A días de terminar el periodo ordinario de sesiones, legisladores de oposición ratificaron la solicitud de juicio político que un día antes habían interpuesto contra el exministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al acusarlo de presuntamente haber cometido delitos como cohecho, desvío de recursos, abuso de funciones y enriquecimiento oculto, buscando inhabilitar a Zaldívar como servidor público hasta 20 años.
Esta solicitud se basa en la investigación que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación al haber admitido el pasado 9 de abril una denuncia anónima presentada al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) donde se detalla un presunto esquema liderado por el expresidente de la SCJN y el exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, para influir en decisiones judiciales a favor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de intereses personales. La denuncia, confirmada como auténtica por fuentes de alto nivel, describe acciones para presionar, intimidar y extorsionar a jueces y magistrados. Las acusaciones incluyen falta de profesionalismo, violencia sexual, cohecho, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito.
Las acusaciones presentadas podrían constituir violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, especialmente si se demuestra que Zaldívar presionó a jueces y magistrados para influir en decisiones judiciales a favor del gobierno. De admitirse la solicitud se tendría que determinar la veracidad de las acusaciones y la posible responsabilidad de Zaldívar.
La acusación sugiere una cercanía entre Zaldívar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldada por declaraciones públicas del propio presidente. En febrero el mandatario confesaba que el exministro Arturo Zaldívar influía en decisiones judiciales, intervenía ante los jueces para advertirles sobre ciertos casos de interés para el gobierno. En la lógica del mandatario, Zaldívar ayudaba a proteger a los ciudadanos ante el crimen, mientras que la actual ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha permitido que los jueces actúen de manera irregular.
Ante las acusaciones, el exministro acusó a Norma Piña de actuar arbitrariamente, “me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T, una cuestión de tratar de desprestigiar”. Días después, respaldado por el presidente de Morena, anunció que interpondría una serie de acciones legales contra la ministra presidenta de la Corte “por la probable comisión del delito en contra de administración de justicia, porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo”.
Mientras que la reacción del oficialismo ha sido contraria a su principio de honestidad, transparencia y al combate a la corrupción, al descalificar en automático las acusaciones, pudiendo dar paso a la investigación y así deslindar responsabilidades. No obstante, al defender al exministro, con el temor de que perjudique la campaña de Claudia Sheinbaum, han cerrado filas y acordado su postura: es una venganza en contra de Zaldívar.
Aunque apoya al exministro, López Obrador declaró no estar a favor de enjuiciar a la ministra presidenta, desde ese momento, Zaldívar se ha visto alejado de la polémica, tampoco se ha visto tan cercano a la campaña de Claudia, y es que el costo político que les representa es mayor a lo que el exministro ahora puede aportar al ya no ser una pieza clave como cuando era ministro presidente de la Corte.
Las acusaciones de presiones para influir en decisiones judiciales importantes sugieren un intento de politización de la justicia y una violación a la independencia judicial; mientras que el uso de la justicia para perseguir políticamente a opositores plantea serias preocupaciones sobre el estado de derecho y los derechos políticos en México y perpetúan el abuso de poder, incluso socava la credibilidad del gobierno. En definitiva, de una u otra manera se debe esclarecer el caso, representaría de manera histórica un verdadero avance en el combate a la corrupción, así como la voluntad de reformar al Poder Judicial, reestablecer la confianza en el sistema judicial y en la capacidad del Estado para garantizar un proceso judicial imparcial.