Claro es que la relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa por un cambio de paradigma en el que el combate al narcotráfico ha dejado de ser únicamente un asunto de salud pública y seguridad binacional para transformarse en una herramienta de presión geopolítica y de intervención institucional. La convergencia de tres hechos recientes — el amago del vicepresidente JD Vance sobre reservar el derecho a una acción militar en territorio nacional, la declaratoria de la DEA colocando al Cártel de Sinaloa y al CJNG como su «prioridad máxima» y la supuesta estrategia para reclutar de forma privada a políticos mexicanos como informantes contra sus propios colegas— evidencia una estrategia multidimensional que desafía directamente los límites del derecho internacional, el principio de no intervención y el marco jurídico de la cooperación judicial.
Cabe destacar que la declaración de Terrance Cole establece el marco operativo para una política exterior de «mano dura» en el combate a la producción y tráfico de fentanilo, además, su difusión por la Embajada de Estados Unidos en México también es parte del mensaje. El fentanilo se está utilizando bajo una retórica de «seguridad nacional» que busca legitimar el extraterritorialismo legal y operativo.
El «Caso Sinaloa» —detonado por las acusaciones de la justicia estadounidense y la captura de liderazgos clave que pusieron bajo la lupa al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— se ha convertido en el epicentro de un diseño de presión política, extendiendo la investigación a gobernadores de estados fronterizos y estratégicos en la cadena logística del Pacífico y del Norte, como Alfonso Durazo (Sonora), Américo Villarreal (Tamaulipas) y Marina del Pilar Ávila (Baja California).
Washington ha recurrido a medidas de presión política directa, como la revocación y el condicionamiento de visados operados por el Centro Nacional Antiterrorista de EE. UU., sumado al acercamiento privado con actores políticos mexicanos para motivar delaciones a cambio de inmunidad. Representa un precedente crítico en el que una potencia extranjera utiliza su sistema judicial y de inteligencia para tutelar, fiscalizar y condicionar la estabilidad del gobierno federal y saltándose los marcos que regulan la actuación de agencias internacionales en territorio mexicano
En ese sentido, el reportaje en The New York Times que expone que la agencia ha contactado en privado a actores políticos mexicanos (gobernadores, legisladores y funcionarios, de acuerdo con el reportaje de cara al caso de Sinaloa) para incentivarlos a convertirse en informantes contra sus propios colegas a cambio de inmunidad o frenar investigaciones en su contra, es muestra del uso de la justicia penal con fines de desestabilización política.
Este escenario coloca al Poder Ejecutivo y a las instituciones de procuración de justicia en la innegable urgencia de combatir con eficacia y apego a derecho los delitos financieros y de narcotráfico que nutren a los cárteles; por el otro, la necesidad imperativa de rechazar enérgicamente la instrumentalización de la justicia penal estadounidense como un mecanismo de injerencia.
Si bien la respuesta del gobierno federal ha llevado a obtener resultados – que por lo menos el sexenio pasado no existieron- se puede entonces dar el beneficio de la duda a la Presidenta Claudia Sheinbaum, aunque se insertan en la hipótesis de que estas acciones respondan a las presiones por investigar a funcionarios de su partido y que las mismas sean encubrimiento de facto.
En un giro interesante, la noticia de que Nuevo México abrió una investigación contra agentes de la DEA por permitir la distribución de cientos de miles de pastillas de fentanilo en Albuquerque durante operativos para armar un caso penal grande entre los años 2023-2025, resultando en perjuicio de la salud y vida de sus ciudadanos. Lo que abre un debate ético sobre las tácticas en la persecución de organizaciones de tráfico y que necesariamente debe pasar por el debate de la corresponsabilidad de las autoridades estadounidenses, pues los criminales no actúan de un solo lado de la frontera, reiterando que la cooperación internacional contra el crimen organizado es necesaria, pero solo es legítima si se da bajo el principio de reciprocidad y absoluto respeto a la soberanía de las naciones.
En definitiva, el gran reto para el Estado mexicano estriba en contener la criminalidad transnacional sin permitir el desmantelamiento de su soberanía ni la erosión de sus instituciones democráticas por la vía de la justicia de excepción norteamericana, al mismo tiempo que combate los esquemas de violencia, corrupción y desgaste institucional en el territorio.
