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Una Corte proAutoridad

Editorial

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha defendido el derecho a la privacidad de los ciudadanos, en su reciente fallo que permite a las autoridades fiscales solicitar información bancaria sin previa autorización judicial, se inclinó por favorecer a la autoridad hacendaria, soslayando su función esencial de ser, antes que nada, defensora de las garantías y derechos de los ciudadanos.

Al determinar la Primera Sala de la Corte, por mayoría de cuatro votos contra uno,  que el artículo 142, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada, al permitir que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionada con el secreto bancario, sin mediar autorización judicial, según los especialistas, se aleja de su principal objetivo: velar por la defensa y cumplimiento de la Ley Suprema.

Para justificar este fallo, los integrantes de la Primera Sala, presidida por la extitular del SAT, Margarita Ríos Farjat, argumentaron que ni el derecho a la privacidad, ni el secreto bancario se ven vulnerados, ya que ningún derecho es absoluto y debe ponderarse frente a otros fines de alta importancia constitucional como es la contribución al gasto público. Por su parte, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, señaló que el secreto bancario está garantizado, no obstante que el mismo Presidente de la República defendió en la mañanera el fallo de la Corte al aseverar que el secreto bancario es utilizado por los neoliberales para ocultar fraudes.

Lo cierto es que en el foro y en la academia esta resolución se percibe como un franco debilitamiento del derecho a la privacidad y del secreto bancario, aunque en la Ley de Instituciones de Crédito se establecen claras excepciones, este precedente sin duda será utilizado para que las autoridades hacendarias le den vuelta al marco legal en detrimento de los derechos de los contribuyentes.

Vale recordar que el artículo 116 de la Ley General de Transparencia reconoce los datos personales como sensibles y protegidos por mandato constitucional, lo que incluye los datos bancarios, por lo que se trata de información sensible que debe ser protegida por las autoridades en todo momento.

En consecuencia, si las autoridades hacendarias, sin control judicial, tendrán acceso a información bancaria de los contribuyentes, se generarán actos arbitrarios y autoritarios, además de impactar directamente en el derecho a la privacidad y protección de datos personales de los ciudadanos.

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