“La seguridad y la protección no son fruto de la casualidad, sino del consenso colectivo y la inversión pública. Debemos a nuestros hijos, los ciudadanos más vulnerables de nuestra sociedad, una vida libre de violencia y miedo.” .
Nelson Mandela
La seguridad pública en México es un fenómeno social que las autoridades han tratado de garantizar a los habitantes, sin embargo, para lograrlo se deben de formular políticas criminales a partir de las ideas que tienen de la criminalidad y de sus causas.
Las causas que generalmente llevan a la criminalidad en cualquier parte de nuestro país son en la mayoría de los casos la crisis económica, falta de empleo, mala educación, marginación, adicciones, entre otras, si estos problemas conllevan a la realización de actos delictivos es necesario contrarrestar esta situación, por lo que el Estado debe formular mecanismos para detener y prevenir el incremento delictivo. Dicho lo anterior, se advierte que el Estado ha tratado de combatir la criminalidad con base a la idea de incrementar la duración de la pena de prisión, lo cual considero que no es la solución más adecuada.
La criminalidad puede ser consecuencia de las crisis económicas si el estancamiento del crecimiento en la economía de un país es durante un lapso determinado, sin embargo, estas pueden ser ocasionales, cíclicas y permanentes. Las crisis se manifiestan en varios aspectos de la vida cotidiana: el incremento de valor del dólar, un bajo salario, el desempleo, aumento de la canasta básica, movimiento demográfico de la población del campo hacia la ciudad y de ambos hacia los Estados Unidos de Norteamérica y, por supuesto, el aumento de la criminalidad, entre otros.
El comportamiento criminal ha estado estrechamente relacionado con la situación económica de un país, de ahí que, en el caso de México, el Estado ha implementado medidas sociales para evitar que los más afectados se vean en la necesidad de delinquir: comedores públicos, albergues para indigentes, programas sociales, entre otras obras de beneficencia. Estas acciones obviamente van encaminadas a favorecer al sector social con menores ingresos económicos, del que emergen una cantidad considerable de personas que delinquen, sin embargo, aceptar la relación entre pobreza y delincuencia es caer en un determinismo social propio del siglo XIX, que, apoyándose en las aportaciones de las estadísticas, señalaba que “los malhechores pertenecían en su mayoría a esas clases miserables que habían nacido en el peor de los mundos posibles y, por consiguiente no eran el todo culpables de su desgracia.”[1]
“El comportamiento criminal ha estado estrechamente relacionado con la situación económica de un país, de ahí que, en el caso de México, el Estado ha implementado medidas sociales para evitar que los más afectados se vean en la necesidad de delinquir.”
En este caso podemos tomar en cuenta el lugar donde vive la persona que delinque, la actividad que realiza, su escolaridad, edad, los objetos que utiliza para cometer los ilícitos y en el modus operandi, entre otros.
Las diferentes reformas que se han llevado a cabo en las últimas dos décadas en la ley penal han sido bajo la premisa de una política criminal que impone penas más altas por considerar que de esa manera los delitos disminuirían, sin embargo, eso no ha sido posible, toda vez que algunos han disminuido pero otros han incrementado, tal y como lo señalan los datos reportados al Centro Nacional de Información (CNI), lo que ha resultado en modificaciones significativas en las estadísticas de delitos como homicidio doloso, feminicidio y otros.
En este informe podemos observar que en los primeros meses de 2025, “en Coahuila, se realizaron ajustes en abril, con una disminución de dos casos de homicidio doloso y un aumento en feminicidios.
En Chiapas, las cifras de marzo y abril también reflejaron variaciones, incluyendo un incremento en feminicidios y un ajuste en delitos como extorsión. Por su parte, Baja California reportó modificaciones en marzo y abril, con fluctuaciones en homicidios dolosos y feminicidios.
En Zacatecas, los ajustes de 2025 incluyeron un aumento de cinco casos en abril, con variaciones en delitos como narcomenudeo y violencia familiar. La Ciudad de México también presentó modificaciones en las cifras de homicidio doloso y otros delitos durante los meses de febrero, marzo y abril.”
De acuerdo con lo antes mencionado, considero que el aumento de la pena como política criminal para la prevención del delito es con el fin de que los delincuentes no comentan conductas ilícitas porque se les amedrenta con una pena mayor, en consecuencia, con las reformas se protege a la clase dominante, pero no se previene la comisión de delitos porque, aunque las penas se incrementen, en algunos casos los delitos siguen al alza.
Los factores anteriores y otros redundan en la seguridad pública en todo México, por lo cual es necesario definir a la seguridad pública, para ello tomaré la del Secretario de Gobernación en 984 con relación al tema de la seguridad pública, el cual señala: “La seguridad pública es un bien común de la sociedad y se entiende como una de las condiciones fundamentales de la paz comunitaria, la libertad y la justicia social”.[2]
Ante esta situación, el Estado debe realizar una mejor investigación criminológica que conlleve a una política criminal adecuada para combatir el problema que nos aqueja en toda la República Mexicana.
También es urgente que el Estado lleve a cabo diversas estratégicas de acción y no de reacción para mejorar la seguridad del país y, sobre todo, las políticas públicas y criminológicas, por ejemplo:
1. Mejorar el marco jurídico para garantizar la prosecución de los delitos.
2. Incentivar la participación ciudadana.
3. Crear un sistema integral y sistematizado de atención a la ciudadana, con base en la mejor tecnología.
4. Incrementar el gasto en seguridad pública para contar con el mayor número de policías en los diferentes sectores de la sociedad que ha sido sugerido por el Secretariado Ejecutivo Nacional.
5. Aumentar la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiales.
6. Impactar en el incremento de la confianza ciudadana.
7. Lograr la disminución de la cifra negra de delitos no denunciados, entre otras.
Aunque el principal responsable de la seguridad pública es el Estado, es importante que todos los ciudadanos podamos involucrarnos en la mejora de las condiciones de nuestras comunidades, por ejemplo, podemos utilizar la información y la participación en redes vecinales para fortalecer el tejido social y combatir la inseguridad.
“Aunque el principal responsable de la seguridad pública es el Estado, es importante que todos los ciudadanos podamos involucrarnos en la mejora de las condiciones de nuestras comunidades.”
Es muy importante tener la cultura de la denuncia, es decir, hacer del conocimiento de la autoridad todos los delitos que veamos en nuestras colonias o donde nos encontremos, si no lo hacemos, de nada sirve exigirles a las autoridades que nos den la seguridad que necesitamos, unidos podemos lograr un México más seguro.
[1] Leticia Mayer Celis. Entre el infierno de una realidad y el cielo de un imaginario. Estadística y comunidad científica en el México de la primera mitad del siglo XIX. México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 1999, p.76.
[2] Jorge Carrillo Olea (Secretario de Gobernación de México periodo presidencial de 1982 1988), oficio no. 2072/84, México. D. F., de fecha 24 de septiembre de 1984. Dirigido al licenciado Enrique Álvarez del Castillo, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Borrador del Programa Nacional de Seguridad Pública para el sexenio del Presidente de la República Miguel de la Madrid Hurtado, p.3.
