En 2015, el Dr. Oscar Cruz Barney, publicó aquí, un muy bien documentado, fundado, y motivado, art. sobre la colegiación obligatoria -se tuvo desde 1760-, instando al Senado a aprobar la iniciativa de Ley General del Ejercicio profesional sujeto -sic- a Colegiación y certificación Obligatoria.
La Mtra. Brenda Pulido Luna, aquí mismo, ofreció un Reporte completo, sobre el resultado de las Audiencias Públicas sobre la forma y la calidad de los servicios, de los profesionales del Derecho organizada por el mismo órgano senatorial, para analizar las iniciativas de Reforma Constitucional y legal, en torno a la Colegiación y Certificación Obligatoria.
En las discusiones, participaron algunos de los mismos senadores; dirigentes de asociaciones, colegios y barras de abogados, entre ellos el Dr. Elías Huerta Psihas, entonces Pdte. de la ANDD -Asoc. Nal. de Doctores en Derecho-, hoy Dir. Gral. de ForoJurídico, quien hizo un resumen de las 40 ponencias expuestas. A su servidor, en el mismo año, le fue publicado un art. sobre el mismo asunto, en VISIÓN INFORMATIVA, diario electrónico, 2015, S.L.P.
Concluyó su período el Senado anterior, y quedó estancado el proceso de análisis, hasta ahora, que yo sepa, no hay quien haya retomado la iniciativa, lo que es conveniente, por algún senador, o uno de los grupos legislativos -me resisto a decir, parlamentarios, porque no tenemos sistema parlamentario-.
Directivos y ex directivos de varias agrupaciones de abogados, han integrado un Consejo General de la Abogacía, que busca darle continuidad a lo que quedó trunco, respecto a la colegiación y certificación, refiriéndose a la iniciativa de Ley General de la Abogacía.
De lo que exponen, tanto el Dr. Cruz Barney, como el Dr. Huerta Psihas, así como legisladores que intervinieron en las señaladas audiencias, la problemática que vive la abogacía nacional, está igual -el cambio vendría a partir de que se aprobaran las iniciativas-, es decir, cargamos los más de 300.000 titulados en Derecho en Méx., un desprestigio ya inconcebible, el dicho es, “pagan justos por pecadores”, siendo promotores y defensores naturales de la justicia, de una cultura de la legalidad, del respeto a los derechos humanos, del combate a la corrupción, y de la exigencia para la rendición de cuentas, de todos los funcionarios públicos, debiendo de responder con toda atingencia, eficacia, y eficiencia, al fortalecimiento del Estado de Derecho, concepto éste que aprovecho para proponer que revisemos, pues estimo que está rebasado desde la Constitución de Weimar, de 1848, cuando contemplaba al estado alemán, como de Derecho, social y democrático -claro dentro de un modelo político distinto al nuestro-, sugiriendo también su servidor, que además se le agregue lo de “ético” planteamiento que formulo en mi libro, Ética, Derecho y Política; Ed. PACJ, Méx., 2012, 230p.
A nada de lo que expusieron en aquel momento, los Dres. Cruz, y Huerta, estamos respondiendo, incumpliendo, como diserta el primero de ellos, con las normas deontológicas que deben de regir nuestra conducta profesional, habiendo entrado, desde hace ya años -tal vez desde los 80´s-, en un proceso de estancamiento, o hasta retroceso, en la atención a parte filosófica, de una de las más nobles profesiones como lo es la abogacía.
En lo que concierne al asunto del estado -la SEP-, de a qué instituciones se autoriza que impartan la carrera de Derecho, se advierte entera flexibilidad a no revisar rigurosamente las solicitudes, en cuanto a plan de estudios, perfil de profesores, instalaciones, incidencia en el sector de la abogacía; incluso a la oferta posible de trabajo. El desempleo y subempleo en nuestro gremio, es fuerte, creo que en buena medida, por el bajo crecimiento económico del país -con el actual gob., calificadoras y otras instituciones, pronostican un 1%, o menos-; totalmente paupérrimo, lo que impacta, sin duda, en la escasez de clientela para el abogado, o hay, pero con nula o poca capacidad para cubrir honorarios.
En otra vertiente del problema, las escuelas “patito” -todavía califico a otras como “pato purific”-, son un serio obstáculo para el rescate del nivel académico y profesional de la abogacía, escuelas que seguramente consiguen la autorización para funcionar, por la vía de la corrupción.
Algo más primordial, que requiere el abogado del S. XXI: contar con una formación global, de modo que pueda incursionar en cualquier sistema jurídico, teniendo las herramientas necesarias, cognoscitivas y prácticas, así como idiomas, manejo de medios tecnológicos, y siquiera información básica del Derecho Comparado, frente a un mundo jurídico en proceso de creciente digitalización, aspecto que FOROJURIDICO ha estado difundiendo fuertemente, a través de algunos de sus columnistas, y organizando eventos con esa temática.
Recordando uno de los Mandamientos del Abogado, el I, de Eduardo Juan Couture Etcheverry, jurista uruguayo: Estudia. El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada dia un poco menos Abogado. Reaplicándolo a lo actual: Si no te modernizas tecnológicamente, serás cada vez también menos. Y uno que no está colegiado, certificado, nada tiene qué hacer fuera de México, más que ir de compras, negocios, o de placer. Para mí, desde el TLC, se tornó forzoso adentrarse al modelo anglosajón -el de EE.UU, y Canadá-, que en tanto adoptado de Inglaterra, permitiría conocer el de este país y el de otros.
Finalmente, el nuevo sistema de justicia, y la legislación procedimental que lo regula, exige también condiciones antes innecesarias: haber llevado cursos sobre el sistema, los cuales fortalecen o dan habilidades para la argumentación, la que sin aptitudes para la exposición oral, tampoco garantiza representar con eficacia, los intereses que defendemos.
