En medio de las constantes críticas al Poder Judicial de la Federación (PJF), sobre todo a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), particularmente a su presidenta, lo primero que hizo AMLO tras los recientes fallos que han desfavorecido “el proyecto de la 4T”, fue materializar sus amenazas en una iniciativa que plantea elegir a ministros, magistrados y jueces vía voto popular para “democratizarlos”.
En su discurso, el Ejecutivo Federal y los legisladores de Morena fundamentan su actuar, aunque sea inconstitucional, en la idea de que su legitimidad proviene de la del voto ciudadano que, por amplia mayoría, los eligió como representantes del pueblo, no así las y los ministros que no son electos por el pueblo y, por lo tanto, no representan su voluntad. La narrativa claramente busca desprestigiar y deslegitimizar los fallos del Pleno de la SCJN y se ha convertido en un ataque frontal a la división de poderes, ataque sistémico que ha alcanzado a derramarse en los fieles creyentes del Presidente que continúan el discurso de odio y se deriva en manifestaciones cada vez más violentas.
Ante este panorama y como ha sucedido antes, una idea del mandatario lanzada en su conferencia matutina se convierte en una petición y sus operadores políticos, que se encargan de materializarla. En esta ocasión el Diputado Alejandro Robles presentó ante la permanente del Congreso una iniciativa de reforma para “obradorizar al poder judicial porque tiene que vivir en la justa medianía”.
A pesar de que expertos en derecho constitucional ya han afirmado que la elección popular de ministros sería negativa, porque abre la posibilidad de que políticos, sindicatos, grupos religiosos y empresariales, y el mismo gobierno apoyen a los “candidatos”, tal como ocurrió en Bolivia que es el único país en el que ese sistema está vigente. Por lo tanto, no sólo la legitimación de los electos sería dudosa, también sus resoluciones porque estarían sujetas a criterios políticos, inclinados a los intereses de los que apoyaron las candidaturas. Tampoco se aseguraría que lleguen al cargo los juristas con las mejores credenciales y experiencia; “esta narrativa populista está peleada con el mérito, privilegia la lealtad”, ha explicado el Doctor en Derecho Constitucional, César Astudillo Reyes.
Días antes de esta iniciativa morenista, el ministro Alberto Pérez Dayan, quien hiciera el proyecto que invalidó el Plan B, mencionó que “el juez se convierte, a pesar de que su origen no es electoral, en un juez demócrata, porque aquello que se exige se tiene que cumplir a través de sus sentencias”. Aunque no descartó que se pueda elegir a los ministros por voto, consideró “verdaderamente difícil alcanzar los ideales, objetivos y funciones de la judicatura a través de un sistema electoral”.
La iniciativa de Morena no prevé cual sería la forma de financiamiento, lo que se debería considerar es si será el INE el encargado. Para evitar que haya intereses económicos o políticos, tendría que asignarse una partida presupuestaria y parte de lo que pelea el Ejecutivo es no tener más gastos, esta iniciativa resulta de una u otra forma contradictoria.
El mandatario y la cúpula morenista insisten en reformar al PJF cuando no se ha terminado de implementar la reforma de 2021 impulsada por el ministro Arturo Zaldívar. La cuestión es si los fallos a favor de los proyectos de la autollamada 4T no fueran contrarios, la postura beligerante sería la misma o es la confirmación de que esta administración está en contra de toda forma de control constitucional.
