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Lenguaje jurídico y ciudadanía

Actualmente podemos leer que varios funcionarios públicos se decantan por dictar sentencias o resoluciones llamadas “ciudadanas” en un ejercicio de acercar el lenguaje de la justicia a todos y no únicamente a quiénes técnicamente nos dedicamos a ello, entonces ¿es necesaria una mutación en el léxico jurídico?

Los tecnicismos jurídicos, ¿necesarios u obsoletos?

Desde hace algunos años se ha incrementado el interés por minimizar el hermetismo que tradicionalmente ha caracterizado y envuelto no sólo a las resoluciones jurídicas sino también a diversos documentos en los que todos los ciudadanos se han visto involucrados al menos una vez en su vida, así, la importancia de lograr que los mencionados documentos puedan ser comprendidos por la ciudadanía en general y no únicamente por los juristas, adquiere una relevancia fáctica.

De acuerdo con el Doctor José Antonio González Salgado, son dos las paradojas que deben comprenderse para lograr entender cómo está configurado el lenguaje jurídico. La paradoja del objeto y la paradoja del contenido; la primera definida como el desajusto que se produce entre el lenguaje empleado en los documentos jurídicos y las características de los receptores; mientras que la segunda puede ser definida como el procedimiento empleado por el lenguaje de los juristas con el que se intenta conseguir la máxima precisión pero que tiene como resultados la ambigüedad y la complejidad.[1]

Existe una resistencia por parte de los juristas para permitir que el lenguaje jurídico evolucione, no nos referimos desde luego a modificar ciertos conceptos jurídicos que deben permanecer intactos sino a acercar, en la medida de lo posible, la justicia a la ciudadanía, acercar nuestros artículos jurídicos a todos, permitir que la ciudadanía sea partícipe del ámbito tan amplio que cobija el Derecho.

Por ello nos atreveríamos a decir que existen tecnicismos jurídicos que no son necesarios para la elaboración de documentos que deben estar y permanecer al alcance de cualquier persona y ello hace que el lenguaje jurídico se vaya tornando obsoleto.

La modernización del lenguaje jurídico.

Los intentos por mejorar el lenguaje jurídico se han originado en diversos ámbitos y se han plasmado en recomendaciones diversas, tanto desde el campo del Derecho como desde la lingüística, llevando a cabo propuestas encaminadas a acercar a los ciudadanos un lenguaje que tradicionalmente ha sido considerado complicado, ambiguo y distante.

No se trata, sin embargo, de diluir o desfigurar el lenguaje jurídico o mezclarlo con el lenguaje común hasta que pierda sus rasgos identificativos sino de realizar un acercamiento a los ciudadanos de a pie. No debe pretenderse pues eliminar las peculiaridades totales del léxico jurídico pues para cumplir su misión debe continuar siendo, en cierto modo, un lenguaje con el andamiaje específico para sustentar su condición científica, sin dejar de lado la simplificación del mismo.

Se habla, por tanto, de un punto neutral, tal como lo menciona Carlos Duarte Monserrat: “es recomendable evitar el uso de expresiones que resulten de interpretación difícil, especialmente cuando podemos decir lo mismo de una forma más llana”.

Una justicia que habla un lenguaje muy distante al de sus receptores no sólo empeora el sistema, sino que hace casi imposible que los ciudadanos puedan acceder a ella de manera personal. Conviene conciliar los criterios tendentes a desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido que no proporcionan ninguna información y, especialmente, prestar atención a la comprensibilidad de las resoluciones judiciales, con lo cual se lograría garantizar una justicia más cercana a todos.

 

[1] González Salgado, José Antonio, El lenguaje jurídico del siglo XXI, en  www.lingua.gal, consultado el 20 de noviembre de 2018.

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