En esta cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX) 2021-2022, la organización World Justice Project (WJP) reporta un deterioro en materia de Estado de Derecho en gran parte de las entidades del país, la mayoría de estados mostraron retrocesos. Durante la presentación del Índice, frente a senadores, Alejandro González, Director de Proyectos de Estado de Derecho del WJP, indicó que, “esta cuarta edición destaca que todos los estados del país tienen aún retos importantes, ya que los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto”, resaltó que ninguno de los 32 estados se acerca a la calificación idónea, y ninguno alcanzó un puntaje superior a 0.5, siendo la calificación más alta 1 punto.
Las senadoras, entre ellas Olga Sánchez Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, y senadores que participaron en la presentación coincidieron en la importancia que el Estado de Derecho tiene para sustentar de forma sostenible el desarrollo del país, así como en la necesidad de contar con datos y evidencia robustas para informar las políticas públicas para su fortalecimiento.
Como punto de comparación, los investigadores de WJP indican que, desde la versión pasada, los puntajes aumentaron en 6 estados, descendieron en 14, y permanecieron sin cambios en 12. En la edición 2021-2022 los estados con los puntajes más altos son Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). En contraste, los estados ubicados en el rango más bajo son Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35) y Guerrero (0.34).
Los ocho factores que analiza el Índice son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Asimismo, el Índice utiliza tres tipos de fuentes de información: i) una encuesta a población general, ii) encuestas a especialistas, abogados y abogadas que ejercen en cada uno de los 32 estados del país y iii) estadísticas oficiales y bases de datos recopiladas por otras instituciones (o fuentes terciarias).
El estudio señala que existen tres tendencias que causan estos resultados: el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y una contracción del espacio cívico, el deterioro en los sistemas de justicia penal y la falta de avances en materia de anticorrupción.
Debilitamiento de los contrapesos institucionales y cierre del espacio cívico
Los resultados de esta edición muestran un deterioro de los contrapesos a los ejecutivos estatales y se explican por dos elementos:
- debilitamiento del Poder Legislativo local y del Poder Judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal;
- contracción del espacio cívico medida por la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso efectivo al poder público.
El puntaje del Factor 1: límites al poder gubernamental bajó en 17 estados del país (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas) y permaneció sin cambios en 9 (Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala). En este rubro, 5 estados se mantuvieron sin cambios y 12 subieron su puntaje.
Deterioro de los sistemas de justicia civil y penal
Aunque las cifras son semejantes a las del año pasado, en el cual 16 entidades retrocedieron. De las 14 entidades que experimentaron caídas en los puntajes este año, seis también experimentaron caídas el año anterior.
Más de la mitad de los estados en el país sufrieron retrocesos en: garantía a los derechos de las víctimas; adhesión al debido proceso; imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal; y efectividad de las investigaciones.
Cayeron 14 estados del país (Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco), permanecieron sin cambios en 10 (Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), y subieron en 8 (Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz).
El IEDMX destaca que la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público continúan siendo el mayor reto en materia de Justicia Penal (cayó en 18 estados y ya había caído en 15), al ser el indicador con los puntajes más bajos de los seis que conforman el Factor 8 en todos los estados del país. Muestra de ello es la cifra negra –los delitos que no se denuncian– la cual llegó al 93.3 % en el país, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI.
Por otro lado, en materia civil y administrativa, su eficiencia, medida por su celeridad, también se vio afectada en 18 estados (Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán). Subraya que los mecanismos alternativos de solución de controversias siguen siendo la dimensión del sistema de justicia mejor valorado y una alternativa atractiva para mejorar el acceso de justicia en México, incluso los puntajes en esa materia son los más altos en la mayoría de las entidades federativas.
Estancamiento en la lucha contra la corrupción
Al igual que en años anteriores, el IEDMX 2021-2022 muestra una falta de avances en el Factor: ausencia de corrupción, el cual cayó en 16 estados (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán), y se mantuvo sin cambios en 11 (Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala).
Los indicadores con más caídas fueron la ausencia de corrupción en el Poder Judicial (subfactor 2.2, con caídas en 21 estados), el que mide la ausencia de corrupción en los sistemas de seguridad y procuración de justicia (subfactor 2.3, que bajó en 17 estados) y la ausencia de corrupción entre las autoridades del Poder Ejecutivo estatal (subfactor 2.1, que bajo en 17 estados y se mantuvo sin cambios en 6).
Seguridad
A pesar de que el país todavía enfrenta una grave crisis de seguridad, los datos del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 muestran ligeros avances. Los puntajes del Factor 5 orden y seguridad subieron en 19 estados (Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) y la sensación de seguridad de las personas (subfactor 5.3) subió en 24 entidades federativas.
Conforme a los factores analizados, el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 concluye que las tendencias observadas, con su debilitamiento o deterioro, impactan directamente en el estancamiento o retroceso en la gobernanza y alejan a la sociedad mexicana del ideal descrito en el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015 que pide a los Estados garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas y todos.
“El Índice concluye que las tendencias observadas, con su debilitamiento o deterioro, impactan directamente en el estancamiento o retroceso en la gobernanza y alejan a la sociedad mexicana del ideal descrito en el Objetivo 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2015.”
