Se está llevando a cabo un interesante debate sobre las propuestas legislativas para adicionar o modificar algunas leyes en Materia de Seguridad Pública, que estará presentando la bancada de morena ante la reciente Legislatura LXIV, entre ellas, las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear nuevamente la Secretaria de Seguridad, con independencia del nombre que tendrá, Dependencia a la que estarán sectorizados los Órganos Administrativos Desconcentrados; Policía Federal, Prevención y Readaptación Social, el Servicio de Protección Federal y probablemente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y en consecuencia la extinción de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Otras leyes, no menos importantes que el grupo de transición está evaluando presentar para su aprobación es la Ley de Amnistía, modificaciones al Código Penal Federal, para elevar a delitos graves; el robo de combustibles, la corrupción y el fraude electoral, y adecuaciones o quizás la derogación de la polémica Ley de Seguridad Interior.
Sin duda es importante hacer adecuaciones legales con el propósito de fortalecer a las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, a fin de prevenir y reducir la incidencia delictiva, mediante un conjunto de acciones transversales, encaminadas a la prevención del delito, que cambie gradualmente la percepción de inseguridad, y con ello modificar una política pública que no dio los resultados esperados en la presente administración, al haberse sustentado dicha política, en sólo remediar el síntoma o las consecuencias, pero no en atacar las causas del problema de seguridad, que agobian en el día a día a la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Por ello y ante la necesidad de proponer modificaciones a las leyes para reducir los índices de violencia e inseguridad, es opinión generalizada que la construcción de Instituciones, a partir de nuevas leyes, de manera automática no garantiza el resultado esperado, pues históricamente las instituciones públicas de mayor prestigio, se han consolidado en décadas de operación y no a partir de su creación jurídica.
En particular las Instituciones de Seguridad Pública, para su consolidación deben contar necesariamente con los recursos humanos, económicos y técnicos suficientes para el cumplimiento de sus objetivos, pues sí bien es cierto que el proceso de construcción de instituciones requiere de buenas leyes, éstas tienen que estar acompañadas de acciones concretas y permanentes para que en el mediano y largo plazo puedan obtener la confianza de la sociedad.
Un buen ejemplo de lo anterior, es la institución del Servicio de Protección Federal (SPF), que fue creada mediante decreto el 8 de diciembre de 2008, para brindar servicios de protección, cuidado, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de la Administración Pública Federal, así como de los Poderes Legislativo y Judicial. Este órgano desconcentrado, se ha ido consolidando gradualmente y seguramente tendrá un crecimiento exponencial en el corto plazo, actualmente sólo cuenta con un número aproximado de 4,500 integrantes; sin embrago, con base en dos acciones que recientemente se anunciaron y que sintetizan el esfuerzo de años para posicionar sus capacidades específicas en materia de seguridad física a instalaciones y a personas. Dichas acciones se citan a continuación:
1.- El 23 de agosto del año en curso, su titular el Comisionado Alfonso Ramón Bagur, en compañía del Comisionado Nacional de Seguridad, Mtro. Renato Sales Heredia y del Dr. Álvaro Vizcaíno Zamora, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, realizaron la inauguración del Centro de Evaluación y Control de Confianza del SPF. Centro que permitirá agilizar el proceso de certificación de aspirantes e integrantes de dicho desconcentrado, así como de otras instituciones de seguridad, tendrá una capacidad para evaluar hasta 8,000 personas en un año.
2.- El pasado 3 de septiembre la Comisión Nacional de Seguridad, a través del SPF, suscribió un Convenio General de Colaboración con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), dicho instrumento jurídico tiene tres objetivos: primero, todos los egresados podrán previa aprobación de los exámenes de control de confianza, ingresar al SPF, a la PF o Prevención y Readaptación Social; segundo, todos los policias que actualmente laboran en la CNS que no hayan concluido sus estudios de educación media superior, podrán hacerlo, a través del Conalep; y tercero, habrá colaboración entre la academia del SPF con el área académica del Conalep, para crear una carrera de Seguridad Pública a nivel técnico.
Dichas acciones demuestran que no sólo con leyes se construyen instituciones.
