Ha leído usted bien. No me referiré en este artículo al voto de las mexicanas y los mexicanos que residen en el extranjero, tema del que ya me he ocupado, sino del voto de las personas que, teniendo otra nacionalidad, viven en nuestro país.
Recordemos una frase propia de la Revolución Americana: no hay impuestos sin representación. Esto es, toda persona que contribuye al mantenimiento de la hacienda pública tiene el derecho de ser oída para la toma de decisiones de gobierno.
Los ingresos del gobierno son variados, van de los impuestos a los productos, pasando por los derechos y los aprovechamientos. Pero los primeros tienen la característica de que deben ser cubiertos por toda aquella persona que se sitúa en el supuesto legal, sin que resulte relevante su nacionalidad, calidad migratoria, etc.
Por ejemplo, cuando cargamos gasolina, pagamos impuestos. No se nos pregunta si tenemos credencial para votar, o cuál es la calidad jurídica de nuestra estancia en México.
Dimensionemos. En nuestro país, según la base de datos de STATISTA, residen cerca de un millón doscientas mil personas que tienen una nacionalidad distinta a la mexicana, los países de procedencia son Estados Unidos, por mucho en primer lugar, con Guatemala y Venezuela en segundo y tercero.
¿Cuántos recursos generan?
Esas personas, que ya han hecho su vida en nuestro país, conformando lazos de amistad, familiares y de negocios, como cualquiera, deben de cumplir con las obligaciones fiscales, contribuyendo a las haciendas municipales, locales y federales.
Así, su vinculación al país y la contribución a su economía, que no se limita solo al pago de impuestos, puede ser una buena razón para otorgarles derecho de voto y de participación en las figuras de democracia directa, lo que requeriría una reforma constitucional.
Adelanto las objeciones. Por ejemplo, se me podría contrargumentar que, si tanto arraigo tienen, que se nacionalicen y entonces voten; sin embargo, esta respuesta obvia las complejidades propias del procedimiento de nacionalización; también ignora que, para muchas personas extranjeras, obtener la nacionalidad mexicana puede significar la pérdida de la que tienen de origen, misma que por diversas razones pueden querer conservar.
Otro razonamiento podría ser que se pongan en riesgo la independencia nacional. No sé cómo podría presentarse esto, o porqué el otorgamiento del derecho de votar, tanto en elecciones como en mecanismos de participación ciudadana, arriesgaría nuestra independencia. La sujeción económica o el riesgo de la misma, frente a potencias extranjeras, más bien se vincula con temas de poderío que no estoy seguro se vinculen con el sufragio en nuestro país.
Una tercera razón podía ser afirmar que no tienen arraigo. Este planteamiento me obliga a precisar lo que aquí estoy exponiendo: no pienso en un voto generalizado para cualquier persona que entra a nuestro país, sino para aquellas que residan ya de forma permanente en nuestro país, acreditándolo con el documento migratorio correspondiente; una auténtica residencia.
Simplemente pongo el tema sobre la mesa. La discusión debe ser pública y abierta, pero debemos basarla en principios y no en estereotipos, hablemos acerca de los efectos, como permitir la afiliación a partidos políticos y la libertad de expresión en la materia.
Vale la pena recordar que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha avanzado en una línea de protección a los derechos político-electorales (que son derechos fundamentales) de las personas nacionalizadas mexicanas o que cuentan con doble nacionalidad, a fin de que puedan competir en elecciones, salvo los casos previstos expresamente en sentido contrario por la Constitución nacional, y participar en órganos electorales, que van de las mesas directivas de casilla a los institutos electorales locales.
Ampliar los derechos políticos, hacia personas que contribuyen a la riqueza nacional y que han unido su destino al nuestro, profundizaría nuestra democracia. Pensémoslo.
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