Si partimos de la premisa general de que el Estado Mexicano debe garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes; debemos estar plenamente ciertos de que el Ejecutivo Federal en el próximo sexenio (2018-2024), debe priorizar el tema de la Seguridad Pública.
Más allá del discurso o de las buenas intenciones que conllevan el reconocimiento del error en la estrategia actual, al aceptar resucitar a la Secretaría de Seguridad Pública e incrementar el número de Policías Federales de 38 mil integrantes aproximadamente, a una cantidad cercana a los 90 mil y dotarlos de mayores instrumentos materiales y jurídicos, para alcanzar los objetivos que está planteando el próximo titular de ésta Secretaría, a saber, la reducción del número de homicidios dolosos en un porcentaje del 30% al 50%, en los primeros tres años de gobierno.
Los ciudadanos que en su mayoría acudieron a votar el pasado 1 de julio,
externaron su anhelo de cambio, en temas de Seguridad Pública, combate a la corrupción e impunidad, entre otros, lo hicieron convencidos del fracaso de los gobiernos del PAN y del PRI, en la implementación de estrategias adecuadas para combatir estos fenómenos que han ido en aumento. Sin embargo, el electorado no ha entregado un cheque en blanco al próximo gobierno, por el contrario es un hecho que en la actualidad existen ciudadanos más críticos y participativos, por lo que para el nuevo gobierno será trascendente los resultados que pueda obtener en el corto y mediano plazo.
Es pertinente señalar que en el tema de Seguridad Pública, la actividad del
Estado, está acotada por la ley, por lo que no es conveniente improvisar y que de la noche a la mañana se tengan preparados y certificados a 40 ó 50 mil nuevos Policías para realizar las actividades de prevención, investigación y combate a la delincuencia, a fin de alcanzar el objetivo principal de tener un México en Paz.
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 21 “que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; y que ninguna persona podrá ingresar a dichas instituciones si no ha sido debidamente certificado”.
Ello implica que los nuevos integrantes que se vayan a incorporar a la Policía Federal, previamente deberán pasar por un proceso de certificación que implica aprobar una serie de evaluaciones de control de confianza, que garanticen que las y los mexicanos con vocación de servicio que deseen ingresar a la Policía Federal, cumplan con los principios constitucionales antes citados.
Requisitos constitucionales y legales que representan un reto a vencer para el próximo gobierno, ya que para poder llevar a cabo el proceso de certificación a un universo tan grande de policías, implica necesariamente el contar con una infraestructura muy robusta de Centros de Evaluación y Control de Confianza que cuenten a su vez, con la acreditación por parte del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, en términos de lo establecido en los artículos; 106, 107 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Proceso e infraestructura que implican necesariamente un tiempo no tan corto, quizás dos o tres años, que de no comunicarse adecuadamente a la ciudadanía, generaría una percepción negativa en cuanto a los resultados esperados y una desilusión más, sin embargo y en opinión del suscrito el fortalecimiento de las Instituciones
Policiales, es el camino correcto para el mejoramiento de la Seguridad Pública.
Por otra parte, también se ha hablado de la conformación de una Guardia
Nacional, formada por aproximadamente 400 mil integrantes del Ejército, la Marina, Fuerza Área y Policía Federal, que tendría como finalidad restaurar el orden y combatir a la delincuencia organizada. La crítica a esta estrategia es en el sentido de que se trata en su mayoría de integrantes que no están capacitados para realizar actividades propias de las Policías y en su actuar se violenta el Estado de Derecho y se violan Derechos Humanos, por lo que los organismos internacionales garantes de estos derechos de las personas, se oponen a que las Fuerzas Armadas participen en labores de Seguridad Pública.
Con independencia de las estrategias que en materia de seguridad habrá de
instrumentar el próximo gobierno, una solución práctica complementaria debería ser la de implementar una adecuada política de coordinación entre todas las instituciones policiales, de procuración y de administración de justicia, de los tres nieves de gobierno, para el combate organizado de los delitos del orden común, por ser éstos los que más afectan a los ciudadanos; homicidio, lesiones, robo en transporte público, robo a casa habitación, robo de vehículo, etc, de operar adecuadamente ésta coordinación, no tengo la menor duda, habría resultados tangibles e inmediatos en el tema de seguridad, los cuales son necesarios para revertir la percepción general de inseguridad existente.
Nada de retórica, sólo resultados, ese debe ser el anhelo de todos los mexicanos.
