Morena y sus aliados (PVEM y PT) aprobaron en noviembre dos reformas constitucionales que eran parte del paquete de 20 iniciativas del Plan C presentadas por AMLO, a saber: la ampliación de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la mal llamada “supremacía constitucional”, propuesta a última hora para la defensa jurídica de la reforma judicial, aunadas a la desaparición de los órganos autónomos, principalmente el INAI.
A pesar de los argumentos en contra de aprobar estas tres reformas por su afectación a los derechos humanos, contravenir tratados internacionales y afectar la certeza jurídica, entre otras muchas razones que han argumentado organismos internacionales y de la sociedad civil, el bloque oficialista ha hecho oídos sordos y avanza en un proyecto de nación sin contrapesos.
“A pesar de los argumentos en contra de aprobar estas tres reformas por su afectación a los derechos humanos, contravenir tratados internacionales y afectar la certeza jurídica, entre otras muchas razones que han argumentado organismos internacionales y de la sociedad civil, el bloque oficialista ha hecho oídos sordos y avanza en un proyecto de nación sin contrapesos.”
Por la relevancia de estos cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resumimos los aspectos más relevantes de estas tres reformas y el contexto político en el que se aprobaron que tendrán gran impacto en el futuro a mediano y largo plazo, no solo internamente, sino en su interacción mundial.
Supremacía Constitucional
Con el propósito de impedir que el Poder Judicial revise las reformas constitucionales, en un proceso fast track el bloque oficialista aprobó cambios en el artículo 105 y 107 constitucionales para establecer la improcedencia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o juicios de amparo contra las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eliminando tres medios fundamentales de control constitucional que también eran parte fundamental en el equilibrio de poderes.
La reforma en materia de impugnabilidad establece:
“Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
Artículo 107. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
Esto significa que ninguna modificación a la Constitución, sin importar su contenido o alcance, podría ser impugnada a través de estos mecanismos,dejando sin protección jurídica a la ciudadanía y restringiendo severamente las vías para hacer valer sus derechos humanos, señalaría México Unido contra la Delincuencia, una de las varias organizaciones civiles que pidieron al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa.
“Ninguna modificación a la Constitución, sin importar su contenido o alcance, podría ser impugnada a través de estos mecanismos, dejando sin protección jurídica a la ciudadanía y restringiendo severamente las vías para hacer valer sus derechos humanos.”
Cabe recordar que la iniciativa nace en el momento en que la Suprema Corte de Justicia se disponía a analizar la constitucionalidad de la reforma judicial, con el objetivo de blindarla el oficialismo arrebató una forma de defensa para la ciudadanía y nos regresa a la supremacía legislativa que abre la puerta a la arbitrariedad.
En el momento de hacer la declaratoria constitucional, el petista y presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró “para que nadie se atreva a estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Entre las múltiples críticas se señaló el riesgo de aprobar reformas que pueden llegar a ser contrarias a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expuso que, por primera vez en 167 años, una reforma de amparo restringe los derechos ciudadanos, rompiendo la protección histórica contra abusos del poder público, su eliminación no solo afecta los derechos individuales, sino que también pone en riesgo la confianza en las instituciones y, en última instancia, en la democracia misma.
Ampliación del Catálogo de Delitos con Prisión Preventiva Oficiosa
A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado mexicano reformar su normatividad para eliminar el arraigo y adecuar el ordenamiento jurídico sobre prisión preventiva oficiosa (PPO) por considerarla contraria a la Convención Americana, el Congreso de la Unión ha venido ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión automática. Es necesario recordar que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la PPO en casos de contrabando y defraudación fiscal.
En esta nueva reforma al artículo 19 de la Constitución, aprobada por la mayoría calificada y apoyada por algunos legisladores del PAN, se añadió la extorsión, el tráfico de fentanilo y las actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales en el catálogo de delitos que ameritan la medida cautelar.
Además, se adicionó la prohibición de cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.
Al defender el dictamen, Alejandro Murat, como otros legisladores del bloque oficialista, insistió en que “esta es una medida cautelar por supuesto, pero en donde primero hay que recordar que para que se lleve a cabo esa medida cautelar tiene que haber generado la vinculación a proceso. ¿Y esto qué significa? Que existen elementos objetivos suficientes para considerar que la persona imputada sí participó en los hechos que la ley señala como delito”.
Sin embargo, la PPO no posibilita una investigación previa para determinar la culpabilidad de una persona por lo que sí vulnera la presunción de inocencia como ya lo han dicho la CoIDH y la Organización de las Naciones Unidas. También se ha dicho que esta medida cautelar afecta más a personas de estratos sociales bajos, como lo indica un estudio de Intersecta en 2021 el 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos.
El otro aspecto preocupante es la prohibición de interpretación. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, recordó “La prisión preventiva no debe ser una práctica general, sino una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”, principio que también ha fijado la SCJN.
El oficialismo ha usado argumentos engañosos en torno a la figura de la prisión preventiva haciendo creer que sin esta los delincuentes pueden evadir la justicia, cuando existe la figura de prisión preventiva justificada que precisamente obliga a las autoridades a presentar pruebas necesarias para que un juez pueda determinar la peligrosidad o riesgo de fuga de un imputado y poder privarlo de su libertad.
“El oficialismo ha usado argumentos engañosos en torno a la figura de la prisión preventiva haciendo creer que sin esta los delincuentes pueden evadir la justicia, cuando existe la figura de prisión preventiva justificada que precisamente obliga a las autoridades a presentar pruebas necesarias para que un juez pueda determinar la peligrosidad o riesgo de fuga de un imputado.”
Tampoco existe evidencia contundente para afirmar, como lo hizo el bloque oficialista, que la PPO reduzca la criminalidad y la inseguridad, lo que sí está comprobado es que la población de las cárceles aumenta, según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios de 2023, en los ámbitos federal y estatal 38,533 personas permanecían en prisión sin una sentencia y, como ya se mencionó, los más vulnerables siempre son los afectados.
México no solo está en desacato por la sentencia de la CoIDH, sino que puede ocasionar más sentencias contra el Estado que derivarían en declarar la “inconvencionalidad de la Constitución” como lo comentó el coordinador de litigio constitucional de la organización humanitaria local Fundación para la Justicia, Sergio Méndez Silva. Esta medida en lo único que ayuda es a seguir cubriendo la incapacidad de las fiscalías para investigar delitos, no resuelve a fondo el problema de violencia e inseguridad como se pretende hacer creer.
Desaparición de Órganos Autónomos
Con el argumento de la austeridad en el gobierno y el señalamiento de actos de corrupción, el bloque oficialista concretó la “simplificación orgánica” o lo que es lo mismo, la eliminación de siete organismos autónomos: Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), el Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
De acuerdo con la reforma constitucional, las funciones del MEJOREDU serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del CONEVAL serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones recaerán en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.
En lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), será la Secretaría de Energía (SENER) que realice sus funciones; las de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recaerán en la Secretaría de Economía (SEECO); y las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Como ya se mencionó, el argumento principal fue la simplificación orgánica y el ahorro de recursos que esto generará y que se podría nutrir a los programas sociales, aunque la minuta establece que esos recursos se destinarán a las pensiones del bienestar. Sin embargo, no existe un millonario ahorro, al menos no uno que sea sostenible como se prometió. En 2024 el presupuesto en conjunto de los siete organismos llegó a 5,075 millones de pesos, lo que se traduce en apenas el 0.05% del gasto total del gobierno.
Lo que definitivamente ocasionará es la concentración de funciones en el gobierno, tal como hace años cuando estos organismos, que fueron impulsados por la izquierda y la sociedad civil, no existían y el gobierno podía actuar de manera arbitraria y opaca en la rendición de cuentas. Aunado a las obligaciones a las que se encuentra sujetas el Estado mexicano en diversos instrumentos comerciales como el T-MEC.
“Lo que definitivamente ocasionará la desaparición de organismos autónomos es la concentración de funciones en el gobierno, tal como hace años cuando estos organismos, que fueron impulsados por la izquierda y la sociedad civil, no existían y el gobierno podía actuar de manera arbitraria y opaca en la rendición de cuentas.”
En ese sentido, el IFT sostuvo que segmentar las facultades regulatorias como lo establece la modificación constitucional puede generar inconsistencias, ineficiencias y una inadecuada implementación de las políticas de competencia económica y regulación en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Consideró primordial mantener el capital humano especializado que labora en el instituto, por ello hizo un llamado para que se respeten sus derechos laborales.
Por otro lado, la desaparición del INAI es una de las que más ha preocupado pues es garante de dos derechos relevantes: la protección de datos personales y el acceso a la información pública. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que sin el Instituto habrá más transparencia, los datos muestras una realidad muy diferente.
En 2023 se registró un aumento de solicitudes de información, alcanzando las 326 mil, según datos del INAI, pero también se incrementaron las negativas para proporcionar dicha información, con 19,723 recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos, cifra mayor al de su predecesor, Enrique Peña Nieto, quien en su último año de gobierno tuvo 228 mil solicitudes y 13,140 recursos de revisión.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador reservó, bajo el argumento de seguridad nacional, información sobre las obras prioritarias del gobierno, contratos y gastos, por ejemplo. En este mes tan solo la Secretaría de la Defensa reservó la información de la seguridad brindada al expresidente López y su familia. La eliminación del INAI es la culminación del sistemático debilitamiento del Instituto desde 2018.
Amnistía Internacional y otros organismos nacionales e internacionales, así como expertos y los mismos comisionados del INAI, han declarado que esta medida afecta la transparencia, pone en riesgo la privacidad y dificulta el acceso a la información pública imparcial y de calidad.
En contra de sus compañeros morenistas, solo Javier Corral votó en contra de esta reforma “porque son organismos que han cumplido con sus actividades de garantizar el derecho a la información, contener índices de concentración de telecomunicaciones y evitar las prácticas monopólicas”, expresó en su cuenta de X.
Claudia Sheinbaum señaló que estos organismos ya no forman parte del proyecto del movimiento, eso no significa que no funcionen, quiere decir que a ellos como gobierno no les funcionan, solo no quieren escuchar los argumentos, ni ver los datos duros.
Es posible que el gobierno se evalué a él mismo en educación, que se sancione a él mismo por actos de corrupción, que tenga mediciones fidedignas de pobreza y de las acciones para contrarrestarlas, que sea objetivo en temas de competencia económica. La evidencia que está detrás de estas cuestiones es poco optimista, la experiencia da avisos de retroceso y del gran riesgo de caer nuevamente en un gobierno autoritario, opaco y arbitrario.
Prisas e Improvisación son el Peor Enemigo de MORENA
Tras la aprobación del dictamen de “simplificación orgánica” en la Cámara de Diputados, la fracción del PRI y del PAN dieron cuenta de un error de los legisladores de Morena quienes eliminaron dos párrafos del artículo 105 -de la llamada “supremacía constitucional”- recién reformados y muy celebrados por los morenistas.
Las porciones eliminadas fueron:
“Tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de las normas.”
“Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución.”
Los legisladores del PRI y del PAN acusaron a Morena y aliados de aprobar reformas sin siquiera leerlas. Al darse cuenta del error trataron de arreglarlo “en corrección de estilo” y una fe de erratas. Los opositores señalaron que no vale arreglar de esa manera la eliminación de párrafos completos, más cuando su aprobación fue con mayoría calificada. Rubén Moreira declaró que por su “torpeza, apresuramiento y soberbia […] van a salir más pifias”. Señalaron que jurídicamente esta acción puede provocar amparos y una oportunidad para salvar a los organismos autónomos.
Este no es el único error que han cometido los legisladores del bloque morenista, sin embargo, no parece causar ninguna inquietud ni reflexión por parte de la bancada guinda o aliados, sin oposición real ni contrapesos, las prisas podrían ser el peor enemigo de Morena, en detrimento de la ciudadanía.
Las criticas constantes a la administración pasada y los escasos dos meses de esta nueva presidencia han sido la falta de diagnósticos que guíen los cambios necesarios para reformar las instituciones. Los señalamientos de corrupción fácilmente podrían investigarse y sancionarse, esto no solo mostraría la capacidad del Estado para combatir la corrupción e irla erradicando realmente, sino que también daría la oportunidad de fortalecer a las instituciones que fueron creadas en luchas sociales para contrarrestar el poder gubernamental.
Sería fundamental, sobre todo con los cambios que se han aprobado en este último mes, que los legisladores de Morena, PVEM y PT sean mucho más estudiados, más analizados, más discutidos, no solo para aparentar ser demócratas, sino para serlo de verdad. Ellos saben que para que una fuerza política alcance los números en la Cámaras necesarios para reformar la Constitución pasarán al menos 50 años, dijo Adán Augusto López, a un opositor durante la discusión de la reforma judicial, con esa conciencia las leyes que reformen de aquí en adelante o las que creen deberían estar sumamente planeadas, con la cabeza fría y con miras al desarrollo social, económico y político del país contemplando el panorama mundial en el que estamos inmersos.
“Sería fundamental, sobre todo con los cambios que se han aprobado en este último mes, que los legisladores de Morena, PVEM y PT sean mucho más estudiados, más analizados, más discutidos, no solo para aparentar ser demócratas, sino para serlo de verdad.”
