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Los Jóvenes Cautivos y el SARS-CoV-2

En la Opinión De

“Se deben buscar alternativas a efecto de evitar que la contingencia sanitaria que prevalece actualmente en México (y en el mundo) se sume a las situaciones de vulnerabilidad que convergen en la vida de las personas adolescentes privadas de su libertad.”

En México existen 45 Centros de internamiento para adolescentes que cometen delitos, cuya situación de vulnerabilidad se ha agudizado por el SARS-CoV-2.

Introducción

Antes de iniciar con la exposición sobre la necesidad de una renovación de la investigación con jóvenes en contextos de crisis como lo es el internamiento derivado de un proceso penal, resulta pertinente señalar cómo es que una persona joven llega a ser internada a causa de un proceso penal.

Desde el año 2016, en México se aplica la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes[1] que se aplica a las personas que tienen entre 12 y 17 años de edad que son imputadas, procesadas y sentenciada por la comisión de un delito.[2] El proceso penal para adolescentes y las etapas en las que se divide: de investigación, intermedia y de juicio oral.[3] Este sistema de justicia penal tiene una naturaleza penal, sin embargo, aplica principios y fines específicos en razón de las personas a quienes se aplica, “las personas adolescentes”.[4]

La referida legislación prevé la posibilidad de imponer como medida cautelar y sancionadora el internamiento.[5] La primera se impone a las personas sujetas a un proceso y la segunda a quienes han sido encontrados responsables de la conducta delictiva. La aplicación del internamiento tiene las siguientes precisiones: no se puede imponer a jóvenes menores de catorce años, se debe aplicar como último recurso (cuando se haya estudiado y descartado la aplicación de las otras opciones en libertad) y por el menor tiempo posible. 

“La aplicación del internamiento tiene las siguientes precisiones: no se puede imponer a jóvenes menores de catorce años, se debe aplicar como último recurso (cuando se haya estudiado y descartado la aplicación de las otras opciones en libertad) y por el menor tiempo posible.”

La finalidad establecida para el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes es la reinserción social[6] y reintegración del menor a su familia[7] los medios para conseguir estos fines son (artículos18 Constitucional, 154 y 153 LNSIJPA):

  • Garantizar el cumplimiento de sus derechos.
  • Posibilitar su desarrollo personal, a través de la educación (académica y de algún oficio), del arte, el deporte y la salud, además del fomento de los vínculos con el exterior y redes de apoyo.
  • Escuchar, tomar en cuenta su opinión y fomentar su participación activa en la elaboración y ejecución de su Plan Individualizado de Actividades.
  • Minimizar los efectos negativos que la medida de sanción pudiera tener en su vida futura.[8]

Durante el cumplimiento de la medida de internamiento (cautelar-sanción) las y los jóvenes quedan bajo la tutela del Estado por lo que sus necesidades deben ser cubiertas por los órganos del Estado (salud, alimentación, educación, recreación, etcétera). Asimismo, en este período participan los Equipos Técnicos (grupo de interdisciplinario de especialistas en medicina, psicología, trabajado social y pedagogía).[9]

Estos equipos técnicos desarrollan un Plan de Actividades en el caso de la medida cautelar y un Programa Individualizado de Ejecución de Medida cuando se trata de una medida sancionadora. Estos documentos son una descripción detallada de las actividades que realizarán las y los jóvenes durante la medida, se refieren a ámbitos personal, familiar, social, educativo, social, formativo e incluso laboral.

Resulta pertinente también señalar que este sistema especial de justicia debe tener en consideración los principios establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre los que resaltan: interés superior de la niñez, especialidad y no discriminación; así como los derechos específicos de los cuales destacan: a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y de prioridad.

“Este sistema especial de justicia debe tener en consideración los principios establecidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre los que resaltan: interés superior de la niñez, especialidad y no discriminación; así como los derechos específicos de los cuales destacan: a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y de prioridad.”

De acuerdo con el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México 2019 existen 45 centros de internamiento para adolescentes, 6 son exclusivos para varones, 4 para mujeres y 35 mixtos; en los cuales se encuentran 1,445 adolescente internos, 86% varones y 14% mujeres; mientras que 431 se encuentran en internamiento cautelar y 1,014 en internamiento como medida sancionadora.

La Contingencia sanitaria como situación de vulnerabilidad de los jóvenes privados de la libertad

Una vez sentado el marco jurídico que lleva al internamiento de las y los jóvenes en México, es procedente hablar sobre quienes son las y los adolescentes. Tomando en consideración la LNSIJPA, adolescentes son las personas menores de edad entre 12 y 17 años de edad que se encuentran en un proceso mediante el cual el ser humano adquiere habilidades y herramientas, físicas, psicológicas, cognoscitivas y sociales, para ajustar su comportamiento a los parámetros socialmente establecidos (Berger y Lukmann, 2003: 20; Cruz, 2011: 204).[10]

Es posible, con base en lo anterior, determinar por lo menos una característica recurrente en la gran mayoría de los casos que son sometidos al sistema legal. Pues son los adolescentes pertenecientes a la clase baja[11] quienes tienen mayor probabilidad de ser investigados por sospechosas, de permanecer en internamiento, ser llevada a juicio, ser hallados culpables y recibir un castigo severo, que cualquiera de las otras clases sociales. De acuerdo con Ramírez Salazar, esta relación entre delito y pobreza puede explicarse de las otras situaciones de vulnerabilidad que conviven con la pobreza: desempleo-subempleo, marginación, hacinamiento, violencia, contacto con el tráfico de drogas, entre otros.[12]

Así pues, se puede concluir que las personas jóvenes internas por la comisión de un delito se encuentran en diversas situaciones de vulnerabilidad que inicia con su propia edad[13] y las cuales se yuxtaponen. Pues la privación de la libertad es en sí misma una situación de vulnerabilidad, pues se depende del todo de las reglas del Centro, del personal y del presupuesto con el que cuente dicha institución (mismas que varían en cada entidad federativa). Además se deben considerar las cuestiones relativas al impacto psicológico y psicosocial que tiene el internamiento en la persona privada de la libertad.

Desafortunadamente la contingencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2 (Diario Oficial de la Federación, 26 de marzo de 2020) aumenta el grado de vulnerabilidad de las personas internas en un centro especializado para adolescentes. Dentro de las medidas para afrontar la contingencia sanitaria se encuentra la disminución de movilidad (Quédate en casa) y con ello las dependencias encargadas de los centros de internamiento limitaron e incluso anularon las visitas por parte de familiares de las personas adolescente privadas de la libertad, lo mismo con las actividades educativas, deportivas, culturales y de recreación.

“Dentro de las medidas para afrontar la contingencia sanitaria se encuentra la disminución de movilidad y con ello las dependencias encargadas de los centros de internamiento limitaron e incluso anularon las visitas por parte de familiares de las personas adolescente privadas de la libertad, lo mismo con las actividades educativas, deportivas, culturales y de recreación.”

Lo anterior incide en el bienestar de esta población, pues el aumento del aislamiento y la incertidumbre respecto de lo que ocurre con sus familias y, en general, en el exterior puede generar ansiedad, estrés, miedo, frustración, etc.

Por lo anterior, considero fundamental la construcción de una epistemología que tenga en consideración que las personas jóvenes que comenten delitos y, en específico, quienes se encuentran privados de su libertad son personas en desarrollo y en situaciones en las que convergen varios factores de vulnerabilidad. Ello con la finalidad de cumplir el objetivo y fin de la justicia penal para adolescentes, la reintegración familiar y social. De esta manera, se permitirá crear formas de intervención que atiendan las situaciones especiales de cada persona adolescente privada de su libertad, por ejemplo:

  • Promover la convivencia virtual con sus familiares
  • Implementar jornadas de información (preguntas y respuestas) respecto a la contingencia
  • Promover actividades educativas, deportivas y culturales (atendiendo a las medidas de salud) tales como la organización de horarios para evitar el hacinamiento en los espacios comunes, promover la educación a distancia (virtual) o de manera individual; proyección de eventos culturales de manera virtual, etcétera.

Reflexión final

Las y los operadores del sistema de justicia penal en México deben tener en consideración que la población con la que trabajan tiene necesidades específicas en virtud de su condición de personas en desarrollo. Se deben buscar alternativas a efecto de evitar que la contingencia sanitaria que prevalece actualmente en México (y en el mundo) se sume a las situaciones de vulnerabilidad que convergen en la vida de las personas adolescentes privadas de su libertad. Estas medidas y consideraciones deben mantenerse no solo en la contingencia, sino durante todo el tiempo en que el Estado intervenga con los jóvenes, el sistema de justicia penal es una oportunidad del Estado para brindar a los jóvenes una experiencia de legalidad, atender situaciones de vulnerabilidad y respetar los derechos humanos de esta población.


[1] La Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes (16 de junio de 2016), que creó un sistema único de aplicación en todo el país, ya que anteriormente se contaba con 32 leyes especializadas.

[2] Los delitos por lo que se puede investigar, procesar y sentenciar a una persona adolescente son los contenidos en los Códigos Penales y las Leyes especiales. J. Díaz-Maroto et. al. Comentarios a la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Navarra, España, Thomson-Aranzadi, p. 63.

[3] M. A. Ruiz. Derecho procesal penal acusatorio. México, Flores, 2015, pp. 45-48.

[4] En México se utiliza el concepto adolescente con la finalidad de retomar las cualidades específicas de las personas que se encuentran en esa etapa del ciclo vital, partiendo de su calidad de personas en desarrollo, propio de la medicina y la psicología, propia de las sociedades occidentales posindustriales. Partiendo de dos premisas: 1. Los menores de edad (NNA) son personas que se encuentran en un proceso de desarrollo; 2. Los menores de edad (NNA) gozan de todos los derechos humanos reconocidos a las personas mayores de edad; al reconocer que las personas menores de edad se encuentran en un proceso de desarrollo se reconoce que sus necesidades son diferentes a las personas adultas por lo que requieren una esfera jurídica mayor (protección reforzada).

[5] J. A. Gutiérrez. El proceso penal acusatorio para adolescentes. México, Flores, 2014, p. 139.

[6] Artículo 40.1, CDN y artículo. 18 CPEUM. S. García. Justicia penal. México: Porrúa, 1998, p. 25.

[7] A. Flores. La justicia para adolescentes, un contraste con la realidad en los centros de reclusión, en Adolescentes en conflicto con la ley ¿Lo residual del sistema? México, INDESOL, 2002, p. 373.

[8] J. L. Díez. “El derecho penal simbólico y los efectos de la pena”. En L. Arroyo y U. Neumann, coordinadores. Crítica y justificación del derecho penal en el cambio de siglo. Cuenca, España, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003, pp. 161-162.

[9] Idealmente, aunque desafortunadamente en la mayoría de las ocasiones se impone la falta de personal.

[10] P. Berger y TH. Lukmman. La construcción social de la realidad. Argentina, Amorrotu, 2003, p. 20. B. Cruz Márquez. “Presupuestos de la responsabilidad penal del menor: una necesaria revisión desde la perspectiva adolescente”. AFDUAM 15, pp. 241-269, 2011.

[11] F. Feldman. Comportamiento criminal: un análisis psicológico. México, FCE, 1989, p. 114.

[12] J. C. Ramírez. Introducción a la justicia penal para adolescentes. México, Flores, 2016, p. 212.

[13] Regla 2 de la sección segunda de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

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