La libertad personal es un derecho humano y fundamental, y se reconoce en el más alto nivel normativo, y se debe de proteger frente a detenciones, condenas o internamientos arbitrarios, de modo que la libertad personal es básicamente sin duda alguna un derecho que salvaguarda y protege al ser humano, el cual es necesario que sea protegido en contra de todos aquellos actos que sin fundamento legal y en forma caprichosa lo transgredan. Por tal motivo las autoridades deben estar conscientes de las obligaciones que frente a dicho derecho tienen, así como de las pautas a las que deben de sujetarse en las eventualidades que se presenten.
La privación o restricción de la libertad personal es todo acto de autoridad que afecta los derechos de permanencia en cualquier lugar del país, de viajar por él, de cambiar su residencia, de salir y entrar al territorio nacional y, en general, que coarte el derecho de vivir en libertad.
Indudablemente toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autoriza el Código Nacional de Procedimiento Penales de conformidad de acuerdo al artículo 19. Y Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas por las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o por las leyes dictadas y de conformidad con los numerales 6 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Todo gobernado tiene derecho a la libertad ambulatoria o de circulación de acuerdo a los siguientes elementos:
1) Derecho de residir y permanecer en cualquier lugar del País.
2) Derecho de trasladarse libremente de un lugar a otro, y de viajar dentro del país.
3) Derecho de entrar y salir libremente dentro del territorio nacional.
Toda persona privada de la libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.
Lamentablemente las detenciones ilegales en México constituye una situación violatoria de los derechos humanos, y las denuncias sobre este tipo de abusos son por parte de las autoridades en el país, por tal motivo dicha labor debe llevarse a cabo dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y fundamentales de todo ciudadano. Y el Estado esta obligado a conservar dicha libertad salvo las restricciones que la misma legislación tanto punitiva como procesal pudiera comprender.
Saludos cordiales estimado lector.
[Te puede interesar: Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal]
