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Incumplimiento del Senado en los Nombramientos de dos Comisionados del INAI

Editorial

El 15 de diciembre del 2023 concluyó el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio al Senado de la República para nombrar dos plazas vacantes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), vacantes que dejaron los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña.

Al resolver la Controversia Constitucional 280/2023, promovida por el INAI, el Pleno de la Corte estableció que sí se configura una omisión del Senado porque es una facultad obligatoria y exclusiva de la Cámara Alta, excediendo un plazo razonable, obstruyendo el trabajo del INAI, también establecido en la Constitución. Considerando que se tendrá por cumplida esa obligación una vez que se complete en su totalidad el proceso de designación. En la sentencia también se adujo que no existía una invasión al principio de división de Poderes, toda vez que no se juzga la autonomía de los integrantes de la LXV Legislatura respecto de su votación, sino que se le obliga a cumplir un mandato constitucional 

El pasado 21 de febrero, la Corte rechazó ampliar el plazo para que la Cámara Alta llevara a cabo la designación. Es necesario señalar que se cumplieron dos años desde que el comisionado Monterrey Chepov concluyó su encargo y uno de que Javier Acuña terminara, dejando así en parálisis al Pleno del INAI para sesionar y es evidente que los senadores han decidido no ejercer su obligación constitucional para realizar los nombramientos. Además, en el último intento por realizar las designaciones, integrantes de Morena y aliados emitieron votos nulos obstaculizando los nombramientos.

En un nuevo acuerdo firmado por la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, el pasado 21 de mayo se declara en “abierto incumplimiento” al Senado y expresa que se podrán fincar responsabilidades constitucionales por la omisión, dando un nuevo plazo de 10 días hábiles para que la Cámara Alta informara las acciones generadas para llevar a cabo la designación:

“Se deja constancia en los autos del presente expediente que a la fecha, la Cámara de Senadores se encuentra en abierto incumplimiento de la resolución dictada en el presente asunto, pues como se indicó, el plazo que se le otorgó para tal efecto concluyó el 15 de diciembre de 2023, sin que a la fecha ya se hayan realizado los nombramientos correspondientes, aspecto que se valorará al momento de fincar las responsabilidades constitucionales a que hace referencia el último párrafo del artículo 105 constitucional, así como los artículos 46 y 49 de la Ley Reglamentaria de dicho precepto.”

Por su parte, la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, calificó “las acciones de la SCJN, a través de la Presidenta, como acciones de amedrentamiento” y las vinculó a intereses político-electorales, a pesar de haber aceptado que ellos, los senadores trabajan de acuerdo al “momento político que vive nuestro país”. Su respuesta fue parecida al de su compañero de partido Félix Salgado Macedonio quien dijo “será cuando nosotros digamos […] porque ahora nosotros somos la mayoría, así que se aguantan”.

Mientras que el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá declaró que la SCJN está cumpliendo con su deber de vigilar que sus sentencias se ejecuten hasta que queden totalmente reparados los derechos que se consideraron violentados, en un estado de derecho las sentencias se tienen que cumplir, remató.

La suspicacia es clara, si los perfiles no son acordes al oficialismo entonces estamos condenados a seguir esperando hasta que ocurra una sanción y de esa también se aprovechen para decir que la Corte extralimita sus funciones. Es grave que se le tenga que recordar a los creadores de leyes que la SCJN tiene la legitimidad para supervisar el cumplimiento de los mandatos judiciales y más grave que renuncien a las obligaciones constitucionales a las que están sujetos. Cabe mencionar que entre las iniciativas preferentes del todavía presidente de México está la de desaparecer al INAI. La cuestión es muy fácil, los senadores están o no cumpliendo lo que juraron al tomar el cargo: han respetado la Constitución o son ellos los que actúan de manera facciosa y no bajo “fines constitucionales por los que se deben regir” como dijera la senadora Rivera.

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