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SCJN Invalida Primera Parte del Plan B; La Corte Está Contra Nuestro Proyecto: AMLO

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El pasado 8 de mayo, nueve de once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon la invalidez de las reformas a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas del primer decreto de las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022 (conocidas como Plan B) por violaciones al procedimiento legislativo, particularmente, al principio de deliberación informada y democrática, así como a los derechos que asisten a las minorías parlamentarias.

El proyecto fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y establecía que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal al no hacer pública la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria con tiempo suficiente para su análisis, pues fue dada a conocer durante la sesión, así como la omisión del trámite legislativo sin acreditar las iniciativas como urgentes, por lo tanto, “por los precedentes de la Corte en los que ha determinado la invalidez de normas generales por violación al procedimiento legislativo. En ellas ha definido que, al resultar fundada la violación al procedimiento, procede declarar la invalidez total del Decreto impugnado”. 

“El proyecto fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán y establecía que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal al no hacer pública la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria con tiempo suficiente para su análisis.”

El desaseo legislativo fue señalado desde un inicio, incluso Ricardo Monreal declaró que los cambios propuestos excedían a la Constitución, aceptando que no se pueden cambiar principios constitucionales con reformas secundarias. Aun así, vía fast track, Morena y sus aliados lograron sacar esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como el Partido Político del estado de Jalisco denominado Hagamos e integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, posteriormente el Instituto Nacional Electoral (INE) se sumaría, impugnaron ante la Corte este primer bloque de reformas.

La controversia constitucional y su resolución

Las controversias constitucionales de la oposición y del órgano autónomo argumentaron que el cambio a las leyes de Comunicación Social y a la de Responsabilidades Administrativas mermaban la autonomía del INE, generarían desequilibrio en el modelo de comunicación social y perjudicaría la equidad en la contienda.

“La Constitución es clara en establecer que las personas servidoras públicas deben aplicar los recursos públicos con imparcialidad, sin influir en la equidad de la contienda, así como que la propaganda gubernamental debe tener carácter y contenido institucional, sin poder incluir mensajes o imágenes que constituyan propaganda personalizada para posicionarse ante el electorado, siendo que la reforma aprobada desconoce esas prohibiciones y permite que las autoridades puedan intervenir en la contienda, so pretexto de ejercer la libertad de expresión de quienes ostentan los cargos públicos, en franca contravención al derecho de la ciudadanía de recibir información por parte del gobierno, cierta y objetiva”, arguyó el INE que todavía era dirigido por Lorenzo Córdova Vianello.

Además, reclamaron las violaciones al proceso legislativo, “en un evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para que se le diera trámite urgente y se le dispensaran todos los trámites legislativos correspondientes, por lo que ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo dictamen”.

Aunque mucho se comentó que la Corte debía analizar a fondo el tema, el ministro ponente especificó que las acciones de inconstitucionalidad respectivas se promovieron en contra del procedimiento legislativo y de disposiciones legales de contenido electoral, la ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que “el proyecto que se nos presenta no analiza las normas porque primero calibra las violaciones al proceso legislativo, que es de estudio preferente. Si el proceso se califica como viciado, no puede estudiarse en su producto”.

“La ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que el proyecto que se nos presenta no analiza las normas porque primero calibra las violaciones al proceso legislativo, que es de estudio preferente. Si el proceso se califica como viciado, no puede estudiarse en su producto.”

Por tal motivo, el Pleno basó su resolución en la defensa del procedimiento legislativo como base del régimen democrático “y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa”.

Los ministros también dejaron claro que Esta decisión se suma a los precedentes de la Corte, en los que ha determinado la invalidez de normas generales por violación al procedimiento legislativo. En ellas ha definido que al resultar fundada la violación al procedimiento, procede declarar la invalidez total del Decreto impugnado.

Los ataques al PJF no cesan

Días antes de la discusión en la Corte, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal pidió a la Corte primero analizar y resolver las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social. Al recibir la negativa difundió un comunicado en el que acusaba al Máximo Tribunal de tener “dos parámetros distintos: uno para revisar las leyes del régimen neoliberal, y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México”.

Destacó que el Legislativo no transgredió el principio de deliberación democrática y que el Congreso cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios, incluso con los criterios de la propia SCJN.

No obstante, durante la discusión en la Corte el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, al referirse a la flexibilización reconocida por el Tribunal Pleno, dijo que en este caso se incumplió con las formalidades más básicas del proceso legislativo, el proceso seguido anuló la posibilidad de la deliberación democrática “por sí sola, la regla de la mayoría resulta insuficiente para legitimar este proceso legislativo”, resumió al considerar que en un lapso de cuatro horas, desde la presentación de la iniciativa hasta su aprobación, era imposible generar análisis y consensos sobre una norma no conocida por la mayoría de los legisladores, es inadmisible asumir que la mayoría parlamentaria, por el simple hecho de serlo, está por encima de las reglas constitucionales, señalaría el ministro Luis María Aguilar.

La Consejería, en representación del Ejecutivo, hizo un planteamiento que no es nuevo en los ataques hacia el Pleno, pero ha cobrado mucha fuerza a partir de esta resolución de la SCJN:  

“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos, concluyó la Consejería

A lo que la Corte respondió, respaldada por barras de abogados, que esta resolución “refrenda su papel como el Tribunal Constitucional de México, cuyo propósito es proteger que la Ley Suprema sea cumplida por todos los Poderes de la Unión y demás autoridades de la República.

En términos de la Constitución la Corte habrá de vigilar el cumplimiento de los límites que ahí se establecen para el ejercicio de cualquier poder público, entre ellos, el Poder Legislativo que deberá, en todo momento, promover la deliberación parlamentaria, respetar el debido proceso y garantizar los derechos de las minorías parlamentarias”.

Una vez que la SCJN hizo público su fallo la retahíla de descalificaciones en contra de los ministros que votaron a favor de la invalidez se han hecho más recurrentes y más incisivas. “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido”, declaró el Presidente en su conferencia matutina un día después de la discusión en la Corte. “En un acto de autoritarismo se atreven a cancelar la ley, los ministros de la Corte” y anunció que enviará una iniciativa para reformar al Poder Judicial, en específico a la elección de ministros para que sea por voto popular.

“Una vez que la SCJN hizo público su fallo la retahíla de descalificaciones en contra de los ministros que votaron a favor de la invalidez se han hecho más recurrentes y más incisivas.”

Al discurso beligerante se sumó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien expresó que los ministros pasaron en contra de la voluntad democrática, acusó a los nueve ministros de “seguir protegiendo intereses particulares”. Asimismo, Morena llamó a la SCJN a respetar la voluntad de la mayoría “aprobada democráticamente por los representantes populares”. Mario Delgado aseveró que la Corte atentó contra la división de Poderes y que la reforma respondía “al clamor de la gente”.

Aunado al anuncio del Presidente de realizar una reforma al Poder Judicial, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que “la Suprema Corte impone el gobierno de los jueces y convierte al Poder Judicial en activistas políticos”, y que prepara una iniciativa para que “sea el pueblo, a través de una amplia difusión de los perfiles de los ministros, quienes elijan”, señaló a través de un comunicado.

Posteriormente, anunció que convocará a una consulta popular para que sea el pueblo el que decida si los ministros deben o no ser electos en las urnas, propuesta que tiene aval de López Obrador. “Es un hecho, se puede probar, de que el Poder Judicial, casi en su totalidad, de arriba a abajo, está podrido. Que solamente le sirve a los potentados y a los delincuentes, que no imparten justicia en beneficio del pueblo, entonces sí hay que renovarlo. La Constitución establece en su artículo 39 que el poder emana del pueblo y el pueblo tiene en todo momento la oportunidad de cambiar la forma de gobierno”, señaló, incluso lanzó la que podría ser la pregunta en la consulta: ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? Sí o No.

Apoyo y reconocimiento internacional

A raíz del endurecimiento de las críticas de AMLO a los ministros, la International Bar Association (IBA), presidida por Almudena Arpón de Mendívil Aldama, junto a barras de abogados y Colegios de México, expresó su preocupación y pidió al Ejecutivo parar los ataques al Poder Judicial.

“La International Bar Association (IBA) manifiesta su inquietud por la interferencia del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la independencia judicial, tras la profusión de graves y repetidos comentarios que afectan la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señala el comunicado y le exige respetar “la independencia y la integridad del Poder Judicial conforme al Estado de derecho y las obligaciones internacionales de México”.

“Estos comentarios debilitan la confianza pública en el Poder Judicial, son un agravio al Estado de derecho, y afectan la democracia de México. Constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional”, indica la IBA

Enfatiza que, si existen “acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, deben seguirse las rutas legales institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública».

También se refirió a las reformas invalidadas por la Corte que son fuente de inquietud porque “parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son clave para garantizar que el Ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales. La reforma que se intentó promulgar sobre el INE, una de las instituciones más respetadas del País, reduciría su presupuesto de tal forma que debilitaría significativamente su capacidad de organizar y supervisar las elecciones. De esta forma, se limitaría la autoridad de supervisión del Instituto”, concluye.

Un acto que debe recalcarse es que, en medio de las críticas, la ministra presidente del Poder Judicial Federal recibió el premio Derechos Humanos 2023, reconocimiento otorgado durante la Bienal en Marruecos de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), “En momentos como los que vivimos en todas nuestras latitudes, ante la zozobra por la fragilidad de lo ganado, este año nos llevamos también la seguridad de que estamos juntas haciendo un frente común por la defensa de la constitucionalidad democrática en nuestros países”, pronunció frente a sus pares de más de 140 países.

Sin presiones ni condicionamientos, enfatizó Piña Hernández, es la forma en que se debe erigir la función jurisdiccional para ser un verdadero mecanismo de protección de los derechos humanos y de las democracias constitucionales.

¿Reto a la SCJN?

El presidente no sólo habló de enviar una reforma constitucional político electoral para 2024 y una reforma al Poder Judicial, en específico para la elección de ministros, también ha ido un poco más lejos llamando al desacato, lo que le podría costar muy caro, sus acciones más bien parecen un reto a la Corte.

“El presidente no sólo habló de enviar una reforma constitucional político-electoral para 2024 y una reforma al Poder Judicial para la elección de ministros, también ha ido un poco más lejos llamando al desacato, lo que le podría costar muy caro, sus acciones más bien parecen un reto a la Corte.”

El 18 de mayo, diez días después del fallo contra el Plan B, el Pleno del Alto Tribunal también dio revés al acuerdo por el que el Ejecutivo Federal emitió una declaratoria de interés público y seguridad nacional respecto de obras emblemáticas de su administración, como el Tren Maya, Dos Bocas, Corredor Interoceánico, aeropuertos, por considerar que el Acuerdo afectaba la facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, con lo que se restringía el derecho de acceso a la información en su dimensión colectiva.

Ni bien habían pasado horas del fallo, el Presidente sorprendió con un Decreto que declara “de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.

Durante su conferencia del 19 de mayo aseguró que no se trataba de ocultar información y que reservarlas no significa que no se va a informar, su propósito, declaró, es “proteger estas obras porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, muy antipatriotas pueden parar las obras” y perjudicar a la gente del sureste, por lo que, explicó, el Consejo de Seguridad tomó la decisión de decretar esas obras de seguridad nacional. Asimismo, López Obrador aseveró que la Suprema Corte que“está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país [y] forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto”.

Amparándose en el argumento de que ellos, Morena, fueron electos por el pueblo y son el máximo representante de la mayoría, han arreciado el discurso contra la SCJN porque, “nosotros por el voto de los mexicanos, de la mayoría, llegamos aquí, pero el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen” y por eso debe renovarse.

¿Lo peor está por venir?

Lejos de verse un final, todo indica que los ataques al PJF, en especial a la SCJN y a su presidenta, Norma Piña Hernández, no recularán, al contrario, falta la discusión de la segunda parte del Plan B, que se espera tenga el mismo final que el aquí tratado. Además de las leyes aprobadas el “viernes negro” en el que se aprobaron vía fast track 20 dictámenes, 18 de leyes secundarias y dos reformas constitucionales, esa noche se desaparecieron el Insabi, la Financiera Rural y se aprobó la transformación del Conacyt, cedieron el Tren Maya a Sedena, entre otras muy cuestionables y que el bloque opositor, que no participó en la votación, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México con una mayoría abrumadora, esa misma mayoría llegó al Congreso de la Unión, lo que ha permitido al partido ahora en el poder pasar leyes y modificarlas según los principios de la Cuarta Transformación. Cinco años después, esa mayoría es la que aún resulta un argumento que utiliza el Presidente y sus operadores políticos para legitimar decisiones que, ya lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violan la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos.

En el momento en que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia adquirió facultades que solo el primer mandatario de México posee, como la de proponer ministros y las personas propuestas son aprobadas por dos terceras partes del Senado, como expresó en su columna del 11 de mayo Eduardo Ruiz-Healy, de forma indirecta el pueblo ha elegido a los ministros porque fueron propuestos, al menos cuatro, y refrendados por la mayoría de la que habla el Presidente, por ello la legitimación de sus decisiones no debería ponerse en duda.

“De forma indirecta el pueblo ha elegido a los ministros porque fueron propuestos, al menos cuatro, y refrendados por la mayoría de la que habla el Presidente, por ello la legitimación de sus decisiones no debería ponerse en duda.”

Se ha quejado incluso de los ministros que él ha propuesto, cuando votan en contra de sus proyectos repite que se equivocó pues “ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia”. Aunque en un inicio indicó que no buscaba la mayoría en la Corte para que lo apoyaran en abusos, sino para reformar al Poder Judicial, el mandatario olvida que la función principal de éste es ser un contrapeso a los otros dos Poderes y que los integrantes del Pleno cumplen con su mandato Constitucional.

Como fue previsto por especialistas, al acercarse más la jornada el electoral de 2024 la maquinaria oficial arreciará las descalificaciones, es muy probable que el sucesor de AMLO continúe con este discurso de odio. Sin embargo, como lo señaló durante su posicionamiento la ministra Margarita Ríos-Farjat “como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros, celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación”, aunque al nuevo oficialismo le disgusten los contrapesos, la transparencia y la rendición de cuentas.

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