En los últimos años, la desaparición forzada en México, ha sido uno más de los flagelos que azota a la sociedad, el número de casos es alarmante ya que son más de treinta y seis mil las personas que se encuentran en calidad de desaparecidos, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED.
El RNPED integra los datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente. Este registro incluye únicamente a las personas que permanecen sin localizar.
Para entender la gravedad de este problema, es importante mencionar que el Gobierno, después de los reclamos de la sociedad en general, así como de las principales demandas de los organismos de derechos humanos en relación a que las fuerzas armadas deben ser retiradas de las labores de seguridad interior, toda vez que las actividades de investigación criminal e inteligencia deben corresponder a fuerzas policiales civiles que estén sometidas a los correspondientes.
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Lo anterior, se debe a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha argumentado en diversas ocasiones que las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana y corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, combatir la delincuencia y la violencia.
Ahora bien, la respuesta del Gobierno para combatir este problema y atender de manera legal dichos reclamos, en noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda pe Personas.
Esta Ley señala claramente que: “…la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas es la institución responsable de administrar la información sobre personas desaparecidas, así como de establecer el medio de comunicación para proporcionar información que pueda contribuir en la búsqueda de personas”.
Para ser más específicos al respecto de este tema, la Ley establece:
“…Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
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Artículo 28. Al servidor público, o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.
Artículo 29. Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.
Artículo 30. Se impondrá pena de cuarenta a sesenta años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa a las personas que incurran en las conductas previstas en los artículos 27 y 28.
Adicionalmente, cuando el responsable tenga el carácter de servidor público, se impondrá la destitución e inhabilitación, según corresponda, para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión”.
Como podemos observar, existen los mecanismos legales para atacar el problema de la desaparición forzada, sin embargo, es urgente que el nuevo Gobierno lleve a cabo más y mejores acciones que no solamente castiguen a los responsables, sino que verdaderamente termine con este flagelo.
Haciendo un poco de memoria y para no dejar pasar por desapercibido, recordemos que durante la campaña Presidencial, el ahora Presidente Electo, en un mitin realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 22 de junio de 2018, se comprometió a atender el triste y grave problema de los desaparecidos e hizo el compromiso que habrá justicia ante todo.
En esa ocasión dijo: “…Esto va a significar que haya voluntad política para hacer justicia y también que haya recursos necesarios y una actitud abierta para que puedan participar organismos de defensa de derechos humanos, que pueda participar la ONU, no estar tapando ningún caso, que todo pueda transparentarse, todo pueda investigarse, que no haya impunidad”.
Posteriormente en otro acto de campaña se reunió con representantes de los padres de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y resaltó los compromisos que se refrendaron para que se lleve a cabo una investigación que conduzca a la verdad y a la justicia, que se conozca el paradero de los jóvenes y se castigue a los responsables.
Es por ello que el nuevo Gobierno a partir del próximo 1 de diciembre, con las funciones que tendrá la Guardia Nacional con más de 83 mil elementos que actualmente integran las Policías Federal (37 mil), Militar (36 mil) y de la Naval (10 mil) deberá de trabajar arduamente en este relevante asunto que, sin duda, debe ser atendido y resuelto a corto plazo para evitar que se sigan dando casos como el de Ayotzinapa y otros que han dejado huella en la triste historia de los desaparecidos en nuestro País.
