La reforma que consolida la Guardia Nacional (GN) bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) representa uno de los pasos más controversiales en la militarización de la seguridad pública en México. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la GN es más eficiente y disciplinada que su predecesora, la extinta Policía Federal, y que su permanencia bajo control militar garantiza su rectitud, esta reforma plantea serios riesgos para la democracia y los derechos humanos en el país.
Desde su creación en 2019, la GN fue concebida como una fuerza civil, pero en la práctica, nunca lo fue. La mayoría de sus miembros provienen de transferencias de la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar), y su formación ha seguido una lógica militar, más que civil. Según datos proporcionados por solicitudes de información, Causa Común señala que el número exacto de elementos en la GN sigue siendo incierto, con cifras fluctuantes entre los informes de marzo y abril de 2024. Este es solo un indicio de la opacidad que rodea a la institución, reflejo de la tradicional falta de transparencia de las Fuerzas Armadas.
El punto más crítico de la reforma es la modificación del artículo 129 constitucional que ahora permitirá que las Fuerzas Armadas asuman cualquier tarea que les asigne el Legislativo, eliminando un importante candado que impedía la intervención militar en tiempos de paz. Esto abre la puerta a un escenario en el que las funciones de la Guardia Nacional y otras ramas militares puedan ampliarse sin límite alguno. Como lo cuestiona el colectivo Intersecta, ¿significa esto que las Fuerzas Armadas podrán involucrarse en todo tipo de actividades civiles, desde la seguridad pública hasta la gestión administrativa? Esta pregunta queda sin respuesta clara, pero el riesgo de abuso y sobreexpansión es evidente.
A pesar de las declaraciones del presidente de que la GN no ha cometido abusos, los números pintan otra realidad. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la GN es la séptima institución con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, acumulando 1,722 expedientes en solo cinco años. Estas denuncias incluyen arrestos arbitrarios, tortura, desapariciones forzadas y uso excesivo de la fuerza. Sumado a esto, la Sedena, Semar y la GN han acumulado 4,800 quejas por violaciones a los derechos humanos entre 2019 y 2024.
Este patrón de abusos refleja una problemática de fondo: la militarización de la seguridad pública no solo no ha resuelto los problemas de inseguridad, sino que ha exacerbado las violaciones a los derechos fundamentales. Las Fuerzas Armadas, entrenadas para la guerra, no están preparadas para lidiar con las complejidades de la seguridad civil, lo que lleva a situaciones de abuso de poder y falta de control adecuado.
A pesar de los altos niveles de aceptación popular que la GN y las Fuerzas Armadas que en general disfrutan –según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, un 74% de la población apoya su permanencia en las calles–, su efectividad ha sido cuestionada. Informes como el de Impunidad Cero señalan que, aunque el 79% de las personas cree que el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública reduce la inseguridad, esta percepción no se ha reflejado en resultados tangibles. La criminalidad y la impunidad siguen siendo problemas estructurales que no han disminuido con la militarización de la seguridad
Además, la Sedena ha asumido un creciente control sobre aspectos no relacionados con la seguridad, como la administración de fideicomisos y empresas estatales, controlan un total de 30 empresas de participación estatal mayoritaria, lo que plantea preguntas sobre la concentración de poder en las Fuerzas Armadas y los riesgos de corrupción y opacidad. Sedena ha reservado información del Tren Maya y del AIFA sobre los contratos y el proceso de construcción de este aeropuerto y se han limitado las herramientas de fiscalización.
El peligro de esta reforma radica en su potencial para consolidar una estructura de seguridad militarizada que socave las instituciones civiles y perpetúe la impunidad. La militarización de la seguridad pública en México ha demostrado ser ineficaz y, en muchos casos, contraproducente. Lejos de resolver los problemas de criminalidad, ha dado lugar a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Si bien la reforma busca «garantizar la rectitud» de la GN, en realidad, lo que garantiza es la expansión sin límites de las Fuerzas Armadas en la vida pública, una apuesta peligrosa para la democracia mexicana. No hay que olvidar que los organismos internacionales de defensa de derechos humanos han reprobado la participación permanente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
No se puede omitir mencionar los cuestionamientos y quejas de los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace 10 años que han acusado al gobierno de mantener en impunidad la responsabilidad de militares en el hecho y a la milicia de esconder información relevante para el caso y así con otros más en los que se han visto envueltos, así como la GN en algunos casos que han sido conocidos como el de la matanza de una familia en Guanajuato. México necesita repensar su estrategia de seguridad. La militarización no es la solución, y esta reforma solo profundizará el problema.
