Durante décadas, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue sinónimo de orgullo nacional, motor económico e ícono de soberanía energética. Hoy, esa narrativa convive con una realidad mucho más cruda: Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con producción en declive, costos operativos altísimos, un modelo de gobernanza obsoleto y sin estrategia de transición energética. Aun así, el Estado insiste en seguir invirtiendo recursos públicos en ella. ¿Por qué? Porque ha caído en la trampa de la falacia del costo hundido.
En economía, la falacia del costo hundido ocurre cuando se continúa apoyando un proyecto fallido simplemente porque ya se han invertido recursos, ignorando que lo ya gastado no se puede recuperar. La racionalidad financiera exige evaluar con ojos nuevos si un proyecto aún tiene sentido. Si no lo tiene, insistir es cavar más hondo en un hoyo sin fondo.
Según datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pemex cerró 2023 con una deuda financiera de más de 106 mil millones de dólares, lo que la convierte en la petrolera más endeudada del planeta. Solo en ese año, el Gobierno federal destinó más de 145 mil millones de pesos en apoyos fiscales y transferencias directas para evitar que la empresa incumpliera sus compromisos financieros.
Pese a estos rescates constantes, las agencias calificadoras mantienen a Pemex en grado especulativo (bonos “basura”). En febrero de 2024, Fitch Ratings le asignó una calificación de “BB-” con perspectiva negativa, advirtiendo riesgos crecientes por la debilidad operativa, el elevado apalancamiento y la incertidumbre sobre la política energética del país. Moody’s también ha señalado que la empresa enfrenta un modelo de negocio insostenible sin apoyo gubernamental continuo.
Mientras otras petroleras han modernizado procesos y mejorado márgenes, Pemex ha visto una caída constante en su producción, pasando de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a apenas 1.6 millones en 2024, de acuerdo con cifras de la CNH y Pemex Exploración y Producción.
Además, los costos de producción y refinación son de los más altos del mundo. Según un informe de la ASF (Auditoría Superior de la Federación), las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación operan con márgenes negativos y requieren subsidios constantes. En 2022, el costo de producción de gasolina fue en promedio un 25% mayor al precio de importarla refinada desde EE. UU.
Empresas como Shell, BP o TotalEnergies han destinado más del 15% de su presupuesto anual a proyectos de energía renovable y movilidad sostenible, Pemex no tiene estrategia alguna en energías limpias. De hecho, en el Plan de Negocios 2023-2027 de la empresa, no se plantea una transición energética real, y su inversión sigue centrada en exploración, producción y refinación de crudo.
Esto no solo pone a México en contradicción con sus compromisos climáticos internacionales, como el Acuerdo de París, sino que hace de Pemex una empresa atada a un modelo energético del siglo XX, sin visión de futuro.
Pemex opera bajo un modelo de gobernanza profundamente politizado. Aunque formalmente es una empresa productiva del Estado, sus decisiones estratégicas siguen centralizadas en la Presidencia de la República y la Secretaría de Energía. Los Consejos Directivos no actúan con independencia técnica, y los nombramientos clave responden con frecuencia a afinidades políticas más que a experiencia en el sector energético.
La calificadora Moody’s ha señalado en múltiples ocasiones que la falta de autonomía operativa limita la capacidad de Pemex para adaptarse a un entorno cambiante, gestionar riesgos, o establecer alianzas tecnológicas. Esto se traduce en ineficiencias estructurales, burocracia, y una baja capacidad de innovación.
La refinería de Dos Bocas, bautizada como “Olmeca”, ha sido defendida por el gobierno como la clave de la autosuficiencia energética. Pero el proyecto ha duplicado su costo inicial -pasando de 8 mil a más de 18 mil millones de dólares-, ha sufrido múltiples retrasos, y aún no opera a plena capacidad comercial. La ASF, en su revisión de 2022, identificó deficiencias en la planeación, ejecución y supervisión que podrían comprometer su rentabilidad futura.
Aun así, se sigue destinando dinero a un proyecto que, según especialistas como Ramsés Pech o el IMCO, difícilmente recuperará su inversión, e incluso podría operar a pérdida si los precios del crudo bajan.
La insistencia en rescatar a Pemex, sin exigirle una reestructura profunda, es la más clara expresión de la falacia del costo hundido en política pública mexicana. El nacionalismo energético no puede seguir usándose como justificación para mantener con vida artificial a una empresa que ya no es rentable ni competitiva.
Seguir invirtiendo en lo inviable no es defender la soberanía: es comprometer el futuro financiero, ambiental y energético del país. Lo verdaderamente patriótico no es insistir en el símbolo, sino en la transformación. Es hora de dejar de cavar.
