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Legislar sobre tumbas: Por qué la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño del delito de feminicidio fracasará sin presupuesto y una intervención temprana

Un caso paradigmático, como muchos otros, desmonta la falacia legislativa que pretende erradicar el feminicidio mediante el endurecimiento de las penas. Mientras los congresos simulan justicia aumentando los años de prisión sobre delitos ya consumados, la realidad en toda la República Mexicana demuestra que la impunidad se alimenta de la inacción, la falta de empatía y la negligencia ministerial en las etapas tempranas de la violencia. A través del análisis del caso Mariana Lima Buendía como pilar jurisprudencial y la alarmante cifra negra nacional, se demuestra que la única prevención real es la intervención inmediata y especializada de la autoridad; legislar el aumento de la punibilidad sin reformar de raíz las fiscalías no es justicia, es demagogia penal.

El caso de Mariana Lima Buendía sucedió en junio de 2010: una joven de 29 años de edad, abogada, fue hallada sin vida en su domicilio en Chimalhuacán, Estado de México. Su esposo, Julio César Hernández Ballinas, quien para ese momento se desempeñaba como comandante de la Policía Judicial de la entidad, afirmó inmediatamente a las autoridades que Mariana se había suicidado (consulta: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF). Para aquel entonces, la Procuraduría de Justicia del Estado de México decidió cerrar el caso: el 9 de septiembre de 2011, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa.

Fue Irinea Buendía, madre de Mariana, quien en su declaración manifestó a las autoridades que su hija, un día antes de su muerte, le había confesado los episodios de violencia que vivía con su esposo —las agresiones verbales y físicas—, que incluso él la había acusado de robarle dinero y que esta vez estaba decidida a dejarlo. Sin embargo, el 29 de junio de 2010, la llamada de Julio César Hernández Ballinas, cambió todo: fue él mismo quien le notificó que su hija se había suicidado.

Aun cuando se contaba con las declaraciones de la amiga de Mariana, su hermana y su madre, entre otros actos de investigación —que no fueron realizados con la debida diligencia—, estos hechos fueron dados por ciertos, teniendo como resultado el trágico “suicidio” de Mariana.

Tuvo que transcurrir una batalla legal de un lustro para que, el 25 de marzo de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictara la histórica sentencia del Amparo en Revisión 554/2013. El máximo tribunal ordenó reabrir el caso y determinó un estándar obligatorio para todo el país: toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada desde el primer momento, y de forma obligatoria, bajo la hipótesis de feminicidio.Cuando la investigación finalmente se realizó con perspectiva de género y rigor científico, la verdad emergió: Mariana no se había suicidado, había sido asesinada.

Es importante mencionar que, sin la lucha y el esfuerzo de la señora Buendíay el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el caso de Mariana no habría llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (véase la sentencia completa: http://alertadegeneroedomex.com/descargas/documentos/feminicidio/Sentencia%20Caso%20Mariana%20Lima.pdf).

Para comprender la problemática actual, es indispensable revisar el origen del tipo penal.

El término «feminicidio» fue introducido en el debate público mexicano por la antropóloga Marcela Lagarde, quien adaptó el concepto anglosajón femicide (de Diana Russell) para sumarle una dimensión política crucial: la responsabilidad y la omisión del Estado ante la violencia sistemática contra las mujeres.

Es importante señalar que dentro del marco normativo existen tres momentos de evolución importantes y clave:

El primero de ellos: la sentencia de Campo Algodonero (2009). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado mexicano por la falta de debida diligencia en la investigación de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, sentando las bases obligatorias para la creación de protocolos con perspectiva de género.

El segundo: la tipificación federal (2012). Se incorporó el artículo 325 al Código Penal Federal, definiendo el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género y listando las circunstancias objetivas para su acreditación. Por último, el proceso de homologación nacional (2026). Tras años de fragmentación, en los que cada estado sancionaba y acreditaba el delito de forma distinta, las reformas recientes apuntalan la creación de una Ley General en Materia de Feminicidio para unificar criterios procesales, periciales y punitivos en toda la República Mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional el 31 de marzo de 2026 con el objetivo de facultar legalmente al Congreso para poder crear leyes nacionales unificadas.

La iniciativa específica —donde Sheinbaum aparece firmando el proyecto de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio— fue firmada y presentada públicamente el 15 de julio de 2026 durante su conferencia matutina. El documento fue recibido formalmente por la Comisión Permanente del Congreso el 22 de julio de 2026.

Tras la recepción de la Ley General en julio, el Congreso abrió el periodo ordinario en septiembre y convocó a foros nacionales de discusión durante el mes de octubre de 2026 (con participación de organismos de derechos humanos y comités de la ONU para afinar la redacción final). El proyecto de ley secundaria se encuentra bajo dictamen y análisis de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos del Senado.

La propuesta no solo se centra en la necesidad de homologar las razones de género, sino también en el reconocimiento de que las diversas manifestaciones de violencia feminicida que requieren respuestas institucionales diferenciadas son las ejercidas en contra de niñas y adolescentes, mujeres con discapacidad, de identidad indígena, entre otras.
De esta manera, el proyecto tiene por objeto establecer el tipo penal básico para el delito de feminicidio aplicable a toda la República, las sanciones, agravantes y la reparación integral del daño, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Establece las reglas, procedimientos y previsiones para la investigación, persecución, sanción, reparación integral del daño y ejecución penal del delito de feminicidio, y las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales que las autoridades deben implementar en sus ámbitos de competencia para la prevención efectiva del delito.
Plantea que comete delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género y se presente alguno de los supuestos siguientes: violencia sexual de cualquier tipo; signos de violencias o lesiones degradantes o infamantes, tales como ahorcamiento o ataques con ácido; o que exista entre el sujeto activo y la víctima una relación de pareja, sentimental o afectiva.

Impone una pena de prisión de cincuenta a setenta años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), e incrementa en una mitad esa pena por 19 agravantes, como que la víctima sea una menor de edad, una persona con discapacidad, esté embarazada, pertenezca a una comunidad indígena o se realicen actos que impidan la identificación de la víctima, entre otros.
Asimismo, el proyecto propone sanciones adicionales a la privación de la libertad a quienes cometan el delito de feminicidio, como la pérdida de la patria potestad respecto de los hijos en común y de los derechos sucesorios respecto de las propiedades, bienes y derechos de la víctima.

La legislación aún no se encuentra en vigor ni ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Se estima que quede firme a finales del periodo legislativo; lo que se tiene planeado es su publicación oficial y entrada en vigor para las conmemoraciones de los derechos de las mujeres.

Sin embargo, la erradicación y la prevención del feminicidio no dependen de la firma de una nueva Ley General, sino del actuar inmediato, eficaz y sin dilación en la primera línea de contacto. La violencia feminicida constituye un fenómeno estructural, alimentado por patrones de discriminación, desigualdad, violencia de género e impunidad. Rara vez ocurre en el vacío absoluto; casi invariablemente es el desenlace anunciado de una serie de agresiones previas: llamadas a los servicios de emergencia ignoradas, carpetas por violencia familiar archivadas bajo el velo de la conciliación doméstica, investigaciones deficientes, intervención de la autoridad de manera pasiva y poco empática, agentes del Ministerio Público faltos de conocimiento, con poca sensibilidad y escasa visibilización del riesgo, peritajes incapaces de determinar los alcances de la violencia y medidas de protección que reducen su existencia a un trozo de papel que el agresor rompe con total impunidad.

La propuesta resulta ambiciosa: contempla nuevas obligaciones para las fiscalías, penas de entre 50 y 70 años de prisión, agravantes y mecanismos de protección para víctimas de tentativa de feminicidio, además de registros nacionales relacionados con las víctimas y sus familias. El objetivo es reducir las diferencias entre las entidades y evitar que deficiencias en las investigaciones deriven en impunidad.

Lo que resulta interesante de la iniciativa presidencial de la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño del delito de feminicidio es el primer cuestionamiento a plantear: ¿habrá presupuesto en el gobierno para cumplir las nuevas obligaciones que plantea, entre muchas otras, fiscalías especializadas; personal forense capacitado, especializado y multidisciplinario para el análisis desde la perspectiva de género; capacitación para los agentes del Ministerio Público de primer contacto y para los que inician la carpeta de investigación, así como para la Policía de Investigación, y la creación de un registro nacional?

Ninguna política pública puede materializarse sin recursos que el Estado mexicano pueda erogar; para garantizar su efectividad, debe contar con el presupuesto necesario, ello desde una doble visión: en primer lugar, el derecho de las víctimas a sentirse protegidas y, en segundo lugar, que efectivamente pueda prevenir los feminicidios. Una política pública sin presupuesto etiquetado no es política pública: es demagogia legislativa y una simulación que cuesta vidas.

Y el segundo cuestionamiento, no menos importante: ¿la Ley General evitará actos de impunidad?, ¿el actuar de la autoridad será eficaz e inmediato?

La efectividad de la justicia se mide en horas, no en años de prisión. Un actuar inmediato y eficaz en las primeras 8 horas tras realizarse la denuncia por amenazas o lesiones severas interrumpe la escalada homicida. Por el contrario, la burocratización del peligro (hacer esperar a una mujer en riesgo durante seis horas para ser atendida, programar sus peritajes psicológicos para tres meses después o la larga espera para que un médico legista determine sus lesiones) le otorga al agresor el tiempo y la certeza de impunidad necesarios para consumar el crimen. Desde esta óptica, me parece que la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño del delito de feminicidio se creó al vapor; es decir, no surge de un análisis riguroso ni de las necesidades reales. La erradicación del feminicidio exige transitar hacia un modelo de justicia penal que penalice administrativamente tanto la inacción ministerial como la de peritos y policías de investigación en su intervención de primera línea, elevando dicha intervención a máxima prioridad, con empatía y debida diligencia desde la primera agresión, y con personal capaz de visibilizar las necesidades inmediatas. Mientras el Estado mexicano siga interviniendo de manera tardía, pasiva y carente de voluntad, y mantenga en la indigencia operativa a sus fiscalías, la impunidad seguirá siendo la norma y cualquier reforma legal no será más que una dolorosa “simulación”, porque hasta ahora las cifras arrojan datos que el Estado y las propias fiscalías disfrazan: una cifra negra respecto de la cual, para mayor referencia, basta con consultar el Informe de Violencia contra las Mujeres emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1020106/Info-delict-violencia_contra_las_mujeres_Ago26.pdf). Son cifras que, a decir verdad, van en aumento, y la idea de prevenir y erradicar el feminicidio cada día se vuelve más obsoleta y lejana; la violencia machista sigue ganando la batalla y liderando en todos los ámbitos (sociales, económicos, culturales, etc.), porque hasta este momento ni el extenso marco jurídico con el que cuenta el Estado mexicano ha permitido erradicar la violencia feminicida. ¿Podrá la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño del delito de feminicidio dar un resultado eficaz? El reto no es legislar con severidad sobre el cadáver de la víctima; México no necesita más leyes que castiguen la muerte de una mujer víctima de violencia cuando el daño ya es irreversible. El reto inaplazable es llegar a tiempo, lo que significa aplicar con rigurosidad los estándares del precedente Mariana Lima Buendía; erradicar la ceguera y la inactividad ministerial, así como la de los primeros respondientes ante el auxilio de una víctima; aplicar medidas sancionadoras que inclusive culminen en cárcel para los servidores públicos que, por su inobservancia, omisión o negligencia, se vuelvan cómplices del silencioso agresor, así como su destitución inmediata del cargo, y, como ya lo señalé, contar con un presupuesto efectivo, traducido en recursos que no se limiten, porque la vida de cualquier persona, máxime la de una mujer o niña, merece atención. Mientras sigamos construyendo leyes de manera sistémica con la idea falaz de que a mayor pena se erradicará la violencia feminicida, seguiremos construyendo agresores en potencia. Mientras el aparato del Estado no intervenga a tiempo, el delito seguirá ocurriendo: el andamiaje jurídico actual es inoperante; legislar sobre el delito consumado sin garantizar una intervención pronta y con recursos no previene la violencia, sino que administra la tragedia.

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