Hace unos días, a través de las redes sociales, nos enteramos de la desaparición de una persona, el día 10 de agosto en las inmediaciones de la alcaldía Magdalena Contreras, en esta Ciudad de México. Una mujer, de 40 años, trabajadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a quien con independencia de si la conocíamos o no, nos solicitaron apoyar en la difusión de la información relativa para su identificación. La primera reacción arrancó de tajo un sentimiento de profunda preocupación, indignación y silencio, seguido por nuestra inmediata colaboración.
Lamentablemente las malas noticias llegaron “más pronto que tarde”. Había sido localizado su cuerpo a más de 100 kilómetros de distancia del lugar de su desaparición, en Valle de Bravo, Estado de México. ¡No hay palabras que describan el terror, la indignación y el más fuerte repudio por este crimen, otra vez en contra de una mujer!
Alertas de género o estados de emergencia por la violencia contra las mujeres, y demás, son mecanismos que no están dando resultados. La protección de los derechos humanos de las mujeres mediante estos instrumentos de política pública, establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, así como su Reglamento, requieren una urgente y exhaustiva revisión ante la falta de resultados positivos.
No se cuenta con elementos para establecer que el caso de la joven mujer trabajadora de la CNDH tiene que ver con un tipo de violencia de género, eso lo determinarán las autoridades investigadoras competentes; sin embargo, lo cierto es que sucedió en el Estado de México, primera entidad federativa en la que desde el 31 de julio de 2015 se declaró la llamada “Alerta de Violencia de Género” en 11 municipios[1] de la entidad, y los hechos de violencia contra las mujeres siguen creciendo.
La ola de violencia que tiene acosado al país no cede y, por el contrario, parece crecer cada día. De acuerdo con el Reporte sobre delitos de alto impacto de abril de 2019[2], del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, “En México cada 15 minutos y 28 segundo se registró, en promedio, una víctima de homicidio doloso o feminicidio en abril de 2019”. No obstante, parecen ser aun pocos los avances en materia de políticas públicas suficientes y eficaces para abatir la violencia especialmente en contra de las mujeres. De acuerdo con cifras oficiales y no oficiales, todas dan cuenta de la grave situación de violencia que enfrentamos las mujeres en nuestro día a día.
El fenómeno de la violencia contra las mujeres es añejo, puesto que no sólo se trata de un tipo de violencia física o sexual, sino también psicológica, por exclusión y discriminación producto de una cultura donde las relaciones de poder hombre-mujer han determinado no sólo el camino hacia el respeto de los derechos humanos de las mujeres, sino la “velocidad” con que se adoptan e implementan políticas públicas contra ese flagelo, en muchas ocasiones, insuficientes, ineficaces y hasta nulas.
Ahora, en esta era de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como de las redes sociales, a diario salen a la luz cientos de casos de robos, de secuestros, de intentos de secuestros, de homicidios, de abusos, etcétera, donde siempre la contante es la presencia de las mujeres en situación de víctimas. Se puede decir, tenemos el vínculo con la opinión pública, tenemos los medios o instrumentos para difundir y publicar hasta en tiempo real los hechos delictivos o crímenes que se comente y, en el menor de los casos, mediante una grabación o fotografías de lo sucedido.
Sin embargo, debe trabajarse -como lo hemos dicho reiteradamente- en una política pública eficaz que impulse una cultura, sobre todo, de la prevención, acompañada por los recursos suficientes e indispensables para lograr su éxito, puesto que, a la fecha, el tema continúa truncado por una debilidad institucional heredada, incapaz de reaccionar de manera efectiva contra la violencia, con todo y los avances tecnológicos señalados.
La muerte de una mujer y trabajadora de la CNDH no puede ni debe convertirse en un número más de las cifras de la violencia y la impunidad, la exigencia de justicia reclama el derecho para su familia, amigos y para todos, a fin de que se realicen las investigaciones conducentes y se castigue a la o las personas responsables.
Recordemos que nuestra incipiente democracia mexicana sólo alcanzará su consolidación cuando el respeto a los derechos humanos sea pleno, cuando todas y todos podamos vivir en un México de libertades, justicia y prosperidad; donde mujeres y niñas podamos salir a cumplir con nuestras tareas, responsabilidades e, incluso, actividades de esparcimiento, recreación, descanso y convivencia, sin miedo y con seguridad.
Actualmente, la condena pública de casos como éste, se encuentra en una línea muy delgada entre caer al abismo de la indiferencia social y del Estado, o trabajar abierta y decididamente por una cultura preventiva y, especialmente, por una cultura de solidaridad y de responsabilidad en las funciones públicas de seguridad y protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas, especialmente.
Llegar al extremo de caer en la normalización de las condenas públicas, es caer en la cuenta de una debilidad y fragilidad institucional en la que el respeto de los derechos humanos corre el riesgo de desquebrajar nuestro sistema jurídico en su conjunto y, en consecuencia, el Estado constitucional, democrático y de derecho.
[1] Información publicada en la página del Gobierno de México, consultable en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 Consultada: 12 de agosto de 2019.
[2] Consultable en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739 Consultado: 12 de agosto de 2019.
