia familiar esa confusión sale cara.
Delgado Chu, formador en prácticas restaurativas y director para Latinoamérica del Instituto Internacional Crecer de México, insistió en lo elemental: restaurar es atender el daño y las necesidades de quien lo sufrió, de quien lo causó y de quienes viven con las consecuencias. Almirón, mediadora y conciliadora penal del Ministerio Público Fiscal de Chubut, lo dijo desde el la experiencia del oficio. Una sentencia puede ser correcta y dejar intacto lo que la gente necesitaba para poder seguir. En una casa eso no es un detalle. Es el expediente de todos los días: visitas, alimentos, administración de bienes, quién se queda con los menores de edad el fin de semana, cómo se habla después de que el juez ya no está.
El acuerdo familiar cierra un trámite. No cierra el conflicto. Si se trata como si lo cerrara, el centro de mediación se vuelve mostrador.
Lo restaurativo pregunta qué se rompió y qué se puede reparar sin humillar a nadie. A veces la reparación no es volver a vivir juntos. Es lograr que la entrega de los menores no sea una pelea en el estacionamiento. Lo terapéutico entra en otro terreno: adicción, duelo, depresión, un patrón de gritos que no cabe en un escrito de convenio. Delgado fue claro en un punto que debería colgarse en la pared de cualquier centro público. Una sola junta conciliatoria no cambia un sistema familiar. Almirón coincidió por otra vía. El mediador no es terapeuta. Puede preguntar si hay tratamiento, seguro, red familiar, trabajo, escuela. No puede sentarse a “sanar” a las partes y luego firmar como si eso fuera el mecanismo alternativo.
México no parte de cero. El artículo 17 de nuestra Constitución General ya obliga a prever mecanismos alternativos de solución de controversias. En 2024 se publicó la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para las materias no penales. En penal rige la Ley Nacional, con mediación, conciliación y junta restaurativa. El andamiaje existe. Lo que no existe, o existe a medias, es la disciplina de no mezclar oficios. Al inicio de esa misma Semana, Beatriz Casas Arellanes, titular de Casas de los Saberes Jurídicos, informó que en 2024 se atendieron 228 mil 11 asuntos por esos mecanismos; 40.5 por ciento en materia familiar. Ese dato basta para dejar de hablar en abstracto. El grueso de la “cultura de paz” que se presume ocurre entre personas que van a seguir viéndose.
Ahí se nota la diferencia de palabras. Un indicador de convenios celebrados no dice si la pensión se pagó en octubre. No dice si el régimen de visitas se aguantó dos meses o dos semanas. Delgado y Almirón volvieron una y otra vez al seguimiento. Llamar al mes, a los tres. Ver si el papel se sostuvo y cómo están las personas. Sin esa llamada, el proceso se vuelve lo que Delgado describió sin adorno: rutina administrativa. Se firma, se archiva, se reporta. La familia se queda con el mismo nudo y, encima, con la idea de que ya les dieron una alternativa.
El tema de niñas, niños y adolescentes ilustra por qué no se puede improvisar con el vocabulario. Almirón no pidió que el menor “participe” como si fuera un adulto chiquito. Dijo otra cosa, más sobria. El niño ya está en el proceso desde que la familia llega. Puede estar en otra sala, dibujando o jugando. No se le obliga a hablar. Se mide edad, madurez y redes. Al adolescente se le invita; no se le carga la decisión de los grandes. Eso no es justicia terapéutica. Tampoco es un círculo restaurativo por decreto. Es criterio. Si el centro no tiene quién observe esa dinámica, el discurso del interés superior se queda en la cédula del convenio.
Hay un límite que la mesa rozó y que conviene escribir sin romanticismo. No todo conflicto familiar admite restaurar ni “trabajar emociones”. Donde hay violencia, miedo, desequilibrio grave o derechos que la ley no deja negociar, el diálogo voluntario se vuelve escenario. Lo restaurativo no es amnistía. Lo terapéutico no es obligatorio. Y el facilitador que confunde ambos oficios puede revictimizar con buena intención, que es la peor clase de error porque después se defiende con el lema de la semana.
Delgado contrastó experiencias. En México los mecanismos ya están normados en la ley; en Perú, según relató, la mediación suele quedar en lo privado y el aparato sigue siendo punitivo. Almirón habló de Argentina: hay leyes, la aplicación no es pareja, y sin equipo multidisciplinario el mediador se queda solo. Ninguno de los dos ofreció milagro latinoamericano. Pidieron tiempo, formación y que a quien facilita se le pague y se le deje trabajar. Esa parte es la menos fotogénica y la más seria. Sin gente capaz, el Centro Público de Mecanismos Alternativos y las Casas de los Saberes Jurídicos pueden llenar la agenda de septiembre y dejar enero igual.
La tentación institucional es comprensible. “Restaurativo” suena a reparación. “Terapéutico” suena a cuidado. Juntos parecen un programa completo. En familia, juntos y sin distinciómn producen un híbrido flojo: ni se verifica el daño, ni se deriva a salud, ni se sostiene el acuerdo. Se obtiene una cifra. Se pierde el caso concreto.
Si esta semana quiere ser algo más que un ciclo de mesas, el pendiente no es inventar otro concepto. Es separar oficios y medir lo que importa después de la firma. Lo restaurativo se sostiene si hay responsabilidad y reparación que se pueda comprobar. Lo terapéutico se sostiene si hay red de salud y decisión de la persona, no un mediador haciendo de clínico. El mecanismo familiar se sostiene si alguien vuelve a llamar.
Mientras eso no ocurra, el expediente dirá “resuelto”. En la casa, no.
