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Congreso Nacional Penitenciario

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, realizó el Congreso Nacional Penitenciario, que se llevó a cabo en la Cuidad de Monterrey el pasado mes de noviembre, contando con la participación de los penitenciaristas Sergio García Ramírez, Luis Rodríguez Manzanera y Gerardo Palacios Pámanes, así como con las maestras Rocío Naveja Oliva, Andrea Guadarrama y Paola Zavala Saeb, entre otros participantes.

Los temas principales fueron: “El Derecho Humano a la Reinserción Social Efectiva”; “Retos y Perspectivas de la Ley Nacional de Ejecución Penal”; “Sistema Pospenitenciario y Prevención de la Reincidencia”; y “Justicia Transicional”, presentando al final de dos días de trabajo las siguientes conclusiones:

 

  • Todos los operadores del sistema de justicia penal, deben estar involucrados e inmersos para el cumplimiento de la reinserción social, como derecho humano de las personas privadas de la libertad.
  • La reinserción social requiere tener una estrategia intersectorial con enfoque interdisciplinario y multidisciplinario.
  • Es necesario trabajar más en los perfiles del personal penitenciario y tomar en cuenta la experiencia y vocación de ellas.
  • La función del Criminólogo en el tratamiento penitenciario debe revalorarse y fortalecerse en la normatividad de la materia.
  • Al igual que las Reglas de Mandela, deben difundirse para su aplicación las Reglas de Bangkok para el mayor conocimiento y aplicación del sistema.
  • Debe concientizarse que la ejecución de las penas es una parte del sistema de justicia penal en el cual todos los actores deben coincidir en beneficio del mismo.
  • La Ley Nacional de Ejecución Penal presenta desafíos que deben de atenderse como lo es la carencia de personal especializado, de manera específica en los centros femeniles brindando atención adecuada a las y los hijos de éstas que permanecen con ellas en reclusión.
  • Las áreas destinadas para el tratamiento de las personas inimputables, en la actualidad presentan deficiencias, ya que no se cuenta con establecimientos especializados suficientes, dependientes de la Secretaría de Salud necesarios para este fin.
  • Un reto mayor es la clasificación adecuada en los penales.
  • Otro de los desafíos, es la efectiva implementación del programa de Justicia Terapéutica, toda vez que las investigaciones demuestran la existencia de un vínculo entre el consumo de sustancias psicoactivas y el delito.
  • Un reto más que presenta la LNEP es la denominada Justicia Restaurativa, para fortalecer la recomposición del tejido social.
  • Como parte de una reinserción social efectiva, la autoridad penitenciaria tiene el reto de cumplimentar las recomendaciones emitas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las homologas estatales, en cuanto a la ejecución de penas, como medidas de no repetición en apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.
  • Los retos y desafíos de la ley requieren de una efectiva distribución de los recursos para su debida aplicación.
  • La Ley Nacional de Ejecución Penal debe revisarse para proponer las reformas que la hagan armónica con los criterios de la ONU y con el respeto a los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad.
  • Las autoridades tienen que tener en consideración las necesidades de las personas privadas de la libertad, buscando siempre el respeto por la dignidad de la persona.
  • Los criterios de los expertos de la ONU vertidos en las Reglas Nelson Mandela y en las Reglas de Bangkok, así como los diferentes instrumentos internacionales deben ser contenidos en la legislación penitenciaria para poder optimizar el Sistema Penitenciario y Pospenitenciario.
  • Al Sistema Pospenitenciario debe dársele la mayor importancia, para efectivamente evitar futuras reincidencias y fortalecer el criterio de Naciones Unidas al señalar que deberá alentarse y ayudarse a la persona con apoyos de organismos externos.
  • Debe fortalecerse la idea de que el deber de la sociedad no termina con la puesta en libertad de la persona, por lo que se requiere de una ayuda postpenitenciaria eficaz, que le permita reincorporarse a la sociedad.

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