Tras la toma del poder de los talibanes en Afganistán, el gobierno de México, informó que brindaría ayuda y refugio a personas afganas, en especial a mujeres y niñas. En concordancia, el 25 de agosto arribaron a México 130 refugiados incluyendo periodistas, además de las “soñadoras afganas” que han promovido el acceso de las mujeres a la educación y tecnología en aquel país y que de permanecer en aquel país serían blanco de represión por parte de los talibanes.
Recibir a los grupos vulnerables es un acto de solidaridad de México con otros países, así como un claro interés en temas de movilidad humana que deberían ser abordados con mayor frecuencia para la concientización pública. No obstante, llama la atención el alcance que podría tener dicha solicitud y aceptación de refugio.
Debería de preguntarse el Estado mexicano si sus acciones y su “buena voluntad” es segura para las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugio, pues al ser un país en el que claramente existe discriminación, xenofobia y persecución de periodistas, los derechos humanos de estas personas pueden correr peligro.
No omito la disposición y la oportuna intervención del gobierno mexicano para extraer a las personas de un país en el cual los constantes conflictos armados generan incertidumbre en la gobernabilidad del mismo. Sin embargo, el contexto social actual mexicano deja mucho que desear para esos grupos vulnerables.
A pesar de que México es un país pacífico y busca promover y velar por los derechos humanos, con un resultado levemente acertado, es un país en el cual, en los últimos tres sexenios aproximadamente 130 periodistas han perdido la vida de forma dolosa por el simple hecho de realizar su labor.
De acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, México es considerado el país más peligroso del hemisferio occidental para la prensa, lo cual activa las alertas de manera inminente y obliga a hacer un ejercicio de cuestionamiento sobre qué acciones están gestionando las autoridades para darles la protección necesaria a los refugiados y los nacionales.
Tan sólo de diciembre de 2018 a julio del año en curso, según datos de la Secretaría de Gobernación, 43 periodistas y 68 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio, cifras que resultan alarmantes desde cualquier perspectiva.
Asimismo, surge la interrogante en cuanto a qué tan protegidas estarán las mujeres y niñas en un país en el que se asesinan a diez mujeres por día, en el que tres mujeres por minuto viven violencia sexual y en el que la violencia familiar se incrementó en los dos últimos años de forma exponencial.
¿En verdad están seguras en México? ¿Es un Estado que garantiza la protección física y emocional para las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugio?
Si bien es cierto que la situación social y política cambia de país en país, también es cierto que las mujeres son el mayor grupo de víctimas de violencia, discriminación y malos tratos, los cuales se han tratado de erradicar con el paso del tiempo, sin embargo, aún no existen garantías plenas e igualitarias entre hombres y mujeres.
Este tipo de problemas son de trascendencia nacional y deberían de ser resueltos de forma inmediata, desde una perspectiva de género para garantizar el libre desarrollo a todas y cada una de las mujeres que residen o transitan en el país, así como de los defensores de derechos humanos y periodistas.
Si bien México brindó refugio a personas que necesitaban de forma urgente protección, lamentablemente, no refiere una protección completa e íntegra en su vida diaria.
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