El 29 de agosto de 2018, el negocio criminal que construyó Ignacio N., a través de su portal Zona Divas, comenzó a derrumbarse. Como muchos imperios en desgracia, su caída inició con un resquebrajamiento menor, casi imperceptible. Un elemento de bajo rango, en el fondo del organigrama criminal, había sido detenido y separado de la organización más poderosa de explotación sexual en los últimos años. Nadie en lo alto de Zona Divas habría adivinado que sin esa pieza, la cabeza se desplomaría.
Esa pieza es Armando N., un hombre de 45 años que vivía la vida como un soltero desparpajado, quien presumía en su círculo cercano que trabajaba como fotógrafo de modelos. Su realidad era más compleja que eso: él era el encargado de retratar a mujeres engañadas, a veces secuestradas, para el portal Zona Divas, que las anunciaba como escorts independientes para entregarlas a sus clientes, entre los que figuraban políticos, empresarios y capos criminales.
Esas mujeres, mayoritariamente de Venezuela, Colombia y varias entidades de México, eran sometidas por falsos empleadores apenas llegaban a Ciudad de México. La organización Zona Divas las encerraba en casas de seguridad instaladas a lo largo de la capital y una de esas mazmorras era el estudio fotográfico de Armando N., en la colonia Doctores, donde las víctimas eran obligadas a firmar contratos para la publicación de las imágenes creyendo que eran documentos migratorios para laborar legalmente en México.
Los testimonios de las víctimas que identifican a Armando N., como uno de los cómplices de sus victimarios dan cuenta de su sádica personalidad: aunque lloraran y suplicaran para no ser retratadas desnudas y en poses que les avergonzaban, el fotógrafo las obligaba a tomar bebidas alcohólicas y drogas, limpiarse las lágrimas y sonreír para su lente.
Las tarjetas de memoria, discos duros y archivos en la computadora de su estudio hacen suponer a las autoridades que fotografió a decenas, acaso cientos de mujeres, para ser subastadas en línea. Los hallazgos también fueron determinantes para precipitar la decapitación de Zona Divas: ocho meses después fue arrestado en Playa del Carmen el cabecilla de la página, Ignacio N., «El Sony», quien vivía como prófugo de la justicia ya con su portal fuera de circulación.
Hoy, el caso contra Zona Divas es un ejemplo de los dos tipos de jueces, buenos y malos, con los que nos topamos los defensores de víctimas de trata de personas.
El primer tipo está representado en el caso contra el fotógrafo Armando N.: el juez ha hecho un importante trabajo al subsanar las fallas del ministerio público, que ya sea por corrupción u omisión no ha presentado durante el juicio los elementos suficientes para comprobar la participación del presunto culpable como auxiliar del delito de trata de personas. A pesar de los esfuerzos, hoy existe la posibilidad de que Armando N. abandone pronto el Reclusorio Oriente y sea declarado inocente para el horror de sus víctimas.
El otro caso que lleva Comisión Unidos Vs. la Trata contra un tratante de Zona Divas ejemplifica el segundo tipo de juez: la víctima ya abandonó el país por su seguridad debido a que el impartidor de justicia parece que tiene como mandato poner trabas en el proceso para beneficiar a un elemento clave de esa organización criminal.
Lo que, técnicamente, debió ser un rápido proceso judicial lleva ya más de un año y medio en suspenso. Las actuaciones sospechosas del juez nos hacen pensar que podría tener otros intereses ajenos a la justicia: como consecuencia de sus inexplicables pausas, se venció la medida de prisión preventiva para el presunto criminal. Hoy, ese hombre está libre y con el proceso abierto, lo que le da toda la ventaja para huir del país o, peor, intentar cubrir otros delitos e intimidar a más víctimas para que no denuncien.
No sería la primera vez que un juez actúa negligentemente o por perversión: en mayo pasado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, admitió que en el Poder Judicial hay un problema de corrupción. Le llamó «no generalizado, ni mayoritario», aunque sí concedió que hay un incremento en el número de jueces que operan para grupos criminales. Su revelación, inusual incluso en un país como México acostumbrado a la corrupción, cimbró al Poder Judicial por toda la nación.
Según el ministro presidente, en los últimos cuatro años han sido sancionados 49 jueces y 36 magistrados por «irregularidades»; de ellos, 15 han terminado en destituciones e inhabilitaciones por «conductas graves», como liberar al hijo del fundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, o beneficiar indebidamente a empresarios turbios, el llamado “Zar de los Casinos».
Por eso, no nos extrañaría que a la larga lista de dificultades para llevar justicia a las víctimas de trata de personas en este país tengamos que sumar la lucha contra las malas decisiones de un puñado de jueces cooptados por la delincuencia organizada.
La preocupación por la correcta actuación de los jueces alrededor del mundo ha alcanzado lo más alto en la agenda del propio papa Francisco, quien en junio pasado presidió personalmente la Primera Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana, un hecho sin precedentes en el mundo jurídico.
El evento llevado a cabo en Roma, Italia, al que tuve la oportunidad de asistir acompañada del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, doctor Rafael Guerra, y el renombrado fundador de la Asociación Nacional de Doctores de Derecho, doctor Elías Huerta, fue una poderosa llamada de atención sobre el papel crucial que juegan los impartidores de justicia en la búsqueda por la paz y la verdad.
Rodeado por las mentes legales más brillantes de la región, el papa Francisco no escatimó en críticas: se lanzó contra la desigualdad social, la apatía frente a las víctimas y el triunfo del dinero y la corrupción sobre la justicia. Pero tampoco fue parco en su esperanza de que podemos cambiar este panorama: los que fuimos convocados por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales de Vaticano a ese encuentro fuimos testigos de la creación de un nuevo documento en el cual nos comprometimos a tutelar los derechos sociales.
Rescato de esa promesa uno de los puntos que más me han emocionado y que impacta directamente en nuestra lucha para erradicar la trata de personas: “Alertamos sobre el uso que en la actualidad se hace de parte del poder judicial para modificar escenarios políticos y económicos desnaturalizando las funciones judiciales y destruyendo la democracia con el costo que ello implica para los derechos humanos».
“Hacemos un llamamiento a todos nuestros colegas jueces de las Américas para asumir el rol que la hora nos exige, coordinando esfuerzos, diseñando estrategias y fundamentalmente ratificando en forma cotidiana nuestro compromiso por la dignidad humana y la paz global”.
El papa Francisco, así como muchos otros líderes religiosos de gran calado en el mundo, activistas, empresarios y, claro, jueces del lado correcto de la historia lo tienen muy claro: solo habrá una verdadera transformación de la vida pública, si ésta llega hasta cada rincón del servicio público y se fortalece con el brazo de la sociedad civil que trabaja, para acabar con este delito.
En Comisión Unidos Vs. la Trata estamos seguras de que contamos con el apoyo de la mayoría de los jueces, aquellos que son competentes y que luchan con fuerza y dignidad por un país para todos. Coincidimos con los postulados de la Primera Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana y también con la apuesta del gobierno nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador: para que un país avance, urge erradicar la corrupción. Al luchar contra ese mal también peleamos contra la trata de personas y damos la batalla a favor de los más vulnerables, poniendo primero a los más pobres del país y del mundo.
Si los jueces se vuelcan de nuestro lado y se convierten en aliados de las víctimas, no tengo duda de que cumpliremos ese anhelo largamente esperado: seremos testigos de cómo nuestras fuerzas unidas derrumbarán imperios criminales, como el que construyó Zona Divas, como el del caso Solid Gold o el entramado de explotación sexual en el Caribe mexicano que tejió el exespía argentino Raúl Martins.
Podremos ver, por encima de sus ruinas, a las víctimas y sobrevivientes reconstruyendo sus vidas, felices y acompañadas, como debió ser desde un principio.
