Lujos, privilegios y otras actividades ilícitas en las cárceles mexicanas

La semana pasada a través de los medios de comunicación nos enteramos de los “Lujos y Privilegios” que tenía el narcotraficante Abigael González Valencia, alias «El Cuini», en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ya que de acuerdo a un audio difundido por Milenio, dicho interno tenía todas las comodidades posibles, como por ejemplo, se encontraba en una celda amplia especialmente para él, contaba con aparatos electrodomésticos, cocineros, criados, visita de sexoservidoras, entre otras cosas.

A esta situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana negó que el interno tuviera algún tipo de privilegio y además que estaba sujeto a las normas reglamentarias aplicables a toda la población.

Este no es el único problema que se ha sabido que existe en dicho reclusorio, si hacemos memoria, tenemos el caso de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, quienes también gozaron de lujos y privilegios tras pagar altas sumas de dinero durante su estancia en este centro penitenciario.

En épocas más recientes, hace unos años en Imagen Televisión, mediante un reportaje intitulado “Graduaciones del Infierno”, se dio a conocer que en el interior se vendía la droga como si fuera un “tianguis”, ya que tenían marihuana, cocaína, piedra y otras más, como si estuviera permitido por la ley.

Asimismo se puso al descubierto que los internos usan teléfonos celulares para cometer el delito de extorsión y secuestros virtuales, desafortunadamente bajo la complicidad de algunos custodios.

Lamentablemente este problema tiene mucho tiempo y no solamente en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, tenemos antecedentes de los lujos y privilegios que han tenido y tienen en otros centros de reclusión Estatales y hasta en los Federales como Puente Grande y el Altiplano, de donde se fugo el Chapo Guzmán.

Infortunadamente los centros de reclusión se han caracterizado por tener el peor de los males, la corrupción, esto ha provocado que el común denominador sea la venta de privilegios y lujos, así como el comercio de estupefacientes y psicotrópicos, además de que constantemente se cometen violaciones, tortura, homicidios, entre otros delitos.

Es sabido que algunos internos basan su economía en la compra-venta de sustancias prohibidas, ya sea para vivir, o bien para asegurar su integridad física debido a los altos niveles de violencia y agresividad que se sufre dentro de los centros de reclusión. Es por ello que algunos tienen que «comprar su seguridad», de lo cual se desprende que estos individuos invierten el tiempo tanto en el comercio de sustancias ilegales, como en el ocio y cualquiera de éstas tiene como resultado individuos incapaces de reinsertarse a la sociedad como ciudadanos trabajadores.

Es de considerarse que no solamente la corrupción es un problema que tienen que resolver las autoridades penitenciarias, hay que trabajar con todo el personal Directivo, Técnico, Administrativo, de Seguridad y Custodia, para enfrentar otros problemas como la drogadicción, la violencia física, psicológica, sexual, la falta de buenos programas de tratamiento progresivo técnico, mejorar los planes educativos, el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte, entre otras actividades como medios para lograr la reinserción social del sentenciado, por supuesto todo esto apegado al respeto irrestricto de los derecho humanos.

A pesar de que por mandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho al trabajo, en las prisiones no existen las condiciones necesarias para que ejerzan ese derecho, por ello es necesario que el trabajo sea obligatorio y remunerado tomando en cuenta lo estipulado por el artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se ordena que: «…Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley». Esto con el objeto de que todos los internos tengan la oportunidad de obtener su libertad y no volver a delinquir.

De esta manera se estaría cumpliendo con el verdadero fin de la reinserción social del sentenciado, no solo evitar una evasión, sino también propiciando que los internos sean personas productivas para Ia familia, la víctima y sobre todo, para el Estado que tiene que destinar grandes cantidades de recursos que provienen de los impuestos de la población productiva, incluyendo incluso a la propia víctima del delito.

Dicho lo anterior, considero importante resaltar que la función primordial de las autoridades penitenciarias no solamente es la seguridad de los internos, de los visitantes, del personal penitenciario y de la misma institución, sino también la función obligatoria de reinsertar a la sociedad a los que obtengan su libertad, por lo que es necesario entender que el tratamiento individual de cada uno de los sentenciados no es sino a través de crear conciencia y el hábito de conducirse como hombres de bien y para esto es necesario inducirlos al desempeño de un trabajo honesto y Iograr que obtengan el grado más alto de estudios aún y cuando se encuentren en reclusión.

De esta manera podemos dar una verdadera batalla contra la corrupción y evitar que se sigan dando los lujos, privilegios y cualquier otra actividad ilícita que en muchos casos son consentidas por algunos servidores públicos que, en ocasiones, se ven obligados por la amenaza o simplemente para obtener algún beneficio económico.

La corrupción se puede ir combatiendo poco a poco empezando con establecer estrategias político-criminales específicas para combatirla en los distintos sectores y niveles del sistema penitenciario, crear unidades de inteligencia penitenciaria que ayuden a evitar estas malas prácticas, integrar un grupo multidisciplinario de expertos en la materia acorde a nuestras realidades y nuestras posibilidades sociales, económicas y políticas, en coordinación con los operadores de las cárceles y, por supuesto, instaurar el Servicio Civil de Carrera para el Personal Penitenciario, para evitar que personas sin el perfil ni la vocación de servicio ocupen un cargo en cualquiera de sus niveles dentro del sistema penitenciario.

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