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La inconstitucionalidad de las alertas migratorias

Podemos definir a las alertas migratorias como un mecanismo de control mediante el cual el Instituto Nacional de Migración (INM) o alguna otra autoridad señala a una persona como peligrosa o como un riesgo para la seguridad nacional y, como consecuencia, pasa a formar parte de una lista de control migratorio que se usa para negar el ingreso o la estancia de esa persona en el país.

Tener una alerta migratoria también representa la imposibilidad de realizar cualquier trámite migratorio, desde poder obtener un permiso de trabajo hasta la renovación de su estancia en territorio nacional.

Aunque las autoridades hacen uso de esta herramienta de forma continua, las alertas migratorias no se encuentran reguladas en ningún precepto legal y su alcance teórico solo nos refiere al Reglamento de la Ley de Migración.

En una clara imparcialidad y desigualdad frente a la ley, el Instituto Nacional de Migración cuenta con la substanciación, interposición y retiro de las alertas migratorias, sin embargo; estas se encuentran en una circular interna que solo el personal que labora en el Instituto conoce, pues se le ha dado el carácter de información reservada, situación que evidentemente viola los derechos humanos de las personas que forman parte de las listas de control migratorio.

En primer lugar, se violenta el derecho al acceso a la información, pues la persona a la que se le niega cualquier trámite migratorio o el ingreso al país, no tendrá acceso a saber la temporalidad, los motivos y los fundamentos que contempla la alerta emitida en su contra.

En segundo lugar, el principio de legalidad es flagrantemente violentado, pues como lo mencionamos, no existe una fundamentación ni motivación para emitir una alerta migratoria, pues la persona a la que se le etiqueta con la misma, no es en ningún momento notificada de dicha resolución y conoce de la misma hasta que intenta realizar un trámite migratorio o ingresar al país.  

En esta tesitura, cuando la persona solicita los motivos de la emisión, la autoridad migratoria le niega dicha información, por lo cual la deja en un estado de indefensión al no poder ofrecer pruebas o impugnar la resolución de acuerdo a las bases con las que se emitió.

El derecho a la unidad familiar y a recibir asilo también se ven transgredidos, ya que la alerta migratoria es una causal de negación de internación en el país. Al no poder defenderse de la resolución administrativa, no puede eliminarse el nombre de la lista de control migratorio, lo que ocasiona la separación de los niños y niñas de sus padres o madres, obligándolos a retornar a su país de origen, lo que ha llegado a representar un grave peligro para la persona con alerta y su familia.

Además, la emisión de las alertas migratorias ha ido en aumento en los últimos años. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) a junio del 2018, los hombres representaban el 88% de las personas en las listas de control migratorio, mientras que las mujeres el 12%. Sin embargo; el aumento en las mujeres y menores de edad ha sido notorio. El primer grupo, registró en 2017 su máximo con 5,003 mujeres, mientras que los menores de edad llegaron a registrar en un periodo de 2010 a 2018, 10,159 infantes con alerta, situación que expone un problema que debe ser atacado de fondo.

En reiteradas ocasiones, estas alertas migratorias son emitidas por el país que se ve directamente “afectado”, sin embargo; ante la situación económica y política actual, un tercer país puede solicitar a otro la emisión de las mismas para así negar el acceso a las personas migrantes y no verse inmiscuidos en temas migratorios que puedan afectar sus gestiones. Señalamos como ejemplo, la frontera sur de México, la cual ha servido durante los últimos años como primer control migratorio de Estados Unidos.

A pesar de que existen formas de combatir las alertas migratorias, no existe un cuerpo normativo que contemple todas las particularidades de la substanciación del proceso o que fundamente y motive la solicitud, emisión y retiro de las alertas migratorias, escenario que vulnera los derechos humanos de las personas al dejarlas en un claro estado de indefensión.

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