Abordar el tema en donde se involucren adolescentes los cuales se encuentren en conflicto con ley penal en la actualidad, va más allá de analizar su conducta delictiva, implica conocer su desarrollo biopsicosocial desde una perspectiva los cuales involucren el área biológica (genética, la anatomía, procesos de maduración, química cerebral etc.), el área psicológica (emociones, su personalidad, manejo de estrés o ansiedad etc.) y su área social (entorno familiar, educativo, socioeconómico, redes de apoyo etc.), y esto no comienza en el momento de una detención o investigación penal en su contra, inicia mucho antes de que un adolescente tenga su primer contacto con las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Detrás de cada adolescente que participa en una conducta delictiva existe una historia de vida la cual se desconoce por los servidores públicos que son el primer contacto con este grupo de la sociedad tan vulnerable, incluyendo una serie de circunstancias y problemáticas que han influido en su desarrollo y en la manera en que aprende a relacionarse con sus distintos entornos.
A través de mi experiencia profesional dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, particularmente durante mi desempeño como jefa de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, he tenido la oportunidad de comprender que dicha problemática en donde participen adolescentes que entran en conflicto con la ley no puede analizarse solamente por el área jurídica. Es preponderante observar las condiciones en las cuales aún se están desarrollando. Esta situación me llevó a reflexionar: ¿podemos exigir a una persona adolescente que tome decisiones con el mismo nivel de madurez y responsabilidad que un adulto, cuando todavía se encuentra en un proceso de desarrollo cognitivo, conductual, emocional y biológico?
Desde mi perspectiva personal y profesional, uno de los factores de riesgo más importante, y probablemente de los menos atendidos, es la falta de supervisión de los padres o de quienes ejercen la responsabilidad de su cuidado, así como la ausencia de límites, el establecimiento de reglas y figuras representativas como autoridad dentro del entorno familiar. Considero que esta situación puede convertirse en un elemento determinante para que un adolescente se encuentre expuesto a otros factores de riesgo y como consecuencia desarrollar conductas con carácter de delito las cuales los sitúen frente al sistema de justicia penal.
Dentro del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el cual será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años. Mas sin embargo reconoce que los adolescentes requieren un tratamiento especializado, atendiendo a su condición de personas en desarrollo. Asimismo, El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. (1)
Esta disposición constitucional representa un reconocimiento de la vulnerabilidad y de las necesidades particulares de este grupo de la población. La cual se concatena con lo establecido en la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia conocido como la UNICEF en la cual señala que; “La adolescencia es una etapa necesaria para llegar a la adultez. Pero, sobre todo, es una etapa con valor en sí misma: rica en posibilidades para el aprendizaje, la construcción de identidad y el desarrollo de fortalezas” (2)
Así mismo, es importante precisar que la expresión constitucional de MEDIDA EXTREMA no significa que los factores de riesgo sean, por sí mismos, razones para justificar el internamiento. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece los supuestos específicos en los que puede imponerse una medida privativa de libertad, principalmente si la conducta realizada constituyese un delito grave los cuales se plasman en su numeral 164 de la ley en comento, por ejemplo, el Homicidio en todas sus modalidades.
Entre los principales factores de riesgo encontramos el consumo de sustancias nocivas para la salud, el consumo de bebidas embriagantes, la deserción escolar, la violencia familiar, la manipulación de pares, la pobreza, la influencia de amistades involucradas en actividades delictivas, y la exposición constante a entornos violentos entre otros. Cada uno de estos factores puede influir de manera distinta en el comportamiento de una persona adolescente.
No obstante, considero que existe un factor que merece especial atención: la falta de supervisión parental y la ausencia de límites durante las etapas de crecimiento y maduración. Ya que la familia constituye el primer espacio y núcleo de socialización, así como de afecto de una persona. Es dentro de la familia donde se adquieren los primeros valores y principios dando como consecuencia que se identifique y se reconozca a la o las personas de autoridad, desarrollándose las habilidades de convivencia, y se establecen las primeras nociones sobre lo que está permitido y lo que no lo está. Por ello, considero que la función de los padres no debe limitarse a proporcionar alimento, vestido, educación o cubrir las necesidades materiales de sus hijos. Su responsabilidad también comprende acompañarlos, orientarlos, conocer sus actividades, identificar sus amistades, supervisar sus horarios y establecer reglas claras que contribuyan a su formación.
En mi experiencia profesional, he podido comprender la importancia de un entorno familiar solido en la vida de las personas adolescentes. Un adolescente que crece sin supervisión, sin acompañamiento y sin límites puede encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, debido a su entorno familiar deficiente. Cuando no existen figuras adultas que orienten y establezcan consecuencias ante determinadas conductas, existe el riesgo muy elevado de que el adolescente busque pertenecer en otros espacios, incluso cuando estos representen una influencia negativa.
La falta de límites no debe confundirse con la falta de libertad o de expresión, ya que ellos gozan de los derechos establecido en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y necesitan desarrollar autonomía, construir su identidad y tomar decisiones según su desarrollo y edad; sin embargo, ese proceso requiere dirección de un adulto responsable. Establecer límites significa enseñarles a reconocer consecuencias, respetar derechos ajenos, asumir responsabilidades y comprender que sus decisiones tienen repercusiones en su vida y en la de los demás al grado de colocarlos en situaciones jurídicas.
Lo anterior no significa que la falta de supervisión parental o de autoridad, sea la causa única de que los adolescentes se encuentren con conflicto con la ley, ni que todas las familias que enfrentan dificultades tengan hijos involucrados en conductas delictivas. Tampoco significa que la responsabilidad de estas problemáticas deba depositarse exclusivamente en los padres. Es necesario reconocer que existen factores económicos, sociales, comunitarios e institucionales que también influyen en el desarrollo de las personas adolescentes. Sin embargo, la familia sigue siendo uno de los principales espacios de protección y prevención, así como de seguridad afectiva que resulta esencial para el fortalecimiento de sus valores.
La prevención debe comenzar desde el hogar, pero también debe fortalecerse mediante la participación de las escuelas, las instituciones públicas y la sociedad. Se requieren programas de orientación para padres, capacitación sobre crianza responsable, prevención de adicciones, atención psicológica para toda la familia, permanencia escolar, becas y mecanismos de detección temprana de situaciones de violencia y abandono, a través de las distintas autoridades que estén en contacto con los adolescentes.
La justicia para adolescentes debe conservar su naturaleza especializada, educativa, restaurativa y orientada a la reintegración social y familiar. No podemos perder de vista que estamos frente a personas que todavía se encuentran en proceso de formación y que tienen posibilidades de modificar su conducta cuando reciben atención, orientación y oportunidades reales de desarrollo.
A partir de mi formación jurídica y de la experiencia adquirida durante mi trayectoria, he llegado a la convicción de que la prevención del delito juvenil debe comenzar mucho antes de que exista una investigación penal.
Considero que no debemos esperar a que un adolescente llegue ante un Ministerio Público, a una audiencia o, en el peor de los escenarios, a un centro de internamiento para preguntarnos qué ocurrió en su entorno y qué pudo haberse hecho para evitarlo.
La verdadera eficacia del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes no debe medirse únicamente por su capacidad para investigar y sancionar conductas delictivas, sino también por su capacidad para prevenirlas, identificar situaciones de vulnerabilidad y generar oportunidades de reintegración.
Finalmente, sostengo que la responsabilidad de formar, orientar y establecer límites no puede delegarse exclusivamente a las instituciones educativas ni al Estado. La familia tiene un papel fundamental e insustituible en el desarrollo de sus hijos.
Un adolescente que cuenta con orientación, supervisión, afecto y límites tiene mayores herramientas para reconocer los riesgos, tomar decisiones responsables y construir un proyecto de vida alejado de la violencia y de las conductas delictivas.
Por ello, considero que la mejor intervención en materia de justicia para adolescentes no comienza cuando se comete un delito, sino cuando todavía todos en manera conjunta estamos a tiempo de evitarlo.
(1)https://mx.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210MX1357G0&p=art%C3%ADculo+18+constitucional
(2) https://www.unicef.org/uruguay/crianza/adolescencia/que-es-la-adolescencia








